Informe desclasifica graves irregularidades en la distribución y cobros en Asociación de Canalistas de Catemu

En una tensa y extensa Asamblea General de la Asociación de Canalistas Canal Arriba de Catemu –que se prolongó por más de cinco horas– se abordaron diversas materias relacionadas con la administración de la organización, el funcionamiento del sistema de distribución de aguas y la situación financiera de la entidad.

Uno de los principales antecedentes expuestos fue el informe presentado por los Inspectores de Cuentas, organismo encargado de pronunciarse sobre la correcta recaudación de cuotas, la transparencia de los gastos operativos y el cumplimiento de los estatutos de la Asociación. El documento detalló una serie de observaciones respecto del funcionamiento del canal y advirtió eventuales incumplimientos a las normas.

Entre los puntos más relevantes, los inspectores cuestionaron la forma en que se estaría realizando la distribución de las aguas. Según se expuso, el reparto no se efectuaría estrictamente de acuerdo con los derechos expresados en acciones de los asociados, tal como establecen los estatutos. En el informe se sostiene que existen personas o entidades que estarían regando sin contar con derechos inscritos y que algunos propietarios que han vendido parte de sus acciones seguirían utilizando agua para sus predios, mientras que quienes adquirieron esos derechos también estarían haciendo uso del recurso.

Asimismo, se advirtió que existen diferencias en la cantidad de usuarios asociados a determinadas compuertas, situación que, según el documento, genera desequilibrios en los tiempos de riego disponibles para algunos sectores. Los Inspectores de Cuentas indicaron que esta situación ha sido informada en reiteradas ocasiones al directorio, tanto de manera verbal como por escrito, sin que hasta ahora se hayan implementado soluciones.

El informe también plantea observaciones respecto de los registros internos de la organización. En particular, señala que no se habría logrado contar con información actualizada sobre los marcadores y acciones correspondientes a los usuarios del canal. Del mismo modo, cuestiona que actualmente no se mantendría un registro actualizado de acciones basado en las inscripciones del Conservador de Bienes Raíces, así como de sus transferencias, gravámenes y prohibiciones.

Otro de los puntos abordados dice relación con el sistema de cobro aplicado a los usuarios. De acuerdo con los Inspectores de Cuentas, los gastos ordinarios y extraordinarios deberían cobrarse en función de los derechos o acciones de cada socio, tal como establecen los estatutos. Sin embargo, sostienen que actualmente se estaría utilizando como criterio la superficie regada, lo que, a juicio de los fiscalizadores, podría generar perjuicios para accionistas que sí cuentan con sus derechos debidamente acreditados.

El documento también cuestiona el cumplimiento de las obligaciones del directorio en materia de distribución de aguas. Según se expuso ante la asamblea, durante varias temporadas de riego no se habría garantizado plenamente el acceso al recurso conforme a los derechos de los accionistas, situación que se habría visto agravada durante los años de sequía y que, según el informe, podría haber impactado en la productividad agrícola de algunos usuarios.

En materia administrativa y financiera, los Inspectores de Cuentas observaron pagos extraordinarios efectuados a personal encargado de labores de celaduría. El informe señala que estos desembolsos corresponderían a trabajos adicionales realizados dentro de la jornada laboral habitual de los trabajadores. Por esta razón, se solicitó al administrador de la organización un detalle de dichos pagos para que la información fuera conocida y evaluada por la asamblea.

No obstante, el documento también consigna que las cotizaciones previsionales del personal permanente se encuentran al día y que existe una activa gestión de cobranza de deudas, aspecto que fue valorado por los fiscalizadores debido a su importancia para el funcionamiento financiero de la Asociación.

Otra observación formulada por los Inspectores de Cuentas apunta a la estructura administrativa de la entidad. En el informe se señala que la organización maneja un presupuesto anual cercano a los $160 millones y que, pese a las restricciones de recursos, cuenta con dos administradores, situación que, a juicio de los fiscalizadores, merece ser revisada.

Junto con las observaciones contenidas en el informe, durante la asamblea también surgieron cuestionamientos respecto de un pago por $25 millones efectuado a la Junta de Vigilancia de la Segunda Sección del Río Aconcagua. Según la minuta elaborada tras la reunión, algunos asistentes manifestaron inquietud debido a que el detalle y la justificación de dicho desembolso no habrían quedado suficientemente aclarados durante la sesión.

Asimismo, regantes denunciaron problemas de abastecimiento de agua en distintos sectores del canal, especialmente en el tramo final conocido como La Colonia, donde se reportaron dificultades sostenidas para acceder al recurso destinado al riego.

La jornada también contempló la renovación parcial del directorio de la Asociación. Alfredo Díaz fue ratificado como presidente de la organización, mientras que Nelson Silva y Carlos Albornoz se incorporaron como nuevos directores. La elección de este último generó cuestionamientos entre algunos asistentes debido a que, según la información expuesta en la asamblea, enfrenta una causa por presunta usurpación de aguas que actualmente está en etapa de investigación por parte de la Fiscalía.

Al cierre del informe, los Inspectores de Cuentas recomendaron al directorio y a todos los integrantes de la Asociación cumplir y hacer cumplir los estatutos vigentes, además de evaluar eventuales actualizaciones normativas mediante los procedimientos establecidos para ello. Cabe hacer presente que la exposición de estos antecedentes marcó una de las discusiones más relevantes de una asamblea que dejó en evidencia las diferencias existentes entre algunos accionistas y la administración del Canal de Arriba de Catemu respecto de la gestión y distribución de un recurso clave para la actividad agrícola de la comuna.

PURANOTICIA