Los correos que complican a la Jefa Jurídica del Serviu querellada por falsificación y prevaricación en reconstrucción de El Olivar

Un extenso y detallado correo electrónico, que da cuenta de todos los pasos ejecutados por la jefa jurídica del Serviu, Inés Pizarro Sandoval, para fundamentar la Resolución N° 3384 que instruyó a los vecinos poner término a sus contratos de construcción de 356 casas del plan de reconstrucción en El Olivar, parte alta de Viña del Mar, es parte de los nuevos antecedentes que fundamentan la querella criminal que busca perseguir la responsabilidad legal de altas autoridades del Ministerio de Vivienda en este conflicto.

El nombre de la jefa jurídica del Serviu se incluyó en la ampliación de querella ingresada al Juzgado de Garantía de Viña del Mar, por los delitos de falsificación ideológica de instrumento público, uso malicioso de instrumento público falso y prevaricación administrativa. Esta ampliación forma parte de la querella criminal presentada por la entidad patrocinante Social Arquitectura el pasado 5 de junio en contra del ministro Iván Poduje; el seremi de Vivienda, Marcelo Ruiz; y el director (s) del Serviu Valparaíso, Rodrigo Muñoz, en el marco de la abrupta paralización de las obras de reconstrucción en El Olivar, acción que ha derivado en numerosas querellas, recursos de protección y demandas civiles en contra de las autoridades de la cartera.

​Según se desprende de los nuevos antecedentes, la Jefa del Departamento Jurídico del Serviu, cuyo rol es ser garante de la legalidad de los actos del servicio, tuvo una activa participación en la producción de los antecedentes necesarios para respaldar la resolución por la cual se puso fin a los contratos, que a juicio de los querellantes es “manifiestamente injusta e ideológicamente falsa”.

En un extenso correo electrónico que los Fiscalizadores de Obra (FTO) del Serviu envían el 16 de abril a su superior directo, con copia a la Asociación de Funcionarios, se detallarían todas las acciones emprendidas por la jefa jurídica entre el 9 y el 13 de abril, las que incluyen instrucciones para redactar informes técnicos con contenido predeterminado desde el Minvu, presiones y amenazas de sumarios en caso de no firmar y, en definitiva, “todos los actos necesarios para falsificar ideológicamente la Resolución N° 3384 de 2026, suscrita por el Director (S) del Serviu, y para falsificar materialmente sus antecedentes de respaldo”.  

LA PRIMERA INSTRUCCIÓN

Según se explica en la querella, el Departamento Jurídico del servicio debía dictar una resolución para decretar el término anticipado de los contratos de Social Arquitectura y la constructora San Sebastián. Para ello, según la cláusula 17° del inciso 2° del contrato de construcción, debía contar con informes de los Fiscalizadores Técnicos de Obra (FTO) que afirmaran haber detectado “graves fallas constructivas” en las obras de El Olivar. Pero estos informes no existían por lo que, según se evidencia en la querella, la Jefa Jurídica del servicio presionó a los inspectores para que produjeran dichos informes, a través de diversos correos electrónicos y reuniones presenciales.

En el primero de estos correos, enviado el 9 de abril -es decir, 15 días después de paralizadas las obras mediante oficio ordinario N° 245 dictado por el ministro Poduje-, Inés Pizarro ordena a los inspectores que “en calidad de FTO deberá emitir un informe técnico basado en el informe emitido por la Ditec y en el oficio instruido por el ministro que ordena la paralización de las obras, dando cuenta que las obras se paralizan debido a la falsedad y a la deficiencia en la materialidad de la construcción”. Al final de su correo, exige que “estas tareas deben ser realizadas durante la jornada de la mañana ya que, en la jornada de tarde, como jurídico debemos tener las resoluciones dictadas, firmadas y numeradas".

Durante ese día, los inspectores redactaron un borrador de informe, el que fue reiteradamente rechazado, según consta en correo electrónico enviado desde el Departamento Jurídico a las 17.56 horas del día 9 de abril.

Sin embargo, al finalizar esa jornada, a las 18:51 horas se emitió la polémica resolución N° 3384, firmada por el director del Serviu y redactada por la Jefa Jurídica, la cual señala que los “Fiscalizadores Técnicos de Obra han emitido diversos informes técnicos que dan cuenta de la existencia de graves fallas constructivas (…) todos ellos del día 9 de abril de 2026”. Este hecho sería absolutamente falso, pues no se contaba con los informes técnicos que avalaran dicha resolución.

