El abogado Juan Carlos Manríquez comunicó la presentación ante el Juzgado de Limache de una querella por los delitos de falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación, presentada en contra de todos quienes resulten responsables de lo ocurrido.
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Luego que la Policía de Investigaciones (PDI) determinara en un informe que no se pudieron reecuperar imágenes de las cámaras de televigilancia del fundo Las Tórtolas, en Limache, la defensa de la familia de María Ercira Contreras, mujer de 85 años que se encuentra desaparecida desde mayo de 2024, anunció nuevas acciones legales.
El abogado Juan Carlos Manríquez comunicó la presentación de una querella por los delitos de falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación, presentada en contra de todos quienes resulten responsables de lo ocurrido.
Y es que a juicio de los familiares de la adulta mayor, las imágenes de esas cámaras de seguridad resultan fundamentales para poder configurar lo ocurrido aquel domingo 12 de mayo de 2024 cuando desapareció en medio de un almuerzo por el Día de la Madre. Asimismo, el material levantó las sospechas del entorno, motivo por el cual piden al Ministerio Público que investigue una presunta intencionalidad de los administradores del restaurante del interior del fundo Las Tórtolas de Limache.
En la investigación se estableció que la Policía de Investigaciones llegó el lunes 13 de mayo, solicitando las cámaras a Mónica Kleinert, una de las administradoras del fundo, quien las entregó al funcionario policial Richard Bórquez. No obstante, la querella establece que "nadie revisó el DVR en el cual supuestamente se encontraban los videos de las cámaras del fundo, ignorándose si tenía algún contenido y si efectivamente correspondía a las 24 horas de grabación solicitadas".
El DVR fue periciado meses después, pudiendo el abogado Manríquez acceder al mismo recién en diciembre de 2024, momento en que se solicitó un peritaje privado con Nadia Mansilla, ex detective de la PDI, quien corroboró que faltaba parte de la grabación. La Fiscalía pidió en abril que el Laboratorio de Criminalística Regional de Temuco trabajara en la recuperación de la información faltante, lo cual no pudo ser.
En la querella se indica que "es así que se dice que es imposible recuperar las grabaciones de las cámaras de vigilancia del día de los hechos, porque se obtuvo aquellas con posterioridad a que habían sido sobrescritas con nuevas imágenes".
Juan Carlos Manríquez señaló a La Tercera que "alguien etiquetó una NUE que no existe, nadie tomó resguardo de esas filmaciones que físicamente no existen y, sobre todo, la administradora y un funcionario a determinar estamparon en una acta policial, que es un instrumento público, una aseveración de un hecho inexistente”.
Esta secuencia de hechos ”impidió que se pueda contar con la evidencia relevante, pertinente y de manera oportuna para el esclarecimiento de la desaparición de doña María Ercira, y ello puede significar que desde ese momento la indagación haya quedado seriamente obstruida y dañada“, agregó el representante de la familia
Asimismo, planteó que "el perjuicio para la investigación es evidente: desde el segundo en que doña María Ercira sale del cuadro de la grabación de su caminar hacia arriba y a la izquierda en los estacionamientos del fundo Las Tórtolas –último registro de su existencia vital– no hay un rastro de lo que le ocurrió, hacia dónde siguió, quién la pudo abordar, quién la pudo golpear, atropellar, sacar del lugar, incluso secuestrarla; pero el dejar correr los días, no pudiendo ignorar que el DVR se estaba autoborrando, ha obstruido como nada hasta ahora esta investigación".
A juicio de la familia, se configuraría la falsificación de instrumento público, ya que se estampó un acta policial que “en verdad no fue entregado ese día y hora”, agregando que "en esa acta parece que se falta a la verdad en la narración de hechos sustanciales”.
Acerca de la obstrucción a la investigación, dijo que "el responsable de esta infracción pudo representarse que, al no verificar el contenido de inmediato, se exponía a que nada le hubiere sido entregado o que ya la evidencia hubiese estado alterada, como ocurrió en estos hechos”. Por todo ello, la familia pide tomar declaraciones a Mónica Kleinert para que explique por qué se entregó una grabación incompleta.
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