Fiscal de la URAC de Valparaíso, Claudio Rebeco, explicó que lo más importante en la arista que lidera es establecer, para el caso que logren determinarse omisiones negligentes, "si de haberse actuado de acuerdo al reglamento, las víctimas no habrían fallecido".
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A un año y ocho meses del megaincendio que entre el 2 y 3 de febrero de 2024 devastó sectores de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, dejando un saldo de 138 personas fallecidas y más de 4.000 viviendas destruidas, el Ministerio Público continúa avanzando en distintas aristas investigativas para esclarecer las responsabilidades penales derivadas de la tragedia. Si bien, los presuntos autores materiales del siniestro ya fueron detenidos y formalizados, el foco ahora está puesto en la eventual responsabilidad de funcionarios públicos en el manejo de la emergencia.
El fiscal jefe de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de la Fiscalía Regional de Valparaíso, Claudio Rebeco, lidera esta investigación, la cual tiene como objetivo principal determinar si las autoridades competentes actuaron conforme a sus deberes o si hubo omisiones que pudieron agravar las consecuencias del incendio.
Según explicó, la indagatoria se encuentra en desarrollo desde hace seis meses y contempla diversas diligencias destinadas a revisar procedimientos, comunicaciones y decisiones adoptadas durante el desarrollo de la emergencia.
En ese marco, la URAC ha instruido la toma de múltiples declaraciones a funcionarios públicos y organismos vinculados a la gestión del fuego. Una de ellas se realizará este miércoles y estará encabezada por el propio fiscal Rebeco, quien tomará testimonio a trabajadores de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), institución clave en las labores de prevención y combate de incendios forestales en la región.
"Hay preguntas sustantivas que resolver: qué organismos y quiénes específicamente intervinieron en esa emergencia, que tenían de acuerdo a la ley y los reglamentos vigentes, y lo más importante es establecer, para el caso que logren determinarse omisiones negligentes, es averiguar si, de haberse actuado de acuerdo al reglamento, las víctimas no habrían fallecido. Es decir, si los funcionarios que tenían el deber de actuar, hubieran actuado de manera diligente, entonces si así, las víctimas se hubieran salvado", sostuvo el persecutor a cargo de la Unidad Regional Anticorrupción.
Sólo sabiendo esto el Ministerio Público podrá imputar un eventual cuasidelito de homicidio a funcionarios públicos, haciéndolos responsables, a partir de un actuar negligente, de ese del resultado fatal de aquella tragedia del verano del año pasado.
El fiscal Claudio Rebeco también indicó que "es un caso complejo, porque se trata de 138 víctimas, fallecidas en distintos lugares y también en distintas circunstancias y, además, porque otras causas, algunas propias de la naturaleza, de la dinámica propia del fuego, podrían haber llevado al mismo resultado; esto es, aún cuando la autoridad hubiera actuado de manera diligente, ese resultado podría haberse producido de todas formas, y esa es una circunstancias que debe ser descartada".
Cabe hacer presente que la Fiscalía, en estos seis meses, ha despachado una orden investigar a la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente (Bidema), de la PDI, la misma unidad que tuvo éxito en la identificación de los autores dolosos del incendio y que, ahora, está analizando toda la documentación levantada.
En ese sentido, el fiscal jefe de la URAC de Valparaíso detalló que son "más de 1.000 documentos relativos a informes y registros, informes relativos a comportamiento del fuego, registros de llamadas, grabaciones y reportes. Todo ello ha permitido definir una teoría del caso y definir también una línea de investigación. Sólo a partir de ello hemos podido establecer un cronograma para iniciar el trabajo de la toma de declaraciones. Algunas de ellas ya se han tomado y yo este miércoles personalmente tomo algunas declaraciones a funcionarios de la Conaf".
Por último, sostuvo que "no hay que perder de vista que esta investigación no busca establecer responsabilidades políticas, eso fue tarea de la Cámara de Diputados; ni tampoco responsabilidades administrativas, esa fue una tarea de la Contraloría General de la República; sino que se trata de establecer responsabilidad penal, que es de carácter personalísima, por lo tanto, tenemos que saber cuáles eran los protocolos de actuación, quiénes debían actuar, si se incurrió o no en omisiones, y si, de haberse actuado debidamente, se habían o no producido los mismos lamentables resultados".
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