Tras sostener una sesión del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres, la Delegación Provincial confirmó que interpondrá una denuncia en el Ministerio Público para esclarecer las responsabilidades por la emergencia ambiental en esta zona de la V Región.
La emergencia ambiental registrada en la división Andina de Codelco, que provocó la caída de material minero al río Aconcagua, escaló al ámbito judicial. Tras una reunión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), en la que participaron organismos técnicos, entidades fiscalizadoras y parlamentarios invitados, el delegado presidencial provincial de Los Andes, Ricardo Figueroa Ayala, confirmó que se presentarán acciones legales ante el Ministerio Público.
El incidente fue detectado durante la madrugada del jueves 5 de noviembre en el sector cordillerano, específicamente en el tramo del rápido RB4 del cajón del Río Blanco. En este punto, el sistema de transporte de relaves funciona mediante canaletas y conducciones al aire libre, lo que habría facilitado el rebalse de entre 1 y 5 metros cúbicos de desechos mineros, los que ingresaron directamente al cauce del río.
"Finalmente quiero señalar que como consecuencia de este Cogrid, de acuerdo a todos los antecedentes que tenemos en nuestro poder, ya también para efectos de establecer una señal clara y categórica de dar tranquilidad tanto a las familias, a la provincia de los Andes, a los usuarios que obviamente por algo tan sensible que me refiero como es el consumo del agua vamos a interponer después de esta instancia una denuncia en el Ministerio Público", indicó el delegado Figueroa.

Asimismo, la autoridad provincial explicó que el objetivo de esta acción judicial es que se investiguen en profundidad las circunstancias en que ocurrió el incidente y se determinen las eventuales responsabilidades. "De tal manera de que en este caso el fiscal tome las decisiones respectivas respecto a enunciar y definir a la brigada de delitos medioambientales para poder investigar los hechos y para poder esclarecer cada una de las circunstancias en que ocurrieron estas situaciones y poder tener claridad y condiciones garantes de que esto no vuelva a ocurrir", enfatizó Figueroa.
Por su parte, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, respaldó las medidas anunciadas y recalcó la importancia de esclarecer si los hechos constituyen un delito ambiental. "Si hay un delito ambiental esto va a ser determinado por la Fiscalía, la Fiscalía también abrió una investigación de oficio en la Secretaría de los Andes y esperamos el día de hoy, después de este Cogrid, tener algún reporte para darle la tranquilidad si esa agua tiene algún nivel de contaminación respecto al riego o también para consumo humano", señaló Millones.
Desde el ámbito técnico, la ingeniera y académica de la Universidad del Desarrollo, Zoë Fleming, advirtió, en entrevista con Puranoticia.cl, sobre los riesgos asociados a este tipo de incidentes y explicó cuáles son los peligros de que los residuos mineros alcancen los cauces naturales. "De tener como niveles de metales pesados, como tóxicos más alto, de cambiar como la turbedad", explicó la experta. Asimismo, advirtió sobre la posible rapidez con que estos elementos podrían desplazarse por el agua: "como este puede ser metales que se disuelven muy fácilmente en el agua y hay un cauce muy grande, un flujo muy grande. Entonces, en minutos pueden viajar como muy rápidamente pueden estar allá".
Tras la emergencia, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y la Dirección General de Aguas (DGA) desplegaron equipos en terreno para realizar fiscalizaciones, tomar muestras y medir parámetros de turbiedad y presencia de metales pesados en el agua. Asimismo, las autoridades precisaron que el Ministerio Público instruirá diligencias a la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (BIDEMA) de la PDI, con el objetivo de recopilar los antecedentes y levantar la evidencia necesaria para la investigación.

Las labores de fiscalización y análisis en terreno continuarán durante los próximos días, con el propósito de determinar el alcance de la filtración de material minero, establecer sus posibles efectos sobre el recurso hídrico y garantizar la seguridad del agua destinada al consumo humano y al riego.
PURANOTICIA