Verónica Rivera fue apartada de funciones presenciales y cumple teletrabajo, en medio de una indagatoria disciplinaria reservada que está en curso desde noviembre de 2025.
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El Poder Judicial está llevando adelante una investigación disciplinaria en contra de la jueza Verónica Rivera, del Tribunal de Garantía de Valparaíso, por eventuales hechos vinculados a maltrato laboral y acoso sexual, que habrían sido denunciados por funcionarios del mismo tribunal.
La situación se habría hecho visible el miércoles de la semana pasada, cuando la magistrada encabezó, de forma remota, la formalización de dos ex carabineros —recientemente dados de baja— quienes son investigados por los presuntos delitos de violación y apremios ilegítimos contra una mujer adulta en la Ciudad Puerto.
En dicha audiencia, la jueza decretó la medida cautelar de prisión preventiva para ambos imputados.
Según consigna El Mostrador, el tribunal permitió el acceso de la prensa, sin embargo, posteriormente se solicitó la reserva de la audiencia, lo que habría derivado en la salida de los periodistas de la sala. No obstante, llamó la atención que, a diferencia de otros intervinientes —como Sernameg, el INDH, la fiscalía y las defensas—, la magistrada no se encontraba presencialmente en el estrado, sino que participó mediante Zoom, proyectando su imagen en un computador.
Esta modalidad no respondería a razones de salud, sino que estaría vinculada a una medida cautelar adoptada en su contra en el marco de la investigación disciplinaria. Según fuentes del Poder Judicial, la jueza habría sido objeto de denuncias presentadas por dos funcionarios: uno por presunto maltrato y otro por acoso sexual.
En una etapa inicial, se habrían presentado tres denuncias en su contra —dos de ellas por maltrato—, aunque una de estas no habría prosperado durante el proceso investigativo.
A través de un comunicado, la Corte de Apelaciones de Valparaíso confirmó que "se encuentra en desarrollo una investigación disciplinaria que tiene carácter de reservada", agregando que "mientras dure la investigación, y hasta que el Pleno de esta Corte emita un pronunciamiento final, las actuaciones no pueden ser públicas".
En esa misma línea, el Poder Judicial indicó que “la magistrada, como medida cautelar adoptada, debería realizar teletrabajo”, lo que explicaría su ausencia física en audiencias recientes.
Por ahora, el proceso seguiría en curso y a la espera de una resolución definitiva por parte del pleno de la Corte de Apelaciones.
PURANOTICIA