“NO ESTAMOS DE ACUERDO”

A partir del día siguiente, 10 de abril, habrían comenzado una serie de presiones hacia los FTO para que emitieran informes con contenido ideológicamente falso y antedatados, “hechos en los que participó directamente la querellada Pizarro Sandoval, presionando, redactando informes y finalmente obteniendo que se emitieran antedatados”, señala la querella.

Esta situación queda ampliamente descrita en el correo electrónico que los FTO envían el 16 de abril a su superior directo, con copia a la Asociación de Funcionarios, donde se describe en detalle el proceder de la Jefa Jurídica durante los días posteriores a dictada la resolución que puso fin a los contratos sin sustento legal.

En este correo, los ITO señalan que “el día 10 de abril se nos remite correo para que como FTO elaboremos informe técnico, adjuntando la resolución, la cual en sus considerandos 4 y 5, se indica que como FTO hemos elaborado diversos informes detectando graves fallas constructivas. A esa fecha como FTO no he realizado ningún informe que contenga o evidencie graves fallas constructivas. Además, en correo de la jefa de jurídico del día 9 de abril, se indica el contenido que debiesen tener estos informes, indicando en forma textual ‘1. Al equipo de supervisores: En calidad de FTO deberá emitir un informe técnico basado en el informe emitido por la Ditec y en el oficio instruido por el ministro que ordena la paralización de las obras, dando cuenta que las obras se paralizan debido a la falsedad y a la deficiencia en la materialidad de la construcción’”.

La preocupación de los funcionarios ante esta irregularidad es evidente. Así lo manifiestan en el mismo correo: “El inducir una respuesta técnica a un FTO es una falta administrativa, dado que la responsabilidad y competencias del Fiscalizador de obras se enmarca en verificar que el proyecto se ejecute de acuerdo a lo aprobado por evaluación Serviu, y no validar cálculos de ingeniería”.

El correo agrega que “este mismo día 10, en una reunión entre los supervisores, su jefatura directa y la jefa de jurídico, informamos lo irregular de la resolución, y que no estábamos de acuerdo en elaborar un informe en el tenor de lo instruido. Jefa de Jurídico se comprometió a rectificar la resolución o de dejarla sin efecto”.

Producto de esta protesta, se coordina una reunión con el director del Serviu para el lunes 13, donde “nos reunimos con el director, la asociación de funcionarios, Contraloría interna, jefa (s) del técnico, jefa de vivienda, jefa de jurídico, y los supervisores de vivienda Serviu, donde presentamos lo irregular del proceso, señalando que sí haríamos un informe de FTO, pero que debería ser de acuerdo a nuestras competencias técnicas y administrativas y lo que tenemos es documentación en forma preliminar y/o definitivo. Asesor legal de dirección presenta propuesta de hacer el informe considerando solo la instrucción del Ministro. Ante esto, solicitamos que la resolución fuese rectificada en las partes que indica el tenor de nuestros informes. Como supervisores, elaboramos un borrador de informe de acuerdo al estado actual de los proyectos y el jefe de supervisión lo remitió a la jefa de jurídico”.

En horas de la tarde, los ITO fueron citados por la jefa del Departamento Técnico y la Jefa de Vivienda “para revisar el informe, indicando que debiese tener fecha del día 9 de abril, para dar validez a la resolución, y que debiese ser modificado su contenido. Nuestra exigencia fue que se realizara una nueva resolución para que tanto el informe como la resolución quedaran con la misma fecha que se realizó, siendo el día 13 de abril”.

SUMARIO

Tal como se desprende del correo electrónico enviado por los inspectores, sus observaciones no fueron tomadas en cuenta, manteniéndose la decisión previa de dictar la resolución, bajo amenazas de sumario si no suscribían el informe.

“Al final de la jornada laboral, cerca de las 17:30 horas, fuimos citados a dirección para ver contenido del informe propuesto, donde nos dicen que debe ser modificado, solo indicando la instrucción del ministro de paralizar las obras, sin añadir nuestras consideraciones técnicas en relación a los informes R1 y R2 de la Ditec que son de carácter preliminares. Ya al final de la reunión, nos indica que la Dijur remitió Resolución en borrador que en caso que los Fiscalizadores de obras no suscribieran los informes, el director debería hacerlo, y se procedería conforme a lo que establece el art. 61 letra f) del estatuto administrativo. Posterior a esto, el director recibe la llamada de la subsecretaria solicitando que los informes fuesen remitidos en 5 minutos, firmados por los supervisores o en caso contrario serían firmados por él, teniendo como consecuencia de esto el sumario a los supervisores por no obedecer órdenes dadas por el superior jerárquico”.

