Fueron 28 los proyectos financiados por la empresa minera a la ONG, cinco de los cuales presentaban inconsistencias en su ejecución y rendimiento, lo que derivó incluso en la presentación de acciones legales en contra de la entidad que lideraba Alberto Larraín.
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La Fundación Procultura se encuentra en el centro de una creciente controversia por presuntos delitos de corrupción que involucran traspasos de millonarios fondos públicos en diversas partes del país, incluida la región de Valparaíso, situación que está siendo investigada por la Fiscalía y que incluso ha derivado en la presentación de una querella.
A saber, el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso, junto al Municipio de La Calera, traspasaron montos por 30 millones de pesos ($30.000.000) para un proyecto de murales; mientras que la Seremi de Vivienda y Urbanismo, junto al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso, firmaron un convenio por más de 248 millones de pesos ($248.373.378) para programas de asentamientos precarios.
Y es que en medio de investigaciones penales por posibles delitos de malversación de caudales públicos y fraude al Fisco, el caso Procultura ha escalado al debate político nacional, con llamados desde el Congreso Nacional a esclarecer el rol de autoridades y a revisar el uso de recursos fiscales destinados a organizaciones privadas.
Sólo para graficar la magnitud de la polémica –y en información entregada por el propio ministro del Interior, Álvaro Elizalde– durante los años 2021 y 2022, los Gobiernos Regionales del país pasaron de entregar menos de $230 millones a traspasar casi 4 mil millones de pesos ($3.967.000.000) en proyectos para la Fundación Procultura.
Si bien, los cuestionamientos a la entidad que lideraba el médico psiquiatra Alberto Larraín se centran en los millonarios recursos que organismos públicos le entregaron, lo concreto es que también se han presentado acciones judiciales de parte de privados que traspasaron dineros, a modo de donaciones, a dicha ONG.
Una de ellas es Anglo American, empresa dedicada a la minería, la cual a lo largo de los años ha financiado distintas iniciativas sociales a través de convenios de donación con múltiples entidades; esto, con el objetivo de "beneficiar especialmente a aquellas comunidades más vulnerables y cercanas a sus operaciones", tal como es el caso de la región de Valparaíso, principalmente de comunas del interior o cordilleranas.
Es bajo este contexto que desde el año 2017, Anglo American suscribió una serie de convenios con la Fundación Procultura, para que la entidad encabezada por Alberto Larraín desarrollara proyectos específicos enfocados en los sectores de turismo y patrimonio, medios de vida, plan de montaña, salud y bienestar, entre otros.
Estas iniciativas se desarrollaron sin mayores contratiempos entre los años 2017 y 2020, totalizando 19 proyectos en aquel periodo, con donaciones de Anglo American por más de 1.200 millones de pesos ($1.222.340.178) a la Fundación Procultura, que desarrolló trabajos en comunas como Los Andes, Calle Larga y Nogales, entre otras, los que quedaron registrados en rendiciones de cuentas pormenorizados e informes.
Debido al éxito de estos 19 proyectos ejecutados de buena manera y sin observaciones, la empresa minera siguió confiando en Larraín y sus funcionarios, continuando la relación con otros 9 proyectos desde el año 2021 en adelante, por montos que involucraban donaciones por otros 1.200 millones de pesos ($1.240.437.523).
Pero todo cambió una vez estallado el caso Convenios, momento en que la compañía minera detectó que la entidad a la que tanto dinero traspasaron aparecía como objeto de investigación del Ministerio Público. Así fue como se hizo un análisis de los convenios vigentes en ese momento, observando que de los 9 proyectos antes mencionados, 5 presentaban una serie de inconsistencias en su ejecución y rendimiento.
El primero de los cinco convenios afectados fue firmado en la comuna de Rinconada el 2 de noviembre de 2021 para realizar un «Diagnóstico Patrimonial». Para ello, Anglo American donó más de 91 millones de pesos ($91.568.238), del cual alcanzaron a entregarse tres cuotas por casi 87 millones de pesos ($86.989.826), desconociéndose el estado de ejecución y avance de la iniciativa comprometida por Procultura.
El segundo convenio se firmó el mismo día 2 de noviembre de 2021, pero esta vez en la comuna de Catemu, para otro «Diagnóstico Patrimonial», proyecto por el que la empresa minera donó casi 92 millones de pesos ($91.751.000), entregándose tres cuotas por más de 87 millones de pesos ($87.163.450). Al igual que en el anterior, tampoco se conoce el estado de ejecución y avance de los trabajos desarrollados.
El mismo 2 de noviembre de 2021, en la comuna de Llay Llay, se firmó el proyecto «Diagnóstico Patrimonial», para el que se donaron más de 90 millones de pesos ($90.668.238) a la Fundación Procultura. Tal como sucedió con los otros, se alcanzaron a entregar tres cuotas por más de 86 millones de pesos ($86.134.826), sin que exista constancia de informes ni productos impresos, desconociendo además los estados de ejecución y avance de las obras comprometidas por la entidad de Alberto Larraín.
