Un estudio de la Fundación Piensa y Pivotes analiza cinco iniciativas estratégicas de la región de Valparaíso y advierte que demoras, múltiples observaciones y alta carga administrativa del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental han extendido su tramitación por años.
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En una región marcada históricamente por grandes proyectos estratégicos que avanzan a paso extremadamente lento, el debate sobre la llamada “permisología” volvió a instalarse con fuerza en Valparaíso. En un escenario donde inversión, desarrollo y protección ambiental conviven en permanente tensión, la Fundación Piensa y el Centro de Incidencia Pública, Pivotes, presentaron un estudio que aborda esta problemática que, aseguran, está frenando iniciativas clave para el crecimiento regional.
El informe fue dado a conocer en un evento transmitido por Puranoticia.cl, instancia en la que se expusieron los efectos que tiene la rigidez del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en la ejecución de proyectos en la V Región. Entre sus principales conclusiones, advierten que el territorio enfrenta una creciente tensión entre desarrollo económico y regulación ambiental, afirmando que "los proyectos enfrentan demoras prolongadas, múltiples observaciones y una alta carga administrativa".
Para sustentar este diagnóstico, el estudio de Piensa y Pivotes realizó un análisis detallado de cinco iniciativas consideradas estratégicas para la región de Valparaíso: el Puerto Exterior de San Antonio; la extensión del Tren de Valparaíso a La Calera; el Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL); el desarrollo urbano habitacional Maratué de Puchuncaví; y los sondajes mineros de prefactibilidad Las Tejas.
Según el documento –al que accedió Puranoticia.cl– estos proyectos presentan, en promedio, la intervención de 18 organismos públicos y cuatro rondas de observaciones en el proceso de evaluación ambiental, lo que ha generado sucesivas suspensiones que, en total, han extendido la tramitación en 900 días adicionales.
A ello se suman los mecanismos de impugnación administrativa y judicial, que pueden prolongar los respectivos procesos por varios años más, configurando de esta manera –de acuerdo con el estudio en cuestión– un escenario de alta incertidumbre jurídica que termina desincentivando la inversión en proyectos considerados como clave para el desarrollo económico y social de la región de Valparaíso.
El proyecto consiste en la construcción y operación de dos terminales portuarios en la comuna de San Antonio, los cuales serán desarrollados en cinco fases de crecimiento operativo, las que en su conjunto llegarán a movilizar un total de carga mayoritariamente contenerizada de hasta 6 millones de TEU/año. Tiene como objetivo aumentar la capacidad de transferencia de carga de la zona central del país, permitiendo acrecentar el comercio exterior de Chile y dinamizar su desarrollo económico.
Este proyecto ingresó al SEIA en abril de 2020. Originalmente se dio fecha para evacuar la Adenda (respuesta del titular a las observaciones formuladas por servicios públicos) para marzo de 2021. Así, en un escenario favorable, era razonable que recibiera su calificación ambiental el primer semestre de ese año. Sin embargo, la cantidad y naturaleza de las observaciones han obligado al titular a solicitar extensiones para dar respuesta y mantener suspendida la evaluación en 3 años y 8 meses.
Cabe hacer presente que entre las observaciones destacan materias como ruido terrestre y subacuático, vibraciones, medio marino, hidrogeología, hidrología, flora y vegetación, fauna nativa, medio humano y pueblos indígenas.
De esta manera, el proyecto continúa en evaluación y permanece suspendido el plazo para recibir calificación mientras se elabora una Adenda excepcional para responder al tercer Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones (Icsara), para lo cual se tiene plazo hasta el 30 de diciembre de 2025, a menos que pidan nuevas extensiones. Pero además, por la dificultad que ha tenido el proyecto con las comunidades indígenas locales, se espera que, una vez recibida su calificación, la iniciativa sea impugnada y acumule años adicionales de tramitación.
Algunas de las observaciones más relevantes dan cuenta que el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) estima insuficiente la información aportada por el titular para caracterizar el componente fauna, por lo que el SEA exige nuevas campañas de terreno para fauna silvestre; el Consejo de Monumentos Nacionales(CMN) requiere ampliar la línea de base, a través de pozos de sondeo, excavaciones hasta estratos estériles y revisión visual del 100% del área subacuática, para lo cual se deben tramitar permisos que pueden demorar meses; y la Seremi de Vivienda y Urbanismo pide reevaluar la ubicación de la planta de hormigón, pese a que está dentro de la Zona Portuaria Exclusiva donde ya se permiten actividades de similar impacto industrial.
