Un informe al que accedió Puranoticia.cl da cuenta que, habiendo transcurrido más de un año de la tragedia del 2 y 3 de febrero de 2024, el 83,36% de las familias afectadas no cuentan con un subsidio o, bien, el que les fue asignado aún no se encuentra en etapa de ejecución.
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Un verdadero mazazo fue el que dio la Contraloría Regional de Valparaíso al proceso de reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, luego que se dieran a conocer los resultados de un exhaustivo análisis al estado de avance del plan presentado por el Gobierno durante el año pasado.
El ejercicio se realizó a solicitud del diputado Andrés Celis, quien pidió determinar el estado de ejecución del plan, en particular el procedimiento administrativo de reconstrucción utilizado; el número de viviendas reparadas o reconstruidas; y el estado de cumplimiento de políticas públicas de acompañamiento, tales como bonos, atenciones de salud, psicológicas y otras patologías derivadas del incendio.
La entidad fiscalizadora de los órganos del Estado también llevó a cabo una auditoría al financiamiento contemplado para la reconstrucción, así como determinar las fuentes de financiamiento público. También se pidió determinar si los impuestos sustitutivos de impuestos finales (ISIF) pueden ser destinados directamente al financiamiento del plan, sin que a su juicio exista una norma legal que lo autorice.
El detalle de los resultados de la investigación desarrollada por la entidad de control fue entregado en un informe de 28 páginas, al cual pudo acceder Puranoticia.cl.
Fue el 5 de junio de 2024 cuando el Ministerio de Desarrollo Social aprobó el «Plan de Reconstrucción Incendios Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, Región de Valparaíso, año 2024», cuyo contenido fue acordado por el Comité de Ministros para la Reconstrucción, de forma unánime, el 23 de marzo. Este instrumento definió la implementación de 166 medidas a ser ejecutadas entre 2024 y 2028, estructuradas en siete ejes y por un monto que bordeó los mil millones de pesos ($995.222.700).
Importante es mencionar que se instruyó a Patricio Coronado Rojo para que cumpla la labor de Gerente Técnico de la Reconstrucción, quien aseguró a Contraloría que para asegurar un seguimiento efectivo del plan de reconstrucción, se implementó un sistema de administración de cartas Gantt a través del software Microsoft Project, que permite a los servicios públicos encargados de la implementación de las medidas, reportar mensualmente los avances de manera detallada y organizada.
Y aunque, al 31 de diciembre de 2024 reportó que el avance global de cumplimiento de los 7 ejes del plan era de un 26%, lo concreto es que se detectó una falta de ejecución del plan en relación a las medidas previstas para el año 2024. En concreto, de las 166 medidas establecidas, 34 de ellas tenían como plazo de ejecución el año 2024, respecto de las cuales ninguna se cumplió en su totalidad. 11 de ellas incluso registraron un 0% de avance o sin plan, y otras 10 con un avance inferior al 28%.
El Gerente Técnico para la Reconstrucción explicó que las replanificaciones de las 34 medidas señaladas fueron decididas por los servicios públicos involucrados. Pese a ello, no consta que estas decisiones hayan sido formalizadas por la máxima autoridad de esas entidades, a través un acto administrativo debidamente fundado, ni que estos nuevos plazos hayan sido aprobados por el Comité de Ministros para la Reconstrucción.
A juicio de la entidad de control, esto "denota una falta de control y coordinación sobre el cumplimiento a lo resuelto por el Comité de Ministros para la Reconstrucción". Por ello, Contraloría estableció que corresponde que, si se estima pertinente la modificación de los plazos para la ejecución de las medidas, sea aprobada por el Comité de Ministros para la Reconstrucción y formalizado por la Ministra de Desarrollo Social.
Sumado a lo anterior, el estudio de la Contraloría advirtió que 5 de las 34 medidas señaladas, cuya implementación corresponde al Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso, fueron informadas "sin plan". Consultado por lo ocurrido, el gerente Patricio Coronado explicó que al 31 de diciembre de 2024 no se había recibido respuesta de parte del Gore a los oficios de enviados por esa Gerencia entre julio y diciembre de ese año y que recién el 10 de enero del 2025 remitieron información del avance de los compromisos, pero que dicha información no contenía el nivel de detalle requerido para cumplir con el objetivo del seguimiento, además de no ajustarse al formato solicitado.
