Se trata de más de 250 hectáreas donde actualmente residen alrededor de 11 mil personas. En febrero, la erradicación había sido postergada por seis meses tras un entendimiento inicial para fijar la tasación del predio, mientras el Ministerio de Vivienda (Minvu) impulsaba cooperativas habitacionales como vía de acceso a la propiedad.
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El futuro de la megatoma ubicada en el cerro Centinela, en San Antonio, sigue en suspenso. A solo cuatro días de que venza el plazo judicial para su desalojo —el miércoles 27 de agosto— aún no existe un acuerdo entre el Gobierno y los propietarios de los terrenos.
Se trata de más de 250 hectáreas donde actualmente residen alrededor de 11 mil personas. En febrero, la erradicación había sido postergada por seis meses tras un entendimiento inicial para fijar la tasación del predio, mientras el Ministerio de Vivienda (Minvu) impulsaba cooperativas habitacionales como vía de acceso a la propiedad. Sin embargo, según consigna La Tercera, esa alternativa se ha ido debilitando y las conversaciones semanales en las oficinas del Minvu no han logrado destrabar el conflicto.
El alcalde de San Antonio, Omar Vera, expresó su preocupación: “La aprehensión nuestra es que el 27 de agosto vence el plazo para que la mesa instalada en el Minvu entregue luces de un posible acuerdo entre las partes para resolver la megatoma de San Antonio en el cerro Centinela, y todavía no vemos que se haya concretado”.
Uno de los principales obstáculos es la falta de certeza respecto al financiamiento de las cooperativas. Los dueños de los terrenos exigen un compromiso explícito del Banco Estado como entidad responsable del crédito, requisito que consideran indispensable. El Minvu, en tanto, asegura haber sostenido conversaciones con esa institución y con otra entidad financiera que actuaría como garante, aunque hasta ahora no existe un aval frente a posibles incumplimientos de pago.
Si el plazo se cumple sin acuerdo, los propietarios deberán informar a la Corte de Apelaciones de Valparaíso mediante un “téngase presente” y pedir la ejecución de la sentencia de desalojo. Esto abriría una nueva instancia de coordinación con el Ministerio de Seguridad, la delegación provincial y los municipios de San Antonio y Cartagena.
El desalojo ya ha sido pospuesto en ocasiones anteriores: primero, en noviembre de 2024, cuando el Gobierno pidió una prórroga; y luego en enero de este año, fecha en que la orden judicial volvió a postergarse hasta ahora.
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