"Insostenible e intolerable": funcionarios de la Delegación de Quillota exigen intervención urgente tras denuncias contra Pilar Cuevas

Un nuevo antecedente se suma a la situación que durante los últimos días ha quedado expuesta al interior de la Delegación Presidencial Provincial (DPP) de Quillota, luego de que la Asociación de Funcionarios de la repartición remitiera una carta formal al jefe de la División de Gobierno Interior, Vicente Núñez Pinochet, solicitando una intervención frente a una serie de situaciones que califican como de especial gravedad.

La presentación ocurre luego de que Puranoticia.cl diera a conocer la existencia de al menos dos denuncias ingresadas bajo la Ley Karin, vinculadas a malos tratos y episodios que generaron un ambiente de tensión y nerviosismo entre trabajadores de la repartición. Posteriormente, la senadora Camila Flores reveló que el Gobierno ya tendría conocimiento de estos antecedentes y que Núñez incluso habría estado en la Delegación de Quillota, donde se reunió con funcionarios y con la propia delegada Pilar Cuevas.

Ahora, la asociación decidió formalizar su preocupación directamente ante quien tiene a su cargo la División de Gobierno Interior, planteando que los antecedentes conocidos por la organización de trabajadores requieren una respuesta institucional.

En la misiva –a la que accedió Puranoticia.cl– los funcionarios sostienen que "desde el inicio de esta gestión, hemos tomado conocimiento de múltiples situaciones y conductas reiteradas por parte de la autoridad, que afectan tanto a integrantes de la asociación como a otros funcionarios de la DPP de Quillota, conductas que son identificadas y descritas como actos de acoso laboral, hostigamiento, descalificaciones y otras, desarrolladas en el contexto del desempeño habitual de las tareas".

La organización pone especial énfasis en que, desde su perspectiva, no se trataría de episodios aislados ni de simples diferencias propias de la gestión. Por el contrario, advierten que "los antecedentes que hemos conocido dan cuenta de una dinámica reiterada que está afectando las relaciones laborales, el clima organizacional y el bienestar de las personas que se encuentran expuestas a estas situaciones".

Uno de los aspectos más sensibles de la carta apunta precisamente a las consecuencias que estas situaciones estarían provocando entre los funcionarios de la DPP de Quillota, apuntando directamente a "la salud mental y bienestar de los y las funcionarias, producto de la exposición prolongada, como ya se indicó, a situaciones de tensión, presión, descalificación, hostigamiento y/o trato inadecuado. Como asociación, no podemos permanecer indiferentes frente a señales de deterioro de los afectados y que podrían profundizarse si no existe una intervención oportuna".

A ello se suma otra preocupación expresada en el documento: que quienes se sienten afectados podrían estar desarrollando sus labores bajo "temor a expresar sus inquietudes, sensación de indefensión o percepción de que las situaciones denunciadas no son abordadas adecuadamente. Una situación de esta naturaleza no sólo perjudica a quienes directamente se ven afectados, sino que también deteriora el ambiente laboral, sus entornos familiares y termina impactando al conjunto del equipo".

NO NORMALIZAR LO DENUNCIADO

En la carta enviada al jefe de la División de Gobierno Interior, la Asociación de Funcionarios también fija una posición respecto de cómo, a su juicio, deberían ser abordados los antecedentes, rechazando que las situaciones denunciadas sean reducidas a conflictos personales o a características de la autoridad.

"Queremos ser categóricos en señalar que nuestra asociación no considera aceptable que estas situaciones sean normalizadas, minimizadas o reducidas a conflictos interpersonales o a características de personalidad de la autoridad. La reiteración de conductas que afectan la dignidad, integridad y bienestar de los funcionarios exige una respuesta institucional seria y proporcionada a la gravedad de los antecedentes", plantearon los trabajadores de la Delegación Presidencial de Quillota.

A partir de este diagnóstico, la organización solicita formalmente a Vicente Núñez que "se adopten medidas de resguardo para los y las funcionarias que se encuentran afectados, evitando cualquier forma de exposición, represalia, intimidación o agravamiento de las condiciones que dieron origen a esta presentación".

También exigen que "se establezcan medidas concretas y definitivas destinadas a prevenir la reiteración de estas conductas y a recuperar un ambiente laboral basado en el respeto, la dignidad y el buen trato; y que nos informe formalmente la medida concreta a esta situación que ya es insostenible e intolerable".

La organización también plantea que espera recibir una respuesta institucional caracterizada por la seriedad, imparcialidad y confidencialidad, poniendo especial énfasis en evitar que quienes se encuentran afectados terminen sufriendo una mayor exposición durante el proceso. En la misma línea, señaló que "confiamos como asociación que frente a este lamentable escenario podamos de manera genuina recibir la ayuda y colaboración institucional frente a estos hechos, que sea con seriedad, imparcialidad, confidencialidad y especial consideración por las personas que pudieran encontrarse afectadas, evitando que el proceso termine generando una mayor exposición o afectación para quienes hoy se encuentran con una alta vulnerabilidad".

La carta deja además una advertencia respecto del nivel de preocupación que existe entre los funcionarios de la Delegación Presidencial de Quillota, al señalar que "esta presentación no tiene por objeto generar un conflicto institucional, sino exigir que una situación que esta afectando profundamente al equipo sea reconocida y abordada oportunamente antes que tengamos que lamentar hechos más dolorosos. Como asociación, tenemos el deber de representar, defender y advertir cuando las condiciones laborales estan generando un impacto que consideramos grave".

Finalmente, los funcionarios solicitaron una respuesta formal y oportuna por parte de la División de Gobierno Interior, señalando que "entendemos que estamos en la instancia correcta, no obstante, tenemos la claridad que existen otras disponibles, pero confiamos que se analizará una solución a la altura de las circunstancias expuestas y podamos a la brevedad contar con la certeza de que trabajamos en un espacio laboral de cuidado psicológico y emocionalmente seguro".

La presentación, firmada por Claudia Catalán, presidenta de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Delegación Presidencial Provincial de Quillota, constituye así un nuevo capítulo en una situación que ya había trascendido al ámbito interno de la repartición y que ahora quedó formalmente planteada ante la División de Gobierno Interior. La respuesta que entregue el Gobierno será clave para determinar qué medidas se adoptarán frente a los antecedentes expuestos por los funcionarios y frente a las denuncias que ya habían sido informadas previamente.

PURANOTICIA