El proyecto que pretende llevar el Metro de Valparaíso –hoy conocido como Tren Limache-Puerto– por la provincia de Quillota permitirá conectar Limache con La Calera en 28 minutos, a través de 26 kilómetros, para lo cual se construirán cinco estaciones nuevas, se ampliará una (Estación Limache) y se rehabilitará otra (Estación La Calera).
Cada estación contará con máquinas de autoatención, acceso de pasajeros hacia paraderos, equipos de seguridad y estacionamiento de vehículos y bicicletas. Además, se contempla la construcción de un túnel proyectado al costado oriente del túnel San Pedro; la construcción de 13 pasos peatonales multipropósitos inferiores y dos pasarelas peatonales; la construcción de 12 pasos vehiculares inferiores y un paso vehicular superior; el reemplazo de 67 obras de saneamiento; ente otros.
Este proyecto ingresó al SEIA en abril de 2022. En su primer Icsara se le dio plazo al titular para evacuar la Adenda en octubre de ese año, por lo que era razonable obtener su calificación ambiental a fines de 2022 o principios de 2023. Sin embargo, la cantidad y naturaleza de las observaciones (asociadas a patrimonio cultural, ruido y vibraciones, medio humano y fauna) han obligado a solicitar extensiones para dar respuesta y mantener suspendida la evaluación en dos años y siete meses.
Entre las razones que han motivado las solicitudes de extensión destacan las del Consejo de Monumentos Nacionales, que hicieron aumentar los pozos de sondeo arqueológico en todo el trazado. Adicionalmente, se realizaron observaciones sobre ruido y vibraciones, que implicaron profundizar la línea de base de estos componentes y sus efectos sobre fauna nativa. También pidieron nuevas mediciones de tráfico vehicular y peatonal para actualizar la línea de base de medio humano.
Cabe hacer presente que el proyecto continúa en evaluación, estando suspendido el plazo para recibir calificación mientras se elabora una Adenda complementaria para responder al segundo Icsara, con plazo hasta el 19 de diciembre de 2025.
El proyecto Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL) consiste en la construcción y operación de un nuevo terminal de contenedores, que aumentará la cantidad de sitios de atraque y ampliará la transferencia de carga del Puerto de Valparaíso. Se trata de un muelle de 725 metros que ganará terrenos al mar usando material de relleno, adelantando la línea de costa en unos 185 metros hacia el poniente del borde costero.
Así se generará un nuevo borde de atraque, apto para atender en simultáneo dos naves Post Panamax y una superficie operativa de unas 13,6 hectáreas, incluyendo el área existente en los sectores Costanera y Espigón de Puerto Valparaíso, permitiendo incrementar la capacidad de transferencia de carga contenedorizada y fraccionada, y atendiendo a la demanda producto del crecimiento del comercio exterior de Chile.
La iniciativa ingresó al SEIA en septiembre de 2014. En su primer Icsara, se le dio plazo al titular para evacuar la Adenda en abril de 2015, por lo que era razonable obtener su calificación ambiental el primer semestre de ese año. Sin embargo, las observaciones de organismos públicos han obligado al titular a solicitar extensiones para dar respuesta y mantener suspendida la evaluación en cuatro años y tres meses.
Tal como en los proyectos anteriores, TCVAL recibió solicitudes de información de todo tipo, entre ellas del Consejo de Monumentos Nacionales, que pidió ampliar la línea de base arqueológica con nuevos pozos de sondeo y ampliar línea de base de patrimonio cultural para analizar todos los componentes que integran el Patrimonio Cultural de Valparaíso. Pero también hay solicitudes de vibraciones, medio humano, fauna, paisajísticas y otras de diversa índole que obligaron a realizar nuevos estudios.
Vale recordar que en octubre de 2018, el proyecto recibió su RCA favorable, sin embargo, esta fue reclamada ante el Comité de Ministros, por lo que fue objeto de reclamación judicial en el Tribunal Ambiental. En mayo de 2022 se acogió parcialmente el recurso y se retrotrajo el proyecto a evaluación ambiental por la falta de consideración de la alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos por la expulsión de los pescadores y eliminación de la caleta Sudamericana, además de los efectos paisajísticos y sobre el patrimonio cultural. El caso escaló a la Corte Suprema, que confirmó el fallo del 2º Tribunal Ambiental en agosto de 2023.
Desde hace tres años (2022) el proyecto Terminal Cerros de Valparaíso continúa en evaluación ambiental y actualmente se encuentra a la espera de la elaboración de la quinta Adenda para responder a las observaciones contenidas en el último Icsara.
El proyecto Desarrollo Urbano Habitacional Maratué, ubicado en la comuna de Puchuncaví, es una iniciativa que contempla un máximo de 14.180 viviendas (además de unas 2.000 subsidiables) que serán construidas gradualmente en 45 años. Se trata de un aporte para enfrentar la crisis habitacional en la zona, en circunstancias que Valparaíso registra un déficit habitacional cuantitativo de 42.484 viviendas.
