Jeanette Bruna, abogada de la familia del empresario asesinado el 2020 en Concón, recalcó que mantendrán la denuncia en Contraloría hasta que el Minvu cumpla lo comprometido y concrete en septiembre la demolición de 44 construcciones ilegales en Quilpué.
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Larga ha sido la controversia judicial que rodea a la toma en Quilpué en terrenos que son propiedad de la familia de Alejandro Correa, empresario asesinado –a través de un sicariato– en mayo de 2020 en la puerta de su casa en la comuna de Concón.
Cabe recordar que el hombre de negocios fue víctima de un sicariato en las afueras de su casa, en el sector de Bosques de Montemar, en Concón, en un caso asociado justamente a disputas por este terreno ubicado en Quilpué, específicamente por una demanda civil del año 2019 contra el hombre que pagó por su brutal crimen.
Y es que luego que el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) indicara que es la propia familia la que tiene que hacerse cargo del desalojo y la demolición, fue la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso la que puso claridad en el asunto.
En concreto, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ordenó al Serviu de Valparaíso que demoliera las viviendas levantadas por pobladores en estos terrenos, cumpliendo así con lo instruido por la propia Seremi de Vivienda en junio de 2021, que declaró ilegales estas construcciones debido a que vulneraban las normas establecidas en el Plan Regulador Comunal de la denominada Ciudad del Sol.
Asimismo, se cumplimiento al fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que, con fecha 27 de agosto de 2024, acogió un recurso de protección interpuesto por la familia del hombre de negocios asesinado debido a la falta de concreción.
En ese sentido, la seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, Belén Paredes señaló a fines de agosto que "en el corto plazo vamos a hacerla efectiva, como nos ha ordenado la Corte", para luego precisar que pretenden llevar a cabo el procedimiento de demolición de la toma "lo antes posible y estamos pronosticando dentro de la mesa de trabajo realizarlo en el próximo mes, en el mes de septiembre".
Bajo este contexto, Puranoticia.cl conversó con Jeanette Bruna, abogada de la familia Correa, quien se mostró esperanzada, pero a la vez alerta, respecto a los plazos fijados públicamente por el Ministerio de Vivienda ante los medios de comunicación.
"Es importante recordar que la orden de demolición es para las construcciones ilegales emplazadas en 44 lotes. Así lo pidió la Municipalidad de Quilpué el 2021 y así lo resolvió la Seremi de Vivienda y Urbanismo. Por ley, la entidad encargada de ejecutar operativamente la demolición es el Serviu de Valparaíso, para lo cual deben tomarse todas las medidas necesarias para despejar cualquier traba", sostuvo.
En torno a la polémica que levantó el Serviu de Valparaíso en el marco de este procedimiento que derivará en el desalojo y demolición de los terrenos tomados, la jurista comentó a Puranoticia.cl que "luego de nuestras intervenciones en prensa y denuncia ante la Contraloría, la propia autoridad comprendió que estaban equivocados al exigir que la familia Correa desalojara para que ellos demolieran".
"El ministro Montes realizó las gestiones necesarias y al fin se constituyó la mesa intersectorial entre autoridades para coordinar los pasos que deban seguir para concretar la demolición, comprometiendo con la prensa que sería en septiembre. El cambio de postura es un avance, ojalá de aquí en adelante no deba llegarse a Contraloría y a los medios para que cumplan sus deberes legales", agregó Bruna.
Acerca de los plazos fijados para efectuar el operativo, la abogada subrayó que "la familia está esperanzada en que este cambio de postura se concrete en una actividad material real, que se cumpla lo anunciado de demoler en septiembre, para al fin empezar a cerrar el largo y doloroso capítulo".
Por último, Jeanette Bruna advirtió que "seguiremos, en todo caso, con la denuncia presentada ante la Contraloría, hasta que se concrete, ya que hemos tenido documentos que anunciaban la demolición para el primer semestre que ya pasó, por lo que no podemos estar seguros de que esta vez sí sucederá, porque todos los ojos de Chile están esperando que la autoridad cumpla sin más trámites y sin más excusas su deber de hacer restaurar el estado de derecho vulnerado".
Así, la familia Correa permanece atenta al cumplimiento de lo comprometido por las autoridades, con la esperanza de que septiembre marque finalmente el inicio del fin de una controversia que se ha extendido por años. El desenlace no solo será clave para quienes buscan justicia en este caso, sino también un precedente respecto al actuar del Estado frente a las tomas ilegales en la región de Valparaíso.
PURANOTICIA
