La falta de respuesta del equipo jurídico municipal y la omisión de pruebas clave dejaron a la casa edilicia sin defensa efectiva en una demanda que supera los $30 mil millones.
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En una verdadera debacle procesal terminó convirtiéndose para la Municipalidad de Valparaíso la causa judicial asociada al proyecto habitacional que el empresario Nicolás Ibáñez, a través de la Inmobiliaria del Puerto SpA, intentó materializar en las 10 hectáreas adquiridas en el barrio O'Higgins para la iniciativa Parque Pümpin.
Los terrenos fueron comprados el año 2013, mientras que el 2015 la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Valparaíso –durante la gestión del UDI Jorge Castro– aprobó el permiso de construcción para múltiples edificios. Ya el 2016, el alcalde Jorge Sharp acogió reclamos de vecinos y declaró ilegal este permiso, dando inicio a una disputa administrativa y judicial con la inmobiliaria, que ahora se denomina «Caso Pümpin».
En abril de 2018, la DOM –en gestión de Sharp– ordenó paralizar las obras tras un oficio de la Seremi de Vivienda indicando la caducidad del permiso. Así es como la inmobiliaria recibe multas por obras sin permiso, confirmadas por tribunales de policía local. No obstante, en abril de 2020, la Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró ilegal el decreto de la casa edilicia porteña que anuló los permisos, abriendo paso al proyecto.
En septiembre de 2021, la Corte Suprema rechazó los recursos de casación presentados por el Municipio de Valparaíso y vecinos porteños, confirmando que los permisos de construcción no eran nulos por motivos formales, respaldando así la legalidad del proyecto. Sin embargo, la inmobiliaria desiste del proyecto y apunta a vender el terreno o buscar acuerdos para terminar con el largo conflicto judicial.
Ya en octubre de 2024, la Sociedad de Gestión Inmobiliaria (Sogin) SpA –ex Inmobiliaria del Puerto– presentó una demanda de indemnización de perjuicios contra el Municipio de Valparaíso, basándose en la paralización y actos municipales contra los permisos que –según Sogin– causaron daños económicos y perjuicios. Esto, a su vez, abrió paso a uno de los mayores escándalos judiciales que ha enfrentado la ciudad.
Durante los últimos días de la gestión Sharp, la demanda se notificó al Municipio el 14 de noviembre de 2024. Apenas seis días después, el 20 de noviembre, la «Alcaldía Ciudadana», a través de su Dirección Jurídica, contestó con una defensa que, en ese momento, parecía sólida: se alegó falta de legitimación activa, caducidad del permiso y prescripción, además de cuestionar la relación de causalidad. Pese a ello, el rumbo del juicio cambió drásticamente con la administración de Camila Nieto...
Fue el 6 de diciembre de 2024 cuando el Frente Amplio (FA) tomó el control municipal en la ciudad, llegando consigo un nuevo equipo jurídico. 18 días después de este hito comunal, el tribunal recibió la causa a prueba, fijando los hechos controvertidos, como se logra apreciar en los documentos a los que accedió Puranoticia.cl.
Durante marzo del año 2025, la nueva directora jurídica de la Municipalidad de Valparaíso, Daniela Tapia Bustos, asumió exclusiva y formalmente el patrocinio de la causa, quedando como responsable exclusiva de la defensa municipal.
Desde entonces, los errores se multiplicaron: el 20 de junio de 2025 se notificó la resolución que recibía la causa a prueba y tan sólo cuatro días más tarde, el 24 de junio, la inmobiliaria presentó un recurso de reposición. El tribunal porteño dio traslado al Municipio el 25 de junio, sin embargo el equipo jurídico no contestó nada. En un intento desesperado por revertir la omisión, la administración de Camila Nieto presentó el 2 de julio un incidente de nulidad, alegando que nunca había sido notificado, pese a que el expediente mostraba claramente la notificación a la directora jurídica Daniela Tapia.
A pesar de este intento, el Juzgado Civil de Valparaíso rechazó el incidente el 9 de septiembre de 2025, marcando el inicio de la catástrofe probatoria.
La situación se agravó aún más el 17 de septiembre de 2025, cuando Sogin SpA presentó su lista de testigos dentro de plazo. La Municipalidad, en cambio, no presentó ninguna lista, quedando sin prueba testimonial. Desde ese momento, sólo la parte demandante ha rendido prueba, mientras que la gestión Nieto quedó en absoluta indefensión, incapaz de acreditar los argumentos expuestos en su contestación.
Abogados consultados por Puranoticia.cl advierten que esta cadena de errores podría constituir un notable abandono de deberes por parte de la alcaldesa Camila Nieto, acción que puede ser reclamada por los concejales ante el Tribunal Electoral Regional (TER), no sólo por la grave negligencia en la conducción del juicio, sino también por la cifra comprometida, superior a $30 mil millones (811.003 UF), lo que podría convertirse en una condena histórica contra el Municipio y, en definitiva, contra Valparaíso.
PURANOTICIA