Este proyecto ingresó al SEIA en septiembre de 2017. En su primer Icsara se le dio plazo al titular para evacuar la Adenda en marzo de 2018, por lo que era razonable obtener su calificación ambiental el primer semestre de ese año. Sin embargo, y tal como ha ocurrido con todos los proyectos analizados, la cantidad y naturaleza de las observaciones de organismos públicos han obligado a solicitar extensiones para dar respuesta y mantener suspendida la evaluación en 1 año y 7 meses.
Las principales observaciones que motivaron a pedir extensión fueron –una vez más– del CMN, que solicitó ampliar la línea de base arqueológica con nuevos pozos de sondeo y otras observaciones sobre flora y fauna, que obligó a realizar mayores estudios.
Este proyecto obtuvo RCA favorable el 29 de julio de 2019, pero fue objeto de reclamación administrativa ante el Comité de Ministros, que lo acogió, retrotrayendo el proceso a evaluación ambiental. Pese a ello, terceros al proyecto dedujeron un recurso de reclamación judicial ante el Segundo Tribunal Ambiental para que se rechazara el proyecto, lo cual fue rechazado en octubre de 2022, con lo que se reinició la evaluación ambiental hasta una segunda calificación favorable el 29 de octubre de 2024. Sin embargo, ésta fue nuevamente reclamada y hoy está pendiente de resolución.
Este proyecto de la minera Las Vizcachitas tiene como finalidad realizar un programa de sondajes para profundizar el nivel de certeza del recurso mineral, minimizando las incertidumbres geológicas y obteniendo información básica para confeccionar los modelos geológicos de litología, alteración y distribución de mineralización metálica. A diferencia de los proyectos anteriores, este ingresó por Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que suele estar sujeto a plazos más breves y menores requerimientos.
Este proyecto ingresó al SEIA en mayo de 2019. En su primer Icsara se le dio plazo al titular para evacuar la Adenda en agosto de 2019, por lo que, en un escenario favorable, era razonable obtener su calificación ambiental el segundo semestre de ese año. Pero la cantidad y naturaleza de las observaciones obligaron al titular a pedir extensiones para dar respuesta y mantener suspendida la evaluación en 4 meses.
Además, el estudio de Piensa y Pivotes da cuenta que el proyecto obtuvo RCA favorable el 11 de noviembre del 2020, pero fue objeto de un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, retrotrayéndose el proceso de la DIA al momento previo a su calificación, debiendo someterse previamente a participación ciudadana. Nuevamente se calificó favorablemente el 13 de mayo de 2021, pero se solicitó su invalidación. Tras el rechazo de la invalidación, se reclamó ante el 2º Tribunal Ambiental, que en octubre de 2025 confirmó la validez de la RCA. Pero la sentencia fue objeto de varios recursos de casación en el fondo y en la forma, los cuales están pendientes de resolución.
Estos datos que entrega el estudio de Piensa y Pivotes permiten evidenciar un patrón preocupante en la evaluación de estos cinco grandes proyectos: en promedio, más de 18 organismos sectoriales participan en las evaluaciones, lo que genera múltiples rondas de observaciones. Aunque el sistema está diseñado para considerar una o dos rondas de interacción técnica entre el titular y la autoridad, estos proyectos han tenido en promedio más de cuatro rondas, distorsionando el proceso y alargando los plazos.
A esto se suma un uso intensivo del mecanismo de suspensión por parte de los titulares: en estos 5 proyectos, sus suspensiones han prolongado en promedio 911 días adicionales la tramitación, es decir, dos años y medio. "Este fenómeno no obedece a estrategias dilatorias, sino que responde a la necesidad de dar respuesta a exigencias crecientes, a veces poco razonables, por parte de la autoridad", dice el estudio.
"En vez de contar con lineamientos claros desde el inicio e iteraciones sobre ámbitos cada vez más acotados y circunscritos, los titulares enfrentan una “evaluación por goteo”, en la que los requerimientos se amplían con cada ronda", agregan.
Finalmente, los procesos judiciales añaden más incertidumbre: los plazos promedio para resolver recursos en Comité de Ministros son de 1 año y 9 meses, en Tribunales Ambientales superan los 2 años, y los casos que escalan a la Corte Suprema demoran en promedio 9 meses adicionales. Además, estos procesos suelen retrotraer los proyectos a la evaluación ambiental, donde pueden ser objeto de varias rondas de solicitudes de información y, obtenida su RCA, nuevamente pueden ser impugnados.
PURANOTICIA
