Cristián Muga abordó ante Comisión de Minería y Energía los cuestionamientos a los reportes ambientales de la estatal en Concón, reconoció que se utilizaron metodologías que no estaban aprobadas por el Plan de Descontaminación para calcular la recuperación de azufre y explicó por qué ocho ejecutivos fueron desvinculados con sus indemnizaciones laborales.
Las irregularidades detectadas en los reportes ambientales de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) en la Refinería Aconcagua, ubicada en la comuna de Concón, fueron calificadas como hechos "graves" por el presidente del directorio de la estatal, Cristián Muga, quien aseguró que tanto la administración como el directorio mantienen esa evaluación luego de los antecedentes recopilados mediante una auditoría externa.
Muga expuso este miércoles 2 de septiembre ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, instancia convocada para abordar los cuestionamientos surgidos en torno a los reportes ambientales de la empresa y sus obligaciones asociadas a las emisiones de dióxido de azufre (SO2) y la recuperación de azufre.
En la sesión también participaron la ministra de Energía, Ximena Rincón; el gerente general de Enap, Julio Friedmann; el gerente Corporativo Legal, Eduardo Jara, y otros altos ejecutivos de la estatal. Al iniciar su intervención, el presidente del directorio enfatizó que la empresa pública tiene un deber especial de transparencia frente a una situación que, según reconoció, genera legítima preocupación en la comunidad.
"Hay un compromiso absoluto con la transparencia respecto de estos hechos. Ustedes no van a encontrar nunca en mí a un interlocutor que no les entregue información, que no ponga los hechos en conocimiento de la ciudadanía, porque entendemos que se trata de cuestiones graves que legítimamente ocupan la preocupación de la comunidad y que, por lo tanto, tenemos un deber institucional, yo diría como empresa pública especialmente, de ser particularmente transparentes y rigurosos en la entrega de información que hagamos en instancias como esta o en cualquier otra que se nos cite", comenzó diciendo el presidente del directorio de Enap.

Importante es recordar que, aunque los primeros antecedentes sobre lo ocurrido en la Refinería Aconcagua fueron detectados entre diciembre de 2025 y enero de 2026, y posteriormente informados a los ministros de Energía y Hacienda en la Junta de Accionistas del 29 de abril, el caso no se conoció públicamente en toda su dimensión sino hasta agosto, cuando comenzaron a revelarse detalles sobre las situaciones detectadas al interior de la estatal. Previamente, el 5 de mayo, los antecedentes también habían sido puestos en conocimiento del alcalde de Concón, Freddy Ramírez.
Según explicó Muga, las primeras señales fueron detectadas entre diciembre de 2025 y enero de 2026 por la administración de Enap, particularmente por la Gerencia de la Refinería Aconcagua. En ese periodo, indicó, se encontró evidencia técnica que mostraba "divergencias, discrepancias e inconsistencias" respecto de la forma en que se estaba dando cumplimiento a dos aspectos centrales del Plan de Prevención y/o Descontaminación Atmosférica (PPDA) en Concón, Quintero y Puchuncaví.
Uno de ellos correspondía a las emisiones de dióxido de azufre y el otro al proceso de balance o recuperación de azufre generado durante la refinación de combustibles.
"Estos procesos tienen que ver, en una parte, en aquello que dice relación con la emisión de SO2 y se vincula con cuánto azufre, en nuestro proceso de refinación, emitimos al medio ambiente. (...) Luego, existe el proceso de recuperación o balance de azufre, que no tiene que ver con emisiones, sino que con eficiencias en el proceso de recuperación de azufre durante los procedimientos de refinación de combustible. Durante ese proceso se produce azufre que debe ser recuperado y el PPDA lo que impone es una obligación en porcentaje de recuperación de ese azufre", indicó.
De acuerdo con su explicación, una de las situaciones detectadas fue que determinadas fuentes de emisión de azufre no habían sido incorporadas en la línea de base utilizada para el cálculo del PPDA. Entre ellas se encontraba el flaring, vale decir la antorcha que se observa en la refinería, además de otras fuentes de menor incidencia.
"Lo que se descubrió entre diciembre de 2025 y enero de 2026, fue que lo que refería a la emisión de azufre, nosotros no habíamos declarado en la línea de base del cálculo para el PPDA algunas fuentes de emisión de azufre, como eran el flaring, que es la antorcha que ven cuando pasan por refinería, una antorcha que está permanentemente prendida, y ese flaring –en lo que dice relación con el azufre– estaba no declarado, además de otras fuentes de menor incidencia", sostuvo el ejecutivo.

