"La querella no es una decisión política": abogado de vecinos de El Olivar detalla el drama que derivó en acción contra Poduje

La batalla por la reconstrucción en los cerros de Viña del Mar dio un giro decisivo y llegó hasta los tribunales de justicia. Lo que comenzó como una emergencia humanitaria tras los incendios que destruyeron cientos de viviendas, hoy se transformó en un conflicto técnico y judicial que enfrenta a familias damnificadas con autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

El epicentro de la disputa es la emblemática población El Olivar, una comunidad donde el fuego arrasó con décadas de esfuerzo familiar y cuyo proceso de reconstrucción habitacional terminó profundizando la incertidumbre y debilitando la confianza de los vecinos en las instituciones públicas.

El conflicto escaló luego de la presentación de una querella criminal contra Iván Poduje, ministro de Vivienda y Urbanismo y otras autoridades del área, acción que marca un nuevo capítulo en una crisis que mantiene paralizadas las obras de reconstrucción en el sector.

El abogado penalista Juan Andrés Pavez, quien asumió la representación de un amplio grupo de familias damnificadas de calle Visviri  y sectores aledaños, aseguró que la situación llegó a un "punto de inflexión" tras la decisión de las autoridades de Vivienda de ordenar la demolición de viviendas que presentaban entre un 70% y 80% de avance físico.

Según explicó la defensa, las obras permanecen detenidas desde hace más de tres meses, dejando a decenas de familias sin una respuesta definitiva respecto al futuro de sus hogares.

‘’UN PROBLEMA ESTATAL’’

Para la defensa de los afectados, la gravedad del escenario obligó a abandonar las instancias administrativas de diálogo y trasladar el conflicto a la justicia penal.

Pavez enfatizó en Puranoticia.cl que la querella no responde a una disputa política o ideológica, sino a la necesidad de proteger los derechos de familias que, según plantea, han sido afectadas por decisiones adoptadas desde el propio aparato estatal.

"Evidentemente este es un problema estatal, y cuando los problemas son estatales, hay personas que adhieren a una forma de Estado que hace que se pongan en las antígonas, antagonistas. Este caso no es para eso. Aquí no cabe, creo yo, el antagonismo cuando hay familias que represento que necesitan volver a su casa de manera desesperada", expone el abogado.

La decisión de presentar una querella —y no únicamente una denuncia— responde, según la defensa, a una estrategia jurídica destinada a que un organismo independiente del Ministerio de Vivienda investigue los hechos.

El abogado explicó la diferencia entre ambas acciones:

"Las querellas se presentan primero ante un tribunal de garantía. Ya hay una decisión, hay una resolución judicial, hay un movimiento de la jurisdicción (...). La denuncia es una puesta a disposición del Ministerio Público de una información que puede revestir caracteres de delito".

Con esta acción, los representantes de los vecinos buscan que la Fiscalía investigue eventuales responsabilidades penales y pueda adoptar medidas destinadas a impedir una eventual demolición mientras se esclarecen los antecedentes técnicos del caso.

"Las querellas de mis representados son acciones judiciales serias que tienen que ser sostenidas en los tribunales de justicia. Y quien tiene que conocer para investigar es la Fiscalía (…) distinto ahora a toda la institucionalidad de vivienda que ha estado presente en esta situación administrativa".

DEFENSA DE UNA HISTORIA HABITACIONAL

Uno de los principales argumentos expuestos por la defensa apunta a cuestionar las versiones que han intentado instalar la idea de una ocupación irregular del terreno.

Los representantes de las familias aseguran que El Olivar corresponde a una población constituida formalmente a fines de la década de 1980, bajo procesos de postulación habitacional impulsados por el Estado.

"Yo represento a personas que fundaron El Olivar. Desde el año 1989 es este lugar. (…) el Ministerio de Vivienda de esa época decidió hacer una villa".

Pavez también destacó que los vecinos afectados son propietarios legales de sus viviendas y que adquirieron sus hogares mediante pagos sostenidos durante años.

"Aquí no hay ni una sola persona que no sea propietaria de su casa, (…) esa propiedad plena la adquirieron pagando. Nadie le regaló nada. Hay personas que han pagado 22 años, 12, 18, y así en la medida de cómo han podido distribuir sus ingresos", detalló.

De acuerdo con la defensa, entre los afectados existen exintegrantes de las Fuerzas Armadas, profesores normalistas, adultos mayores y jefas de hogar, personas que —según plantean— cuentan con trayectorias laborales y sociales consolidadas.

Para los querellantes, esta condición de propietarios agrava el impacto de la orden de demolición, ya que aseguran haber pasado desde la tragedia provocada por el incendio a una situación que califican como una "reconstrucción de papel", marcada por retrasos administrativos y decisiones que hoy amenazan con dejar sin efecto viviendas prácticamente terminadas.

FAMILIAS DENUNCIAN

Más allá del escenario judicial, el conflicto tiene como trasfondo el drama cotidiano de familias que aseguran haber estado cerca de regresar a sus hogares.

Según la defensa, varios vecinos ya habían ingresado a sus futuras viviendas, tomado medidas para sus muebles y planificado sus mudanzas cuando las obras fueron detenidas.

El abogado Juan Andrés Pavez describió la situación de esta manera:

"Vinieron, hicieron las cosas de una manera delictual, y hoy día tienen a mi representado con las casas vistas ya, con la medida de los muebles que iban a usar, y ya habitándolas a esta fecha (…) la decisión de una querella no es una decisión política, (…) póngase un rato y empatice con las víctimas. Esto no es un show, esto es el dolor de las personas, personas que podrían haber sido mis abuelos, mis abuelas, mis hermanas, mis hermanos".

El abogado agregó:

"Algunos me han dicho que esto es mejor que lo que tenían. Entonces, me dicen, lo he escuchado así: ‘'maldito el día en que los políticos se fijaron en esto'’. Y eso es muy difícil de explicarle a la gente porque me dicen, ¿dónde vamos? Y en realidad es un llamado desesperado a la justicia".

CUESTIONAMIENTOS AL ROL FISCALIZADOR

El conflicto también abrió críticas hacia el rol de las instituciones encargadas de fiscalizar la respuesta estatal.

Durante el desarrollo de la controversia se cuestionó el funcionamiento de las instancias legislativas destinadas a abordar la reconstrucción. En particular, se mencionó el caso de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, donde, según los antecedentes expuestos, de trece parlamentarios convocados para analizar la crisis habitacional derivada de la catástrofe, solo tres asistieron a la sesión.

Esta situación generó críticas entre los afectados, quienes acusan falta de respaldo político durante el proceso de reconstrucción.

Con la querella ya declarada admisible y en tramitación ante la justicia ordinaria, el caso de El Olivar deja las oficinas gubernamentales y pasa ahora a manos del Ministerio Público.

Las familias y su defensa esperan que los peritajes estructurales independientes permitan detener eventuales demoliciones y resolver el conflicto que mantiene a la comunidad con más de 100 días de paralización de trabajos en una de las zonas más afectadas por los incendios de Viña del Mar.

PURANOTICIA