¿Hay querella o no? Social Arquitectura y San Sebastián desmienten al Minvu y reportan otra falsedad del ministro Iván Poduje

Otra controversia más parece abrirse en torno al ya polémico proceso de reconstrucción tras el megaincendio en El Olivar, en la parte alta de Viña del Mar; esto, luego que tanto la entidad patrocinante Social Arquitectura como la constructora San Sebastián desmintieran públicamente la existencia de querellas presentadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en su contra, tal como fue afirmado en una declaración pública difundida por la cartera este jueves 9 de julio. La situación instala una nueva interrogante en medio del extenso conflicto: ¿existen realmente esas querellas o la cartera de Iván Poduje volvió a entregar información errónea?

El origen de la polémica se encuentra en la declaración pública emitida por el Minvu, donde se sostuvo que las familias de El Olivar decidieron poner término a sus contratos con Social Arquitectura y Constructora San Sebastián, agregando que ambas empresas "desde marzo enfrentan querellas por parte del Ministerio" por ocho delitos, como estafa agravada, uso malicioso de instrumento falso, fraude al fisco, coacción, amenazas y tráfico de influencias, cuasidelito de peligro por infracción a normas de seguridad estructural y obtención fraudulenta de prestaciones estatales.

Esa misma versión fue expuesta minutos antes por el seremi de Vivienda y Urbanismo, Marcelo Ruiz, durante un punto de prensa convocado por el propio equipo de comunicaciones del Minvu. En la instancia, la autoridad señaló que "estas familias, que son propietarias de sus viviendas, manifestaron expresamente su decisión de poner término a los contratos con la entidad patrocinante Social Arquitectura y la constructora San Sebastián, que desde marzo enfrentan querellas por parte del Ministerio, por ocho delitos y en relación con contratos por 709.143,09 UF de patrimonio fiscal".

Sin embargo, a diferencia del texto distribuido posteriormente a los medios de comunicación, la autoridad regional del Minvu no individualizó cuáles eran esos supuestos delitos, pese a que la declaración oficial sí los detallaba expresamente.

DESMIENTEN QUERELLAS

Frente a esas afirmaciones, la abogada Érika Maira, representante de Social Arquitectura, aseguró que la información entregada por el Ministerio no se ajusta a la realidad.

"Social Arquitectura Ltda., Entidad Patrocinante de los proyectos de viviendas del sector de El Olivar, Viña del Mar, declara que no existen querellas presentadas en su contra, ni en contra de ninguno de sus socios, lo que puede ser corroborado en la página oficial del Poder Judicial a través de la pestaña Consulta Unificada, de libre acceso al público. Por esta razón debemos aclarar que el comunicado oficial del Minvu falta a la verdad cuando declara que esta organización 'desde marzo enfrenta querellas por parte del Ministerio por ocho delitos'", afirmó la abogada que representa a la firma.

Asimismo, explicó que quienes sí recurrieron a la justicia fueron precisamente ellos, indicando que "el 5 de junio de 2026, Social Arquitectura Ltda. presentó una querella en contra del ministro de Vivienda Iván Poduje; el seremi de Vivienda Marcelo Ruiz; y el director (s) del Serviu Rodrigo Muñoz, por los delitos de prevaricación administrativa reiterada, falsificación ideológica y material de instrumento público, y fraude al Fisco, la que fue acogida a tramitación por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar bajo el RIT 5900-2026, y enviada a la Fiscalía de Anticorrupción de la Fiscalía Regional de Valparaíso para su investigación".

La representante legal también cuestionó el origen de la decisión impulsada por el Minvu para terminar los contratos con las empresas, manifestando que "uno de los hechos más graves que fundan la querella fue precisamente la falsificación ideológica de la Resolución N° 3384 de 9 de abril de 2026, por la que el director del Serviu instruyó a las familias a poner término anticipado a los contratos de construcción suscritos con la empresa constructora San Sebastián Ltda. y la entidad patrocinante Social Arquitectura Ltda. La resolución afirma que los Inspectores Técnicos de Obra (ITO) emitieron informes técnicos que dan cuenta de la existencia de graves fallas constructivas -única manera de terminar los contratos- pero esto nunca ocurrió".

Sin embargo, continuó señalando que "la resolución así lo sostuvo y fundó una campaña de varios días en que se citó a las familias a firmar desvinculaciones de contratos y demolición de sus viviendas. A la par, se inhabilitó a ambas empresas para continuar los contratos de modo que a las familias no les quedó otra alternativa que firmar para avanzar en la esperanza de la reconstrucción de sus viviendas. Toda la documentación que respalda estas afirmaciones fue puesta a disposición de la Fiscalía. Por lo tanto, no es efectivo que los vecinos pusieron término libre y voluntariamente a los contratos, máxime si existen múltiples testimonios de presiones ejercidas sobre ellos para firmar formularios prescritos por las autoridades querelladas".