De igual forma, el presidente del directorio señaló que "esta es una cuestión que se remonta al inicio del PPDA, no es una cuestión actual. Esa ausencia de incorporación de esta fuente de emisión es una cuestión que está en la línea de base del cálculo de este PPDA. Y en lo que dice relación con la recuperación de azufre, el PPDA nos imponía una obligación de eficiencia del 98%. Es decir, nosotros estábamos obligados como Refinería Aconcagua a recuperar el 98% del azufre que producíamos en el proceso de refinación. Sin embargo, nuestra tasa real de recuperación era cercana al 90%".
El otro elemento central de las inconsistencias detectadas correspondía a la metodología utilizada para calcular la eficiencia de recuperación de azufre.
"Por una parte, no haber incorporado en la línea de base estas emisiones o estas fuentes de emisión. Y, por otro lado, estábamos detectando a esa fecha que se estaba reportando –mediante una metodología que no estaba aprobada por el PPDA– una eficiencia de recuperación que era irreal, porque reportábamos el cumplimiento del 98%, cuando en realidad no podíamos recuperar el 98%", dijo.
La administración informó de estos primeros antecedentes al directorio en enero de 2026. En ese momento, la información todavía tenía carácter preliminar, por lo que se decidió encargar una auditoría externa y especializada para determinar si los hallazgos eran efectivos y cuál era su profundidad. Ésta comenzó durante enero de este año y fue encargada a una empresa a través de su departamento forense.
El ejecutivo destacó la magnitud de la información revisada durante este proceso, diciendo que "esa auditoría recopiló información que solo podemos cuantificar en Terabytes, ya que son cientos y cientos de miles de datos de información".
Así es como en abril, antes de que Muga asumiera la presidencia del directorio, Enap recibió información que ya no tenía carácter preliminar y que había permitido analizar una parte importante de los antecedentes recopilados. Esos resultados confirmaron las situaciones detectadas inicialmente y permitieron identificar también comunicaciones internas entre ejecutivos vinculados a la Refinería Aconcagua.
"Se encontraron hallazgos que, tanto la administración como el directorio, calificó de graves y que nosotros seguimos calificando de graves. (...) Esos antecedentes ratificaron que las fuentes de emisión que he señalado no se encontraban incorporadas en la línea de base del PPDA y que, respecto a nuestra capacidad o nuestra eficiencia en la recuperación de azufre, habíamos estado utilizando metodologías no aprobadas por el PPDA para su cálculo".
También explicó que detectaron que "existían grupos de WhatsApp y de información electrónica adentro de la administración –no de la primera línea pero sí de la administración de Refinería– que con una intencionalidad que no me atrevo a calificar hoy día, había estado ocupando fórmulas y calificándolas de una manera que esta compañía y este presidente del directorio rechaza categóricamente".

El presidente de Enap también abordó específicamente las comunicaciones internas conocidas como el grupo "MasterChef", señalando que "eso nos demostró en abril de 2026 que existía efectivamente al interior de ciertos grupos de ejecutivos –aquí no hay trabajadores involucrados– que utilizaron metodologías no aprobadas, metodologías que discrepaban abiertamente de aquella aprobada por el PPDA y que para referirse a esa metodología ocupaban terminología en conversaciones electrónicas y en grupos de WhatsApp que son completamente reprobables".
Otro de los aspectos abordados durante la comisión fue la decisión de Enap de desvincular a ocho ejecutivos en enero de 2026, quienes a pesar de lo que habrían hecho recibieron sus respectivas indemnizaciones laborales. Estos pagos generaron cuestionamientos públicos, considerando que las desvinculaciones se produjeron en medio de los primeros antecedentes respecto de las irregularidades.
Muga explicó que "mucho se ha dicho acerca de que esos ocho ejecutivos fueron desvinculados pagando sus indemnizaciones laborales. Tengo que explicar esto: a enero del 2026 se desvinculó a esas personas con la información que se tenía y, al desvincularlas con la información que se tenía, se tenía que ponderar también los riesgos que significaba imputarles una causal de despido que después no pudiéramos probar. Eso implicaba riesgos no solo de recargo en multas y exponernos probablemente a dos, tres o por cuatro de la indemnización laboral pactada, sino también al riesgo de la reincorporación a la compañía".
Es por esto que el presidente del directorio recalcó que entendía que existiera una preocupación pública acerca de por qué esta compañía desvinculó de esa forma, pero recordó que "se desvinculó con la información disponible a enero del 2026".
Tras conocer los resultados de la investigación interna, el directorio de Enap decidió poner los antecedentes en conocimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) e iniciar acciones penales. Esta decisión fue adoptada de manera unánime, debido a que los antecedentes disponibles permitían advertir "indicios serios acerca de la comisión de delito", según expuso el ejecutivo en la Comisión de Energía y Minería.
Así es como el día 29 de abril se celebró la Junta de Accionistas, instancia en la que el Presidente José Antonio Kast delegó sus facultades –en representación de los accionistas– en el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Energía. En esa junta comparecieron ambos ministros: Ximena Rincón y Jorge Quiroz, quienes fueron informados de los mismos hallazgos que ya estaban en poder de la Enap.