El 5 de mayo de 2023, Anglo American firmó con Procultura el convenio de donación para el proyecto «Reparación biográfica comunitaria de la catástrofe del pueblo El Cobre», en la comuna de Nogales, donde la empresa donó más de 95 millones de pesos ($95.146.310), entregados al momento de la firma. Pese a ello, no hay antecedentes de avances del trabajo, el cual debió haber terminado en marzo de 2024.
El quinto y último convenio afectado se firmó el 9 de noviembre de 2022 en la comuna de Tiltil, región Metropolitana, por el proyecto «Programa de Bienestar y Salud Mental Perinatal Integral», para el cual Anglo American se comprometió a traspasar más de 356 millones de pesos ($356.120.000), de los cuales se pagó solo la primera cuota por más de 116 millones de pesos ($116.120.000), cuya rendición de cuentas nunca se entregó.
Intentando conocer el avance de los proyectos comprometidos, Anglo American tomó reiterados contactos con la Fundación Procultura, sin embargo afirman que "nunca existió disposición" para aclarar nada, motivo por el que el 2 de mayo de 2024 se envió una carta manifestando su disconformidad por las anomalías detectadas y solicitando acciones para poder dar términos a los cinco contratos aún vigentes.
De paso, Anglo American acudió hasta el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago para interponer una querella criminal contra todos quienes resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores, por el delito de estafa. También solicitaron que se remitieran todos estos antecedentes a la Fiscalía correspondiente.
Según consigna la acción judicial presentada, "a la época en que estos cinco proyectos fueron convenidos y los fondos percibidos, la Fundación Procultura sabía perfectamente que las iniciativas no serían ejecutadas y que los dineros recibidos serían aplicados a fines diversos y que Anglo American desconoce".
Y es que, en resumen, de los 28 proyectos encargados desde 2017 a 2023 a la Fundación Procultura por más de 2.400 millones de pesos ($2.462.777.701), Anglo American dice desconocer el destino que la entidad de Alberto Larraín le dio a casi 472 millones de pesos ($471.824.412), razón por la cual se interpuso la querella por estafa.
"En definitiva, la Fundación, aprovechando la relación de confianza que existía con Anglo American, producto del historial de proyectos realizados previamente, engañó a mi representada, acordando la realización de determinados proyectos, con el fin de que esta última le donara determinadas sumas de dinero, para luego apropiárselo y/o ocuparlos en fines que hasta el momento se desconocen", cerraron en la querella.
A la luz de todos estos antecedentes, Puranoticia.cl conversó con el ex consejero regional (core) de Valparaíso, Manuel Millones, quien justamente fue una de las autoridades locales que se opuso a la solicitud esgrimida por Alberto Larraín para que el Core de Valparaíso le traspasara 1.200 millones de pesos a la Fundación Procultura para que se ejecutara un proyecto de salud mental en Rapa Nui, detalles contados en extenso en un artículo publicado este lunes 19 de mayo por Puranoticia.cl.
"Me llama mucho la atención el vínculo, porque Procultura era como el brazo armado de Anglo American. Y yo no sé si había una relación directa de amistad o algo así. En el caso de Putaendo, el aporte fue de más de $3 mil millones. También en Isla de Pascua, Limache y La Calera. Es interesante que se le pida al Servicio de Impuestos Internos (SII) todas las certificaciones de donaciones que han entregado las empresas mineras y otras a, en este caso, Procultura, por la línea de financiamiento de actividades políticas. Es decir, ¿qué relación hay entre Procultura y Anglo American, que estamos hablando de muchos de miles de millones?", señaló.
Pero, ¿qué ganan las empresas privadas por entregarle dineros a fundaciones como Procultura u otras? Simple, Manuel Millones explicó que "ellos rebajan de su carga tributaria el 50% y el otro 50% lo pueden destinar a gastos en su contabilidad del año siguiente, con ese certificado de donación. Por ejemplo, donan $100 millones a Procultura y rebajan inmediatamente el 50% en su declaración de renta y el otro 50% pueden tirarlo a gastos. Es decir, es un buen negocio para la empresa privada".
Acerca de la pista de estos dineros, el ex Core de Valparaíso sostuvo que "ese es un vacío porque una cosa es que la empresa muestre al SII el certificado de donación y para qué fue el objeto de la donación, y ahí debe revisar el SII si se hizo o no esa actividad. Pero eso no ocurre, eso no se da". No obstante a aquello, lo más relevante de toda esta situación es que se trata de "plata privadas entre comillas, porque si haces la rebaja, el Fisco deja de recibir impuestos. Entonces también hay lesión al Fisco".
Estas donaciones de empresas privadas a fundaciones también podrían abrir una nueva arista investigativa, considerando que no sólo Procultura ha recibido fondos a través de donaciones. Otro ejemplo similar es el que ha ocurrido con dineros para los damnificados del megaincendio en Viña del Mar y Quilpué, los cuales fueron traspasados a Techo-Chile sin que hasta hoy se conozca el detalle de qué se hizo con dichos fondos. A ello también surge la interrogante de cuál es efectivamente el organismo público que verifica que la actividad por la que entregaron recursos se ejecute tal como se planificó originalmente y no derive en otros objetivos o, incluso, en lucro personal.
PURANOTICIA