También comentó que el pasado 13 de marzo recibió de parte del Gore una planilla con el avance de las medidas, información de la que dijo que "será analizada".
En su informe, la Contraloría Regional de Valparaíso indicó que lo recientemente expuesto "representa una vulneración al deber que recae sobre los órganos integrantes de la Administración del Estado, en cuanto a que en el ejercicio de sus funciones y en el resguardo del interés público, deben cumplir los principios de control, eficiencia, eficacia y coordinación", agregando que esto no sólo implica evitar la duplicidad de labores, sino también concertar medios y esfuerzos con un fin común.
Asimismo, estableció que corresponde que el Gobierno Regional de Valparaíso remita a la Gerencia Técnica para la Reconstrucción el detalle de las acciones adoptadas para dar curso a las medidas del Plan de Reconstrucción que le conciernen, lo que deberá ser acreditado a la Contraloría Regional.
En el marco del estudio efectuado por el órgano fiscalizador a las medidas habitacionales del plan de reconstrucción, la seremi de Vivienda y Urbanismo, Belén Paredes, informó que el Serviu declaró en septiembre de 2024 el cierre del catastro masivo, identificando un total de 5.624 viviendas afectadas por el megaincendio.
También mencionó que el proceso de catastro es dinámico, ya que los datos varían, traduciéndose en que el número final de viviendas catastradas puede aumentar o disminuir en el tiempo por la reevaluación de daños. Así es como informó que, al 3 de marzo de 2025, las viviendas catastradas, ya sean regulares o de campamentos, ascienden a 6.261, pero que esa cifra no ha sido sancionada por resolución. De ese total, 4.438 presentan algún tipo de daño y que, de estas últimas, 3.503 pertenecen a familias calificadas como hábiles para acceder a algún subsidio habitacional.
En tanto, de esas 3.503 familias calificadas como hábiles, se han asignado 2.598 soluciones habitacionales, que presentan distintos niveles de desarrollo: 40 han sido entregadas, 543 se encuentran en ejecución y 2.015 por iniciar, según Paredes.
La Seremi Minvu precisó que por "entregadas" debe entenderse que el proceso de reconstrucción se encuentra terminado y que la familia ya está habitando su vivienda definitiva; que las "en ejecución" son los casos donde ya se han iniciado las obras de construcción; y que las "por iniciar" son cuando el proyecto de construcción aún no cuenta con calificación del Serviu, es decir, aun no tiene autorización para iniciar obras. En ese sentido, explicó que en etapa "por iniciar" se reporta un total de 1.550 casos de "subsidios asignados cuyo beneficiario aún no ha elegido la tipología".
Sobre estos puntos, la Contraloría Regional explica que, si bien, entiende que el catastro es dinámico y que aumentó el total de viviendas afectadas (de 5.624 a 6.261), "ello no exime a tales servicios de su obligación de actualizar fundadamente esos datos mediante la dictación del respectivo acto administrativo". Por ello, tanto el Serviu como la Seremi de Vivienda deberán sancionar el catastro de casas afectadas a través del acto administrativo, que deberá ser remitido a la entidad de control de la región.
Otro punto que fue estudiado dice relación con el hecho que de las 3.503 familias afectadas que califican como hábiles para recibir un subsidio habitacional, a 905 no se les ha asignado un subsidio, y que de las 2.598 a las que ya se les otorgó ese beneficio, 2.015 se encuentran en estado por iniciar, lo que implica -según lo informado por la Seremi de Vivienda y Urbanismo-, que esos casos aún no cuentan con calificación del Serviu, por lo que no tienen autorización para iniciar obras.
De esta manera, al 3 de marzo de 2025, los grupos familiares a los cuales no les ha sido asignado un subsidio habitacional o que bien, teniéndolo asignado no cuentan con autorización para iniciar obras, totalizan 2.920, lo que representa el 83,36% de las 3.503 familias afectadas que califican como hábiles para el otorgamiento de un subsidio habitacional. Asimismo, aparece que los subsidios a 543 grupos familiares figuran en estado de ejecución y 40 como entregado -es decir, habitando su vivienda definitiva-, lo que representa al 15,50% y 1,14%, respectivamente.
