Los afectados por el fuego llegaron hasta el Congreso, en Valparaíso, para ser escuchados por los parlamentarios, pero no lograron su objetivo. Luego, se trasladaron al edificio de la Delegación Presidencial, sin obtener ninguna respuesta concreta a sus demandas.
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Cientos de damnificados que sobrevivieron al megaincendio del 2 y 3 de febrero del año pasado en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana llegaron este lunes 27 de enero al Congreso Nacional, en Valparaíso. A todo sol, con pancartas en las que se leía “no más mentiras, bono universal” y “queremos soluciones”, además de silbatos y una bandera chilena en la que se escribió con letras mayúsculas “Damnificados”.
Ningún parlamentario los recibió, aunque por más de una hora esperaron. Por ello, decidieron marchar desde la avenida Pedro Montt –Carabineros suspendió el tránsito por la vereda derecha- y se trasladaron hasta el edificio donde funciona la Delegación Presidencial Regional, donde los uniformados ahora cerraron los accesos con candados. Tampoco los recibieron. Otra vez a seguir esperando...
Lo que buscan los afectados es que alguna autoridad los escuche, que se siga entregando el Bono de Acogida y que no los mantengan en estado de abandono, como aseguran estar los propios afectados por la fatídicas llamas que se cobraron la vida de 136 vecinos, que arrasaron con más de 8 mil viviendas y que dejó unos 20 mil damnificados.
Elizabeth Santander (42 años) y con su hijo de ocho meses cargándolo en su pecho, bajo un sol quemante y, a ratos, asfixiante, se sumó a la movilización. En uno de sus hombros, cargaba un bolso con pañales y agua para Luis (así se llama su hijo de tan solo ocho meses). Ver la imagen de esta madre que va con su bebé, junto a otros afectados por la tragedia de febrero de 2024, no sólo conmueve, sino que resulta ser el ejemplo más gráfico para demostrar que estas familias que perdieron sus casas, a sus seres queridos y a sus mascotas, siguen clamando ayuda, a casi un año de aquél fatídico evento. En conversación con Puranoticia.cl, Elizabeth Santander comentó que "perdí mi casa, se quemó completa en el sector de Pompeya Norte. Las casas que nos dieron a nosotros no tenían baño, ducha, nada. Esa casa no la dio el Gobierno, sino un Techo para Chile. Vengo a protestar, porque todavía no nos dan una solución habitacional, sigo en la casa de emergencia”.
La afectada tiene una historia bien particular y que, de alguna u otra manera liga la muerte con la vida. “Mientras sacaba escombros durante el incendio supe que estaba embarazada, no sabía, a los seis meses supe. Fue bonita la noticia de mi bebé, porque mis otros hijos están grandes y Luis es una luz de esperanza”.
Heriberto Ávila (66 años), del sector de El Olivar y vicepresidente de una agrupación de sobrevivientes del incendio del 2 y 3 de febrero, afirmó que vivió 35 años en la casa que se quemó. "Por parte del Estado no tenemos ninguna ayuda, todo lo que se ha anunciado, las casas que se han construido en Villa Dulce y, probablemente ahora, en el Canal Chacao son con recursos particulares, que vienen de donaciones y no tenemos nada de ayuda y hasta para solicitar dinero que son las donaciones han salido con puras excusas, poniendo trabas en vez de solucionar cómo estamos viviendo y lo que están haciendo es absurdo”.
El vecino explicó que “nos están clasificando si somos hábiles o no hábiles para optar a una casa, están discriminando entre quienes se quemaron. Aquí nos quemaron a todos y no podemos permitir que nos califiquen de acuerdo a si somos propietarios, somos arrendadores, si teníamos o no una segunda vivienda o si teníamos una sucesión. Todos fuimos afectados por los incendios. Aquí no hay criterio, la mayoría de nosotros en El Olivar somos propietarios y se quemaron 900 casas y tampoco podemos elegir el tipo de casa qué nos quieren reconstruir”. Añadió que “pusieron todo tipo de maquetas, en general, la gente no está de acuerdo, algunos sí, pero por el apuro y la urgencia lo han aceptado, pero no todos necesitamos ese tipo de casa que están mostrando. Queremos lo mismo que teníamos construido. Si elijo una casa lo hago por mi necesidad y no por la necesidad del Estado”.
Jacqueline Lazcano, vocera de una agrupación de damnificados de Quilpué y Viña del Mar, precisó que “el fuego no hizo distinciones entre propietarios, allegados, arrendatarios, asentamientos precarios, segundas viviendas, sucesiones o herencias. Sin embargo, las autoridades han clasificado a las víctimas, según criterios que no entendemos y que consideramos injustos”.
Amanda Guerra, presidenta de la ONG Sobrevivientes del Megaincendio, sostuvo que todos los dirigentes de Viña del Mar y de Quilpué -independientemente de las organizaciones que se han formado- “estamos todos unidos en contra de las negligencias por parte del Estado".
Los dirigentes víctimas de los incendios confirmaron que un grupo de hombres y de mujeres afectados iniciarán una huelga de hambre para visibilizar el abandono en que se encuentran y que, de esta manera, el Gobierno responda a sus demandas. En tal sentido, indicaron a través de un comunicado de prensa que “a casi un año de los atentados, estamos lejos de tener una solución habitacional digna".
Los afectados rechazaron también las declaraciones del delegado presidencial, Yanino Riquelme, quien sostuvo el pasado sábado que, "con la entrega de este Bono de Acogida en enero, consideramos que la etapa de ayudas tempranas está concluyendo". Asimismo, se mostraron en contra del anuncio oficial que mantiene diferencias en la entrega del bono, según la categorización dada a las familias siniestradas. En tal sentido, el delegado Riquelme dijo que "el bono considerará dos tramos: uno de 5 UF para quienes no califican como familias hábiles para el proceso de reconstrucción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y uno de 10 UF para aquellas familias que sí califican como hábiles".
Sobre este punto, las agrupaciones de damnificados del 2 y 3 de febrero de 2024, manifestaron que “el fin del Bono de Acogida es prematuro, ya que no se han entregado las viviendas definitivas a las familias afectadas. Además, el bono entregado es discriminatorio y las autoridades han actuado de manera arbitraria”.
PURANOTICIA
