Trabajadores del organismo paralizaron sus labores denunciando amedrentamiento del secretario de Estado a través de procesos administrativos, aparentemente sin antecedentes, contra los equipos encargados de la reconstrucción en el sector viñamarino de El Olivar.
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Un quiebre total quedó en evidencia entre los funcionarios del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la región de Valparaíso y las autoridades centrales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Esto, luego que alrededor de 100 trabajadores paralizaran sus funciones en el sector de calle Bellavista, en la Ciudad Puerto, denunciando una serie de medidas arbitrarias que afectan directamente al personal técnico encargado de la emergencia habitacional.
El foco del reclamo radica en la apertura de múltiples procesos administrativos en una de las áreas más sensibles del servicio. Los afectados acusan directamente al ministro Iván Poduje de levantar una persecución en su contra a través de sumarios focalizados en el departamento de Supervisión de la Reconstrucción, unidad clave para levantar sectores de Viña del Mar —como El Olivar— devastados por el megaincendio de 2024.
Según sostienen los trabajadores, esta ofensiva carece de validez técnica y legal. El gremio argumenta que las investigaciones ordenadas por el secretario de Estado se han levantado aparentemente sin antecedentes que las justifiquen, interpretando la medida como un intento de presionar a las bases operativas del Serviu y desviar la atención de las complejidades del proceso.
Según señalaron a través de una carta abierta al ministro Poduje, la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Serviu de Valparaíso dio a conocer el "complejo escenario" que enfrentan trabajadores vinculados al proceso de reconstrucción, particularmente inspectores técnicos y equipos de supervisión que hoy están siendo expuestos, cuestionados y sindicados públicamente".
Junto a recordar que levantaron las alertas por el mal funcionamiento y administración que llevaba el Gobierno anterior en el proceso de reconstrucción tras el megaincendio, los funcionarios públicos precisaron que "no estamos en contra de que existan investigaciones, sumarios administrativos o revisiones de los procesos desarrollados durante la reconstrucción. Entendemos que toda actuación del Estado debe ser evaluada cuando existen antecedentes que así lo ameriten".
Sin embargo, exigieron que estos procesos sean "con estricto respeto al debido proceso, a la objetividad investigativa y a la dignidad de las personas involucradas". En ese sentido, afirmaron que ven con preocupación "una práctica que consideramos grave: la exposición pública anticipada de equipos técnicos mediante declaraciones, registros audiovisuales y publicaciones que, en la práctica, los presentan como responsables antes de que existan conclusiones formales".
A su juicio, esto es improcedente e instala juicios sin sustento, vulnerando derechos básicos y dañando irreparablemente la honra de funcionarios públicos.
En ese sentido, expusieron que "desde el primer momento, los equipos han sostenido una labor continua bajo condiciones de alta presión: jornadas extensas, sobrecarga laboral, exigencias ciudadanas permanentes y un fuerte impacto emocional. Muchos modificaron sus funciones, extendieron horarios y asumieron responsabilidades extraordinarias para dar respuesta a una emergencia de gran magnitud".
Por ello, aseguran que "resulta inaceptable que hoy se pretenda instalar una narrativa que simplifica responsabilidades complejas, focalizándolas en equipos desupervisión o inspección, como si los problemas del proceso respondieran exclusivamente a su actuar".
De igual forma, indicaron que la reconstrucción es un proceso sistémico que involucra múltiples actores y etapas: "Diseño, evaluación técnica, especialidades, ejecución, entidades patrocinantes, empresas, inspección, validación y decisiones ministeriales. Reducir esta complejidad a la acción de funcionarios supervisores no resiste análisis técnico serio y solo contribuye a generar desinformación", dijeron.
También ahondaron en el impacto humano, señalando que "hoy existen funcionarios suspendidos, equipos profundamente afectados, licencias médicas en aumento, temor frente a nuevas exposiciones públicas y un deterioro evidente del clima laboral", agregando que funcionarios "han manifestado sentirse vulnerados, desprestigiados y abandonados institucionalmente, en circunstancias que continúan desarrollando labores críticas para la reconstrucción y la atención de la ciudadanía".
"Como Asociación, afirmamos con total claridad: ninguna diferencia política, administrativa o comunicacional puede traducirse en una condena pública anticipada hacia trabajadores del Estado. No aceptaremos que los funcionarios sean utilizados como “fusibles” frente a decisiones estructurales que no les corresponden", complementaron en la carta dirigida a Poduje.
Por lo anterior, formularon un llamado a las autoridades, a "asumir sus responsabilidades y actuar con seriedad institucional, evitando exposiciones indebidas; a permitir que las investigaciones se desarrollen sin presiones ni juicios anticipados; a resguardar activamente la integridad, dignidad y salud mental de los trabajadores y trabajadoras".
En tanto, a los medios de comunicación pidieron "informar con rigor, evitando simplificaciones que distorsionan procesos altamente complejos"; mientras que a la ciudadanía le solicitaron "comprender que detrás de cada funcionario hay personas que también han sostenido —con esfuerzo y compromiso— la tarea de reconstruir nuestra región".
"Reiteramos nuestra total disposición a que se investigue todo lo necesario. Pero exigimos que ello se realice con objetividad, fundamento técnico y pleno respeto al debido proceso. No permitiremos que la exposición pública injustificada se transforme en el costo que deban asumir quienes han sostenido, en primera línea, uno de los procesos más difíciles que ha enfrentado nuestra región", sentenciaron.
PURANOTICIA