Dicho de otra manera, habiendo transcurrido más de un año del megaincendio, el 83,36% de familias afectadas no cuentan con un subsidio o, bien, el subsidio que les fue asignado aún no se encuentra en etapa de ejecución. Por lo anterior, se ordenó tanto al Serviu como a la Seremi de Vivienda que adopten las medidas necesarias y pertinentes para concretar la entrega y ejecución de las soluciones habitacionales.
Además, Contraloría ordenó tanto al Serviu como a la Seremi de Vivienda que instruyan los procedimientos disciplinarios correspondientes para determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de la tardanza en la asignación de los subsidios habitaciones y la autorización del inicio de las obras.
Con motivo del megaincendio de febrero de 2024, la Contraloría Regional adelantó que está ejecutando dos auditorías: una en la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, relacionada con las adquisiciones de bienes y servicios para atender la emergencia; y otra en la Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso, sobre las demoliciones de viviendas afectadas por el mismo siniestro. Esta segunda entidad también es indagada por presuntas irregularidades en la contratación de un determinado proveedor para llevar a cabo las demoliciones de viviendas afectadas.
En tanto, la División de Fiscalización de la Contraloría General ejecuta una investigación especial al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), que pone la lupa al proceso de instalación y recepción de viviendas de emergencia.
Pero adicionalmente, la sede regional del órgano fiscalizador se encuentra planificando una serie de productos de fiscalización sobre la correcta asignación de los subsidios habitacionales otorgados a las familias afectadas y la verificación de los avances y gastos ejecutados en el marco del plan de reconstrucción.
Una vez conocidas todas las conclusiones a las que arribó la Contraloría Regional, Puranoticia.cl tomó contacto con el diputado Andrés Celis, quien presentó un requerimiento para que se investigara el plan de reconstrucción tras el megaincendio.
Bajo este contexto, expuso que "el informe de la Contraloría deja al descubierto una serie de fallos graves y sistemáticos en la gestión del proceso de reconstrucción tras los incendios forestales que asolaron la región de Valparaíso. A pesar de la magnitud de la tragedia, el 83,36% de las 3.503 familias elegibles para recibir un subsidio habitacional aún no han visto un avance tangible en su proceso de reconstrucción. Esto equivale a 2.920 familias que no sólo han tenido que lidiar con la pérdida de sus hogares, sino que también se enfrentan a la inacción y la burocracia de las instituciones responsables, como el Serviu y la Seremi de Vivienda y Urbanismo".
Respecto a las familias que efectivamente han recibido algún tipo de apoyo (15,50% que han comenzado la ejecución de sus casas y un miserable 1,14% que las habitan), precisó que "estos números reflejan la profunda ineficiencia y el desdén con el que se ha manejado una de las catástrofes más devastadoras de la región. Si consideramos que, más de un año después de la tragedia, las autoridades responsables no han logrado resolver ni el 20% de los casos, la situación es, por decir lo menos, alarmante".
Celis prosiguió indicando que "lo más grave de todo es que, mientras las familias siguen esperando la asignación de subsidios y la autorización para comenzar las obras, la respuesta institucional ha sido insosteniblemente lenta y descoordinada. La Contraloría no sólo señala los nulos avances, sino también la falta de una estrategia clara y una supervisión adecuada sobre el uso de los recursos destinados para la reconstrucción. En pocas palabras, ha quedado claro que las autoridades están completamente desbordadas, sin la capacidad de garantizar una reconstrucción efectiva y oportuna para las familias afectadas".
A su juicio, esto no es sólo un problema administrativo, sino que "es un desastre humano que ha dejado a miles de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad. La Contraloría también evidencia que, a pesar de las promesas de celeridad, el proceso ha estado marcado por la falta de coordinación interinstitucional, la deficiente gestión de los recursos y la parálisis en los trámites administrativos".
"Lo mínimo que se puede exigir aquí es que, con la máxima urgencia, se tomen medidas inmediatas para corregir esta situación. No podemos seguir permitiendo que las familias afectadas sigan en la incertidumbre y la desesperación. Las autoridades deben responsabilizarse de sus errores y fallos y garantizar que los subsidios se entreguen sin más dilaciones. A estas alturas, es inaceptable que más del 80% de las familias sigan esperando. Las promesas ya no son suficientes, necesitamos acción inmediata y resultados tangibles", sentenció el diputado Celis.
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