En esa misma línea, Maira afirmó que "las autoridades han faltado a la verdad frente a las familias al emprender un camino ilegal en el que no pueden avanzar en la reconstrucción, no solo por la resolución de los Tribunales de Justicia, sino por los recientes rechazos a los permisos de edificación que han pretendido obtener ante la Dirección de Obras Municipales y que han fracasado por su flagrante ilegalidad".

De igual forma, remarcó que "si el ministro hubiese respetado los contratos legalmente suscritos entre las partes, la Ley General de Urbanismo y Construcción, su Ordenanza y el DS 63 del Minvu, una parte importante de las familias ya habría recibido sus viviendas en pleno cumplimiento de las normas constructivas vigentes, y el resto tendría certezas de entrega y calidad. Hoy esperamos que la justicia restablezca el imperio del derecho y dé pronta solución a este lamentable conflicto, para no retardar más la respuesta a las familias damnificadas, cuya situación se encuentra determinada por el errado desempeño de un ministro de Estado".

APUNTAN CONTRA PODUJE

Una postura similar manifestó el abogado Jaime Barrientos, representante de constructora San Sebastián, quien aseguró que "a la fecha no hemos sido notificados de ninguna querella interpuesta por el Ministerio de Vivienda y más parece ser parte de este espectáculo que ha montado el ministro desde antes incluso de asumir como Ministro de la cartera de Vivienda y que solo está perjudicando a los vecinos. Yo llamo respetuosamente al ministro a aplicar la ley y los contratos. Estos últimos establecen la forma de liquidar los contratos cuando hay controversia entre las partes. Esto es tan fácil como aplicar el contrato y la ley vigente".

Asimismo, planteó que "el ministro Poduje ha descalificado, ha injuriado, ha amenazado, ha actuado con una prepotencia inusitada, una prepotencia que realmente es impropia de una investidura tan alta como la de un Ministro de Estado. Creo que es momento de actuar con racionalidad, de encauzar esto en el plano técnico-jurídico. Constructora San Sebastián está disponible para continuar la ejecución de los contratos, así como para liquidarlos conforme a lo que dice la norma del contrato y la norma legal. Eso es lo que solicitamos y es lo que cualquier persona seria habría hecho. Lamentablemente, el Ministerio, encabezado por el señor Poduje, ha preferido montar este verdadero espectáculo que no está beneficiando a nadie".

Barrientos insistió en apuntar contra el secretario de Estado, subrayando que "lamentamos la conducta del ministro Poduje. Desde un comienzo, en lugar de buscar soluciones para los vecinos, se ha comportado como un influencer. Ha estado más preocupado de refrendar y confirmar las opiniones que expresó como consultor privado de Atisba y luego durante la campaña, que buscar soluciones reales para los vecinos. Es profundamente decepcionante que el ministro Poduje continúe en esta disputa absolutamente inconducente".

También expresó que "hay un tribunal de la República que dictó una resolución en virtud de la cual un perito imparcial será quien determine si constructora San Sebastián ejecutó o no aquellos proyectos para los cuales fue mandatado. Nuestra tesis que hemos sostenido desde el comienzo de este proceso consiste precisamente en que constructora San Sebastián se ciñó al proyecto, al diseño, a los contratos vigentes, y que si hay algún defecto en dichos diseños, es precisamente responsabilidad del Serviu, que es quien aprobó dichos proyectos".

Finalmente, enfatizó que "la resolución dictada por el Segundo Juzgado Civil de Valparaíso es clara, contundente y obedece a un razonamiento jurídico impecable, que nos tiene muy tranquilos. Habrá, le guste al Ministro o no, una pericia determinada por un tercero imparcial que determine si San Sebastián ejecutó el proyecto tal cual como le fue entregado y aprobado por el Serviu. Ministro, respetemos la institucionalidad, respetemos la resolución dictada por el Juzgado Civil de Valparaíso".

"Aquello permitirá enmarcar esta controversia en el plano técnico-jurídico, que es aquello donde se resuelven en una democracia, en una República, las controversias. Lo llamamos a respetar la institucionalidad vigente y a poner el interés de los vecinos por sobre sus propios intereses políticos", sentenció el jurista.

Así, el conflicto por la reconstrucción de El Olivar suma un nuevo episodio. Mientras el Minvu sostiene públicamente que Social Arquitectura y San Sebastián enfrentan querellas por ocho delitos, ambas empresas aseguran que esas acciones penales simplemente no existen y que, por el contrario, quienes son investigados tras una querella son el propio ministro Iván Poduje, el seremi Marcelo Ruiz y el director (s) del Serviu, Rodrigo Muñoz. En ese escenario, la principal interrogante que queda abierta es una sola: ¿hay realmente querellas del Minvu contra las empresas o la cartera volvió a entregar información que no se ajusta a la realidad?

PURANOTICIA