Tras reportar 101 denuncias asociadas a este tipo de amenazas, la fiscal Claudia Perivancich recalcó que los adolescentes entre 14 a 17 años "son sujetos de responsabilidad penal", es decir, es posible imputarles y atribuirles conductas que conllevan la aplicación de penas.
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En medio de la creciente preocupación por amenazas anónimas que anuncian posibles ataques en establecimientos educacionales, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, advirtió que este tipo de conductas puede tener incluso consecuencias penales para adolescentes desde los 14 años, por lo que las eventuales broma de mal gusto podrían costarle muy caras a los escolares que las profieran.
Luego de sostener una reunión con representantes de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y la Seremi de Educación de Valparaíso, instancia donde abordaron las 101 denuncias que en el último tiempo ha recibido el Ministerio Público en relación a amenazas de posibles tiroteos o ataques en colegios, la persecutora se refirió a las consecuencias que estos hechos pueden significar para los responsables.
"Es importante entender que a contar de los 14 años, los adolescentes en ese rango etario son sujetos de responsabilidad penal, es decir, es posible imputarles y atribuirles ciertas conductas que tienen como consecuencia la aplicación de una pena porque se trata de un delito. Solo hasta los 13 años esos menores de edad o adolescentes son inimputables y, por lo tanto, conductas disruptivas o que generan alguna consecuencia social van a ser vistas por el Tribunal de Familia", expresó.
De igual manera, la persecutora recalcó que "entre los 14 y hasta los 17, es decir, antes de la mayoría de edad, ellos pueden ser sujetos de comisión de delitos y, por lo tanto, también deben entender que cuando este tipo de conductas se traduzcan realmente en imputaciones o en riesgos de comisión de delito o de grave daño para la integridad de las personas, lo que constituye en definitiva una amenaza, pueden ser perseguidos penalmente, van a ser puestos a disposición del Tribunal de Garantía y en todos los casos se va a iniciar un proceso penal en su contra".
Como ya se indicó, entre el 23 de marzo y el 13 de abril han ingresado en flagrancia un total de 101 denuncias en toda la región. La mayoría de ellas se han trabajado con la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros y con la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI. De ellas, tres casos han pasado a control de detención: uno por porte en marzo y dos por amenazas en el mes de abril.
"De la totalidad de esas denuncias, corresponden a 101 casos, y de esos tres han logrado ser identificados y puestos a disposición del Tribunal de Garantía. Eso tiene que ver con la posibilidad de individualizar a la persona que está realizando esa conducta de amenaza y, asimismo, en ocasiones en que se individualiza la existencia de antecedentes que justifiquen poder imputar ciertos cargos en la audiencia de control", explicó la Fiscal Regional de Valparaíso tras la cita con los SLEP y la Seremi de Educación.
Cabe hacer presente que en la cita abordaron, además, cuál es el protocolo que debe seguirse para implementar el proceso judicial, es decir, ante quién denunciar, además de dar cuenta de cuáles eran las funciones del Turno de Instrucción y Flagrancia de la Fiscalía, que decretaba las primeras diligencias y, eventualmente en el caso de que se individualizara a la persona que estaba planteando esas amenazas, poderla pasar a control de detención y ser formalizado eventualmente por algún delito.
Justamente acerca de la complejidad del delito, la fiscal Claudia Perivancich explicó que "en muchos de estos casos es posible advertir, luego de las primeras diligencias de investigación, que en realidad no se trataba de una amenaza que pudiese calificarse como seria o verosímil, sino que más bien era una broma de muy mal gusto que ocasiona una serie de consecuencias, activando por ejemplo a los servicios públicos que realizan todos los días funciones serias, complejas y urgentes".
En ese sentido, subrayó que "en los casos en que no es posible dar con elementos que sugieran que hay una amenaza real y concreta de realizar algún daño o mal al interior de un establecimiento educacional, nosotros no tenemos antecedentes suficientes para poder imputar aquello ante un tribunal. Pero sí, quiero decir que en todos los casos, en los 100 que hemos recibido en estas denuncias urgentes o en situación de flagrancia, hemos debido desplegar una serie de acciones, disponer acciones de la policía, realizar análisis de las denuncias, por lo tanto, en muchos casos significa una importante carga de trabajo que en definitiva no hace posible la imputación de delitos".
PURANOTICIA
