El director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, indicó que La determinación se adoptó tras la recepción de los informes de la Contraloría General de la República, los que dan cuenta de hechos que podrían revestir carácter de delito.
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La Fiscalía, a través de su Unidad Anticorrupción, confirmó que inició una investigación ante las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República (CGR) en el uso de recursos públicos destinados a enfrentar las consecuencias del megaincendio de febrero de 2024 que afectó a las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, en la región de Valparaíso.
El director de la unidad antes mencionada, Eugenio Campos, explicó que el Ministerio Público recibió diversos informes de la CGR referidos a auditorías finales ejecutadas por la Dirección Regional de Arquitectura, los cuales están vinculados a los siniestros ocurridos en la emergencia.
"Hemos recibido diversos informes de la Contraloría General de la República respecto a informes de carácter final ejecutados de la Dirección Regional de Arquitectura. Estos inciden efectivamente en los lamentables episodios y siniestros de incendios ocurridos en el mes de febrero del 2024 en Valparaíso", señaló Campos.
Complementó que "aquellos informes, dan cuenta de graves irregularidades en el proceso de demolición de las viviendas siniestradas, un centenar de viviendas, en las cuales estarían comprometidos fondos públicos por una cifra superior, al menos al día de hoy, a los $1.100 millones".
El director de la Unidad Anticorrupción señaló que "atendida la gravedad de los antecedentes recibidos y analizados, desde la Fiscalía Nacional, que pueden constituir eventualmente delitos, fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Valparaíso para el desarrollo de cada una de las diligencias y el éxito de la investigación".
Cabe recordar que las auditorías informadas por la Contraloría reflejan observaciones en la gestión de recursos que involucran a diversos organismos públicos. En informes emitidos se detectaron pagos no acreditados, eventuales sobreprecios, uso injustificado del trato directo y falencias en control interno, alcanzando más de $1.800 millones en irregularidades entre distintas instituciones públicas tras el megaincendio.
PURANOTICIA
