Mientras la Fundación asegura que no existe riesgo inmediato para el funcionamiento del establecimiento educacional de la Ciudad Jardín, el Sindicato acusa falta de transparencia y ausencia de un plan de contingencia real, en un escenario marcado por un fallo judicial que acogió la demanda de la inmobiliaria y fijó una orden de desalojo vigente hasta el 31 de enero de 2026.
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La crisis judicial y administrativa que afecta al Colegio María Auxiliadora de Viña del Mar se agudizó tras el fallo dictado el 8 de enero de 2026 por el 2° Juzgado Civil de Viña del Mar, que acogió la demanda presentada por la Inmobiliaria Playa Mansa Cinco Norte Limitada por el no pago reiterado del arriendo, y estableció una orden de desalojo del inmueble, con plazo máximo hasta el 31 de enero de 2026. La sentencia marca un punto crítico en un conflicto de larga data entre la inmobiliaria y la Fundación Educacional Santa María Mazzarello.
Según se establece en el fallo, firmado por la jueza Ximena Torres Valenzuela, las partes celebraron un contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en calle 5 Norte esquina 1 Oriente, con vigencia entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, fijándose una renta anual de $240 millones. El tribunal concluyó que la Fundación incurrió en incumplimientos relevantes de pago, lo que derivó en la resolución del contrato y la orden de restitución del inmueble.
Desde la inmobiliaria propietaria del recinto se ha recalcado que el fallo no fue un hecho abrupto ni inesperado, ya que existieron instancias previas de negociación y conciliación destinadas a evitar este desenlace. De acuerdo con lo expuesto durante el proceso judicial, en 2024 se alcanzó una conciliación que otorgó plazos adicionales para que la Fundación pudiera reubicar el establecimiento, sin embargo, dicha reubicación nunca se concretó, lo que finalmente llevó a la inmobiliaria a perseverar en la acción judicial para recuperar el inmueble.
De acuerdo con los antecedentes judiciales, la Fundación Educacional Santa María Mazzarello solo acreditó pagos por $162.017.532 durante 2024, mientras que en 2025 únicamente logró comprobar el pago de $140.000.000, quedando un saldo impago que asciende a $138 millones, monto que fue considerado por el tribunal al momento de acoger la demanda y decretar la orden de desalojo.
Desde la Fundación, sin embargo, se ha insistido públicamente en que el fallo no implica un desalojo inmediato ni la paralización del proyecto educativo, argumentando que aún existen plazos legales y recursos judiciales en curso. La administración sostiene que se trata de una etapa esperada del proceso y que el colegio continuará funcionando con normalidad mientras se ejercen las acciones legales correspondientes.
Una visión diametralmente distinta ha expresado el Sindicato de trabajadores, que acusa a la administración de minimizar la gravedad del escenario y de haber mantenido durante meses una política de falta de información clara, veraz y oportuna. Según los dirigentes sindicales, nunca se presentó un plan de contingencia concreto para enfrentar un eventual desalojo, pese a que el avance del proceso judicial hacía prever un escenario adverso.
El escenario se complejiza aún más por un proceso administrativo ante la Superintendencia de Educación, donde existe una resolución sancionatoria no ejecutoriada que contempla la revocación del reconocimiento oficial del colegio a partir de 2027 y la inhabilitación perpetua de la sostenedora. Mientras la Fundación asegura estar trabajando en planes de contingencia y continuidad académica, el Sindicato exige transparencia total, garantías laborales e intervención efectiva de la autoridad, en medio de una creciente incertidumbre para la comunidad educativa.
PURANOTICIA
