"No puede ser que estas personas imputadas sigan a cargo de la investigación", indicó Carla Hernández luego que se confirmara que dos funcionarios de la Policía de Investigaciones, además de la dueña del fundo Las Tórtolas, quedaran en calidad de imputados.
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La investigación por la desaparición de María Ercira Contreras, ocurrida en mayo de 2024 en el fundo Las Tórtolas de Limache, registró uno de los giros más relevantes desde que se inició el caso hace ya 20 meses. Esto, luego que se confirmara que dos detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) quedaron en calidad de imputados, en una arista paralela que indaga una eventual obstrucción a la investigación.
A esta situación se suma que la propietaria del recinto donde se perdió el rastro de la adulta mayor, Mónica Kleinert, también figura como imputada en la misma causa, lo que podría dar cuenta de un avance significativo en el esclarecimiento de posibles irregularidades ocurridas durante las primeras diligencias del caso.
Carla Hernández, nieta de la víctima, señaló a Meganoticias.cl que "por favor, que hagan un cambio rápido. No puede ser que estas personas imputadas sigan a cargo de la investigación. Así no vamos a avanzar nunca. Mónica Kleinert no tenía la calidad de imputada. De hecho, los mismos abogados presentan un mandato judicial en la causa y el mismo Juzgado de Garantía no lo acepta, les dice 'no ha lugar', por no ser intervenientes de la causa. Ahora el Juzgado de Garantía de Limache, a través de una resolución, le reconoce formalmente su calidad de imputados".
A ello agregó que "nosotros lo pedimos desde el comienzo. Entonces eso es lo que nos da tanta rabia porque desde el día uno estamos diciendo que las cámaras son importantes, que los registros son importantes. Nosotros desde el comienzo detectamos irregularidades en todo lo que la PDI había hecho, en cómo el fiscal dirigía la investigación, después supimos que no habían rescatado las horas de grabación y sabíamos que no teníamos un rango de grabaciones amplios".
Cabe recordar que María Ercira Contreras, de 85 años, desapareció el domingo 12 de mayo de 2024, cuando se levantó de su asiento para dirigirse al baño en medio de una comida familiar con motivo del Día de la Madre. Desde entonces, no se ha logrado establecer su paradero, mientras su familia continúa con su búsqueda.
El foco de esta nueva arista investigativa está puesto en eventuales fallas en la cadena de custodia de los registros de las cámaras de seguridad del fundo Las Tórtolas. En ese contexto, la Fiscalía emitió una orden para interrogar a dos funcionarios de la policía civil por una posible obstrucción a la justicia; esto, a raíz de presuntas irregularidades cometidas en la entrega del material audiovisual del recinto limachino.
La decisión del Ministerio Público se sustenta en las declaraciones de dos testigos que prestaron testimonio en agosto y noviembre de 2025. La primera de ellas, una trabajadora de la Fiscalía de Limache, que relató que "el día 3 de julio de 2024 me encontraba trabajando en la Fiscalía local de Limache. No recuerdo exactamente en qué horario llega a la recepción de esta Fiscalía el funcionario de la PDI. Me dijo que tenía una cadena de custodia para entregarme".
Según su relato, al momento de la entrega advirtió una situación irregular, señalando que "le advertí inmediatamente que, si quería que le reciba la cadena de custodia, tenía que dejarme el disco duro también. Me dijo que no podía dejar el disco duro en la Fiscalía, ya que lo utilizan en la unidad policial, a lo que yo le respondí, ‘oye, esto es una causa mediática’".
A estas declaraciones se sumó el testimonio de la perito de video Nadia Mansilla, quien indicó a 24 Horas que el funcionario llegó “de forma irregular, no señala cuántas horas tiene. Como detectamos esto, pedimos acceso a esa cadena y ahí encontramos que esa cadena no tenía 24 horas de grabación, sino que 6 horas de grabación”.
El segundo testigo también aportó antecedentes relevantes, al señalar que "estos archivos pesaban varios gigas, más de 16 al menos, por lo cual le dejé avisado a ella. Yo no firmé ningún documento, como tampoco hice entrega en forma directa con algún funcionario de la PDI, como tampoco de Carabineros".
De acuerdo a especialistas en la materia, la extracción o copia de registros audiovisuales desde un sistema de almacenamiento a un computador ajeno constituye una falla crítica en la cadena de custodia, lo que podría afectar gravemente la validez de la evidencia y abrir responsabilidades penales, situación que ahora es materia de investigación por parte del Ministerio Público.
