A raíz de la reciente amenaza que obligó a la U. de Las Américas a suspender sus actividades presenciales en Viña del Mar, las autoridades regionales anunciaron una estrategia para unificar la respuesta ante este tipo de hechos y resguardar a las comunidades educativas.
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La preocupación por la seguridad en los establecimientos educacionales de la región de Valparaíso ha escalado a nivel gubernamental. Tras la amenaza anónima que afectó este viernes al campus Los Castaños de la Universidad de Las Américas (UDLA) —institución que debió activar protocolos preventivos, trasladar sus clases a modalidad online y poner los antecedentes a disposición de la justicia—, el Gobierno Regional anunció medidas para evitar la disparidad de criterios ante estos incidentes.
El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, explicó que actualmente cada establecimiento, desde la educación básica hasta la universitaria, posee protocolos autónomos. Esta falta de uniformidad genera respuestas distintas ante hechos de similar gravedad: mientras en algunos casos solo se suspenden las clases, en otros se procede de inmediato a realizar una denuncia formal.
"Es superimportante establecer un criterio único, porque ante un mismo hecho hay que tener la misma respuesta", señaló la autoridad regional. Para avanzar en esta línea, el Ejecutivo ya tiene programada una reunión con rectores universitarios con el fin de estandarizar estos criterios y traducirlos en un protocolo común.
La magnitud del problema se refleja en las cifras judiciales. Hasta el pasado jueves, la Fiscalía Regional ya registraba 100 causas abiertas por amenazas en contextos educativos, debido a la obligación del organismo de investigar cada vez que se presenta una denuncia. En este sentido, la Fiscal Regional ya sostuvo una cita con los directores de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y se espera realizar un trabajo similar con la educación superior.
Como medida inmediata, se ha reforzado la coordinación con Carabineros para establecer resguardos necesarios y, en casos específicos, vigilancia especial para dar tranquilidad a padres y apoderados que ven estos mensajes como una amenaza directa.
El Gobierno también lanzará una estrategia comunicacional para informar a la ciudadanía sobre los procedimientos correctos a adoptar frente a estas crisis. Asimismo, se confirmó que este lunes se llevará a cabo un comité policial cuyo tema principal será abordar esta ola de amenazas que afecta a la región.
"Haremos todo lo necesario para evitar algún tipo de desgracia", enfatizó la autoridad, subrayando que el diálogo y la estandarización de procedimientos son las herramientas clave para enfrentar este fenómeno internacional que hoy impacta a nivel local.
(Imagen de referencia)
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