Su historial como arquitecto y/o asesor privado, además de integrar el Consejo de Concesiones del MOP, durante proyectos emblemáticos en Viña del Mar y Santiago, vuelve a quedar bajo escrutinio ante un eventual arribo de Poduje a un cargo de alta responsabilidad pública.
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La posible designación de Iván Poduje como Ministro de Vivienda y Urbanismo (o como Delegado Presidencial Regional de Valparaíso, tal como ha sonado durante estos días) en el próximo gabinete de José Antonio Kast ha reactivado los cuestionamientos respecto a su historial de "doble rol" en diversos proyectos, marcado por la superposición entre sus asesorías técnicas privadas y su influencia en decisiones públicas.
Su trayectoria profesional incluye diversos reparos por participar de manera simultánea como arquitecto e integrante del Consejo de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en proyectos clave de infraestructura del país, como Américo Vespucio Oriente (AVO), el fallido proyecto Margamar, en Viña del Mar; o el teleférico bicentenario.
Además, el arquitecto santiaguino que fracasara rotúndamente en su anhelo de convertirse en Alcalde de Viña el 2024 se encuentra bajo la lupa tras una demanda civil presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) el 2025, por el cobro de honorarios que el organismo considera indebidos durante su paso por la entidad, citando el incumplimiento de requisitos legales para ejercer el cargo en ciertos periodos.
Estos antecedentes –que pasaremos a detallar en los párrafos siguientes– plantean un complejo escenario ético y administrativo de cara a una eventual llegada suya a la cartera del Minvu o a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso.
La idea de proyecto Margamar comenzó el año 2002, promovida por la empresa canadiense Baird, que estimaba que la obra en el estero Marga Marga de Viña del Mar ayudaría a mitigar inundaciones y generar nuevo suelo urbano.
El proyecto fue declarado de interés público por el Ministerio de Obras Públicas y contó con una serie de estudios, los que finalmente costaron más de 3 millones de dólares al Estado, aunque nunca se ejecutó.
Iván Poduje estuvo involucrado en distintas etapas: primero como consultor para la firma canadiense y luego contratado por la Municipalidad de Viña del Mar durante la gestión de Virginia Reginato (con quien volvió a tener vínculos en su campaña a Alcalde de Viña) para aportar al diseño urbano, aunque sin licitación pública.
Y aunque Margamar nunca se concretó debido a su alto costo total (cercano a US$ 100 millones), luego se conoció que, además, el MOP determinó que el proyecto en la Ciudad Jardín requería un subsidio excesivo para avanzar, lo que también fue factor.
Pero los cuestionamientos por esta "doble militancia" volvieron cuando Poduje fue nombrado miembro del Consejo de Concesiones del MOP, entidad que autorizó un pago millonario a la empresa canadiense Baird por estudios que nunca se usaron, situación que ha generado una serie de reparos sobre las coincidencias en los tiempos.
Su actividad profesional también lo tuvo como parte del equipo que diseñó proyectos como Américo Vespucio Oriente (AVO), en la región Metropolitana, el cual definió medidas de mitigación para el túnel San Cristóbal y Américo Vespucio Sur.
En lo específico, a través de su oficina Atisba, Iván Poduje participó como consultor urbano en etapas del proyecto, especialmente en materias de integración urbana, diseño de superficie y mitigación del impacto vial del túnel AVO.
De igual forma, su rol estuvo vinculado a estudios y propuestas urbanísticas para el entorno del eje Américo Vespucio (Parque Vespucio, áreas verdes, bordes y conectividad), además de un férreo defensor público del proyecto.
Importante es tener en cuenta que el arquitecto ingresó al Consejo de Concesiones del MOP después de haber participado como consultor urbano del proyecto AVO, el cual ya estaba definido, licitado y en ejecución cuando formó parte de la entidad. No obstante, en actas oficiales de 2016, se registra su asistencia a sesiones donde se trataron temas específicos de AVO, como su modelo de negocio el 25 de mayo de 2016.
En ese mismo periodo, el arquitecto de profesión también realizaba exposiciones técnicas sobre los avances del proyecto como asesor del MOP y experto urbano, dualidad que nuevamente ha generado reparos sobre posibles conflictos de interés.
Los creadores y gestores del proyecto de teleférico bicentenario, durante el año 2015, contrataron a su oficina, Atisba, para que evaluara las alternativas de trazado y el diseño preliminar de las estaciones, conectando Providencia con Huechuraba.
Así es como Atisba comenzó a promover la iniciativa en la región Metropolitana, además de defender su viabilidad urbana ante diversas instancias, incluyendo la publicación de una serie de artículos y análisis de expertos que respaldaban su desarrollo.
Pero al igual que con el proyecto Américo Vespucio Oriente, Iván Poduje fue integrante del Consejo de Concesiones del MOP durante el periodo en que se licitó y adjudicó la concesión del Teleférico Bicentenario, situación que generó un escenario similar de superposición de roles, donde una obra en la que había trabajado privadamente era tratada en la entidad pública de la que formaba parte.
De hecho, en junio del año pasado, el profesional utilizó sus redes sociales para felicitar a los creadores del proyecto por los avances y la próxima puesta en marcha de las obras del teleférico, destacando la larga tramitación que debieron enfrentar.
En resumen, quien suena como Ministro de Vivienda y Urbanismo, pero también como Delegado Presidencial Regional de Valparaíso, estuvo involucrado en la génesis técnica y la promoción del proyecto desde el sector privado, mientras simultáneamente ocupaba un cargo en un consejo público que supervisaba este tipo de iniciativas.
Pero además, a raíz de su trabajo en el Consejo de Concesiones del MOP, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una demanda civil contra Iván Poduje, ex consejero de la entidad, exigiéndole que devolviera más de $12 millones al Fisco por pagos que recibió de forma indebida mientras integraba ese órgano.
El reclamo se basa en que el arquitecto no cumplía con el requisito legal de ser académico de una Facultad de Arquitectura durante al menos tres meses de 2020 (entre el 16 de julio y el 1 de octubre), periodo en el que participó en varias sesiones.
El CDE sostiene que esta situación detectada configura un "pago indebido", por el cual se debe restituir lo recibido, y con intereses. El demandando, por su parte, rechazó las acusaciones y argumentó que el trabajo fue realizado y que la demora en su contrato con otra universidad no afectó su derecho a percibir esos montos.
Asimismo, el excandidato a la Alcaldía de Viña del Mar rechazó la propuesta del Consejo de Defensa del Estado de devolver el dinero en cuotas sin intereses ni multas.
En este contexto, la posible llegada de Iván Poduje a un cargo de alta responsabilidad pública, ya sea en el Minvu o en la Delegación Presidencial Regional, vuelve a instalar el debate sobre los conflictos de interés y los estándares de probidad exigibles a quienes transitan entre el ámbito privado y la toma de decisiones estatales.
PURANOTICIA