Ante esta presión y amenaza, los funcionarios señalan que “no tuvimos otra opción que subir a nuestra oficina y hacer los informes de acuerdo a lo indicado por la jefa de jurídico, eliminando nuestras conclusiones técnicas como fiscalizadores de obra de los proyectos de reconstrucción y dejando fecha de emisión el día jueves 9 de abril. En el proceso de elaboración que creemos que fue forzada, estaba presente el Seremi de vivienda de Valparaíso, el director Serviu de Valparaíso, la jefa de jurídico, la jefa del departamento técnico y la jafa de vivienda, junto con el jefe de supervisión y la asociación de funcionarios”.

REUNIÓN

El día 15 de abril se realizó una nueva reunión con distintas jefaturas del Serviu, un psicólogo del servicio y esta vez representantes de la Asociación de Funcionarios, que hasta el momento no habían sido convocados. “Una vez en la reunión, la jefa (s) del departamento técnico nos informa que ésta se citó para explicar lo acontecido el día lunes 13 de abril, de las circunstancias que se dieron para que los Supervisores firmaran el informe con el contenido de acuerdo a lo indicado por jurídico y no de acuerdo a lo realizado por nosotros, con fecha del jueves 09-04-2026. Luego nos comunica que la Jefa del Depto. Jurídico informó que la Resolución N°3384 no va a ser rectificada, ni modificada de acuerdo a lo informado por Nivel central y Seremi. Ante lo cual los Supervisores expusimos nuestro malestar, porque eso no fue lo acordado en la reunión del lunes 13-04-2026 según acta suscrita por todos los asistentes. En virtud de lo anterior, y por la falta de cumplimientos de acuerdos, es por ello que señalamos que ‘NO vamos a asistir a ninguna reunión con la Jefatura de Serviu para hablar de este tema’, sin tener presente a un representante de la Asociación de funcionarios, dado la gravedad de lo ocurrido. Para mayor respaldo, la asociación dejó acta de lo conversado”.

En un último correo enviado el 15 de abril por la tarde, “tanto la jefatura de sección vivienda como la jefa (s) del técnico enviaron correo solicitando estado de la modificación acordada el día lunes 13 de abril de la resolución exenta, la cual, en los considerando 4 y 5 contiene información que no es real, y que induce el contenido de nuestros informes, y como consecuencia, sirvió para fundar la instrucción en el resuelvo N°2 para dar término anticipado de los contratos. A modo de conclusión, reiterar que siempre estuvo la disposición de realizar el informe FTO requerido, conforme al estado real de los proyectos.”

QUERELLA

Según exponen los querellantes, “el correo es elocuente y preciso en señalar como desde el día 9 se les instruye por parte de la querellada Pizarro Sandoval a hacer informes cuyo contenido no es real; luego, cómo continúa la situación el día 10, donde conocen de la dictación de la Resolución 3384 cuyo contenido es falso, y cómo finalmente bajo presiones de sumario administrativo terminan emitiendo informes antedatados y cuyo contenido no redactan ellos, sino Pizarro Sandoval, quien debido a la resistencia de los funcionarios desiste de introducir mayor contenido a los informes, eliminando la opinión técnica de los funcionarios, y sosteniendo solamente que las obras se paralizaron por orden del Ministro Poduje. Por otro lado, Pizarro Sandoval genera los informes antedatados, y se niega a cambiar la Resolución 3384 que contenía considerandos 4 y 5 falsos, aludiendo a informes que no existían, y usando esa falsedad para justificar fraudulentamente el término de los contratos”.

Finalmente sostienen que con esta información se procedió a engañar a los vecinos de El Olivar, que en gran número concurrieron a reuniones citadas por el Serviu en los días posteriores a la dictación de la Resolución N° 3384 para firmar el término de sus contratos con la Entidad Patrocinante Social Arquitectura y la Constructora San Sebastián y autorizar la demolición de las obras que habían sido ejecutadas a la fecha por ambas empresas.

“Utilizando un documento público revestido de la autoridad del Estado, que afirmaba falsamente que existían Informes Técnicos constatando ‘graves fallas constructivas’ que ponían en riesgo sus futuras casas, la administración engañó sistemáticamente a las familias damnificadas por el megaincendio. Provistos de esta resolución ideológicamente falsa y manifiestamente injusta, se citó a los vecinos a operativos en terreno para infundirles temor sobre la seguridad de sus viviendas. Bajo este engaño amparado institucionalmente, se coaccionó la voluntad de los beneficiarios para que firmaran las desvinculaciones contractuales con las empresas y, en muchos casos, autorizaran la demolición de sus hogares”, expone la querella.

PURANOTICIA