El operativo de demolición se da en cumplimiento a un mandato judicial que busca restituir la legalidad urbanística de este sector y devolver la propiedad a sus dueños.
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A primera hora de este martes 30 de septiembre se dio inicio al procedimiento de demolición de las 140 viviendas instaladas en la toma Calicheros, en Quilpué, instancia para la que se requirió de apoyo de la fuerza pública, aunque ésta no ha debido intervenir pues no se han generado hechos de violencia como se habían advertido previamente.
El operativo se da en cumplimiento a un mandato judicial que busca restituir la legalidad urbanística de este sector y devolver la propiedad a sus dueños, la familia de Alejandro Correa, empresario asesinado por un sicario colombiano en mayo del año 2020 en Quilpué, días después que éste denunciara la usurpación del predio.
El trabajo es desarrollado por una empresa contratada por el Serviu de Valparaíso, donde el mandante es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que trabaja de la mano con la Delegación Presidencial, la Seremi de Seguridad Pública, Carabineros, Policía de Investigaciones, Municipalidad de Quilpué y empresas de servicios básicos, que procedieron con los cortes de agua y de electricidad en el lugar.
Sobre el procedimiento, el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, expuso que "están trabajando las máquinas que están haciendo la demolición. Afortunadamente ha sido un proceso tranquilo, ha sido un proceso en calma, sin necesidad de uso de violencia de ninguna de las partes. Hemos estado conversando hace varios días con los pobladores y con sus dirigentes. Estuvimos recorriendo con equipo sociales, con equipos de las policías, de carabineros y de PDI, con migraciones. Por lo tanto, ya hay una comunicación permanente y clara con los pobladores".
Las autoridades destacaron que la gran mayoría de los pobladores ya ha abandonado el terreno tomado y que incluso muchos de ellos llegaron los días previos al lugar para desarmar sus viviendas y recuperar parte de sus enseres.
Desde el Gobierno recalcaron que "se están dando todas las facilidades para que puedan seguir ingresando. Ustedes han visto que ha habido movimiento de camionetas y materiales para poder ir retirando. Tenemos una estimación que ya aproximadamente el 50% de las viviendas ha sido desarmada por los mismos propietarios y ya empezó el proceso de demolición. Estimamos dos días de demolición. Todo funciona de acuerdo a lo planificado y a lo que nos exige la justicia".
Asimismo, el delegado Riquelme enfatizó que "la orden expresa indica demolición, porque aquí hay edificaciones irregulares. Esta es una zona que no está autorizada para edificaciones y porque además tiene zonas importantes con peligro de remociones en masa, es decir derrumbes o deslizamientos de tierra, y además porque en cualquier lugar en Chile una vivienda necesita un permiso de edificación de parte de la Dirección de Obras Municipales, por lo que al no haber una autorización y un permiso de edificación, lo que procede es la demolición".
"Serviu está autorizado a pedir el auxilio de la fuerza pública y eso es lo que se está ejerciendo, y por eso que nosotros como Delegación Presidencial, hemos hecho todo el proceso de coordinación, de tal forma de que no tengamos inconvenientes y de que no haya peligro para las familias. Eso es bien importante porque el uso de la fuerza pública también implica resguardar a las mismas personas que están ocupando los terrenos, de tal forma de que la maquinaria actúe sin peligro para las personas, ni para los animales tampoco", sentenció Yanino Riquelme.
Consultado respecto a que algunos pobladores desalojaron el lugar, pero se trasladaron a otra toma en las cercanías, la autoridad presidencial sostuvo que "hay una legislación que protege todo terreno particular. Lo primero es que los dueños hagan la denuncia o que nosotros generemos algún proceso de inspección. En este momento nosotros estamos dedicados a poder desarrollar esta etapa, que es la demolición, pero si hay algunas denuncia, por supuesto, vamos a actuar de inmediato".
Por su parte, la seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, Belén Paredes, indicó que "estamos cumpliendo lo que nos ha ordenado el tribunal respecto a la aplicación del artículo 157 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Eso supone la demolición de toda construcción que está emplazada en zona de riesgo, que no cumple el instrumento de planificación y que esté fuera de la legislación urbanística, es decir, estamos restituyendo el estado de derecho en un terreno privado".
De igual forma, recalcó que se trata de un operativo inédito para el Minvu. "Es súper relevante decir que toda la coordinación que se ha generado para llevar adelante esta demolición, es inédita en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Una de nuestras facultades, principalmente es la de construcción de viviendas, proyectos habitacionales y espacios público, y uno de los aspectos es el seguimiento de la legislación urbanística, y en ese ámbito nos encontramos hoy. En este caso se está avanzando con un proceso de demolición, que va aparejado también con el respeto de los derechos fundamentales de las personas y por eso se hizo el llamado anteriormente para que las personas desocuparan voluntariamente y así ha sido realizado".
Consultada respecto a la demora que ha existido para cumplir el mandato que ha dado la justicia, la Seremi de Vivienda explicó que "cuando se genera esta resolución, el año 2021, ésta no fue notificada. En ocho meses del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera esta resolución no fue notificada. Por lo tanto, cuando asumimos como Gobierno y yo asumo como autoridad, era un proceso inconcluso".
"En ese proceso inconcluso estuvimos en distintas gestiones con la autoridad de la época del Municipio de Quilpué, quien tenía vinculación también con los propietarios del terreno para el desarrollo de algún tipo de proyecto en este sector. Eso no se pudo llevar a cabo porque requería también de modificación el instrumento de planificación, hasta que finalmente la Corte ordena notificar una resolución que quedó inconclusa y lo que estamos haciendo hoy es cumplir con todo el mandato que nos ha dado tribunales", concluyó la autoridad regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
PURANOTICIA
