Acción está dirigida contra una serie de instituciones del Estado, producto de las "ilegalidades y arbitrariedades" cometidas en el contexto de las intoxicaciones ocurridas en Quintero y Puchuncaví, según indicaron en el documento presentado por las entidades.
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Luego que a fines de septiembre se informara de la presencia de fuertes olores a gas y cloro en la comuna de Quintero, se registraron 127 atenciones de salud por cefaleas, vómitos, dolor abdominal, irritación ocular y mareos en estudiantes y docentes de esta zona de la región de Valparaíso, situación que se repitió en los días siguientes.
Desde entonces, casi 200 personas han asistido a los recintos sanitarios aquejados por síntomas coincidentes con intoxicaciones (en su mayoría, menores de edad) y, de ellos, más de un centenar fue diagnosticado con “intoxicación T59”, sistema de clasificación internacional referido al efecto tóxico de gases, humos y vapores.
Por esta razón, abogadas de AIDA y Greenpeace, en representación de familias y organizaciones ambientales, interpusieron un recurso de protección en contra de una serie de instituciones y organismos del Estado, producto de las "ilegalidades y arbitrariedades" cometidas en el contexto de las intoxicaciones ocurridas en Quintero y Puchuncaví, que han aquejado a sus habitantes hasta la fecha, según indicaron.
Estos hechos han afectado gravemente a quienes habitan la zona, particularmente a niños y jóvenes, vulnerando sus garantías constitucionales, como el derecho a la vida y la integridad física y psíquica; la igualdad ante la ley, y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, todas consagradas en la Constitución.
Juan Francisco Zapata, abogado de AIDA, expresó que "solicitamos a la Corte de Apelaciones de Valparaíso restaurar el imperio del derecho y ordenar medidas como la paralización del complejo industrial cada vez que una persona menor de edad sea diagnosticada con intoxicación T59 en la zona".
Desde Greenpeace Chile recordaron que en 2019, atendiendo la gravedad de la situación vivida en Quintero y Puchuncaví, la Corte Suprema ordenó un listado extenso de medidas preventivas, correctivas y de gestión ambiental y sanitaria, dirigidas a las autoridades para hacer frente a este tipo de episodios.
Roxana Núñez, abogada de Greenpeace Chile, comentó que "exigimos que, en primer lugar, se dé cumplimiento pleno a la sentencia de la Corte Suprema de 2019: es insólito que hayan pasado seis años y aún no se acate el dictamen del máximo tribunal, vulnerando los derechos de miles de habitantes de estas comunas”.
Algunas de las acciones que incluye el petitorio de este recurso de protección incluyen la ya mencionada paralización temporal y automática de faenas del cordón industrial ante cada nuevo diagnóstico de intoxicación por contaminación, con foco en niños, niñas y adolescentes; monitoreo continuo y público (Compuestos Orgánicos Volátiles -VOC-, vientos y mareas, por ejemplo) y trazabilidad de estos; cumplimiento total del fallo de la Corte Suprema de 2019 y el establecimiento de un plan de reparación ambiental y sanitaria en la zona, así como de protocolos de atención integral con derivación y seguimiento a personas afectadas, entre otros requerimientos.
PURANOTICIA