"Y los ministros nos instruyeron dos acciones: primero, el presidente del directorio debía enviar un informe en el plazo de 15 días con todos estos hallazgos. Y segundo, nos dijeron que la presentación de las acciones era urgente, que no podía esperar. Y en cumplimiento de esa instrucción dada por los ministros, es que la administración de la compañía interpuso ambas acciones el mismo día 29, a requerimiento de los ministros", explicó ante los diputados y diputadas.
Posteriormente, los antecedentes fueron incorporados a un primer informe denominado «Informe sobre balance de azufre», elaborado y firmado por una consultora, cuyo documento profundizó y respaldó los hallazgos que habían sido informados al directorio previamente, incorporando antecedentes derivados del análisis de información electrónica y comunicaciones internas de la Refinería Aconcagua de Concón.
"Ese informe es categórico en cuanto a sus hallazgos, pero este primer informe es sobre balance de eficiencia de azufre; el informe sobre emisiones está todavía pendiente, ya que estamos esperando que nos llegue su versión final", indicó Muga.
El documento fue solicitado por los ministerios de Energía y Hacienda. Inicialmente, Enap evaluó si podía entregar el informe completo debido a razones de confidencialidad y, según Muga, el directorio lo mandató para entregar un resumen fiel del documento original. Sin embargo, la ministra de Energía, Ximena Rincón, consideró que dicho resumen era insuficiente y solicitó que se entregara el informe original.
"Ahí, quien les habla, el presidente del directorio, fui mandatado para encontrar la mejor forma de cumplimiento. En mi opinión (...) entendí que la única forma de cumplimiento leal y transparente era entregar el informe a ambos ministerios en su versión original, sin ediciones y sin resumen, cosa que hice el día el día 24 de agosto. El día 27 y 28 de agosto, este mismo informe original, sin ediciones, sin ningún tipo de resumen, fue entregado a la SMA y al Ministerio Público", señaló el expositor.

Finalmente, el presidente del directorio realizó una precisión respecto de las emisiones de dióxido de azufre, diferenciando los cuestionamientos relacionados con la línea de base y las metodologías de cálculo de una eventual superación de la norma primaria de calidad del aire. Así, aseguró que los sistemas de monitoreo instalados en la zona no han registrado desde 2019 episodios de superación del límite establecido para SO2.
"Sin desconocer la gravedad que significa que en la línea de base de la metodología del PPDA no se hayan incorporado fuentes de emisiones tan significativas como la antorcha, tengo que decirles también que todas las fuentes de monitoreo que están en la zona desde el año 2019 hasta la fecha no han mostrado ni siquiera un evento de superación del límite de emisiones norma calidad primaria para SO2", expuso.
El ejecutivo insistió en que, "si bien, este es un asunto extremadamente grave, con el cual esta compañía está comprometida en su solución final y no va a tener ningún tipo de miramientos al momento de tener que tomar decisiones que las tenemos que tomar, tengo que decirles con la misma seriedad que la norma de calidad del aire respecto de SO2 no ha sido superada desde el año 2019 a la fecha".
Finalmente el ejecutivo manifestó que "para nosotros esto no es simplemente una estadística. Todos nuestros trabajadores de Refinería Aconcagua viven en la zona, son personas de Quintero, Concón y Puchuncaví, y que, por lo tanto para nosotros, no superar normas primarias de calidad del aire es básico, porque no solo afecta a la comunidad en general, afectaría a la calidad de vida de nuestros trabajadores".
PURANOTICIA