Parlamentarios locales abordaron la decisión adoptada por el Gobierno para dar solución a las familias que habitan el cerro Centinela, para lo cual expropiarán 100 de las 215 hectáreas con el objetivo de ejecutar allí un plan habitacional para una parte de las 4.100 familias.
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Con críticas y aplausos fue recibida la decisión del Gobierno de expropiar 100 hectáreas en los terrenos donde se emplaza la megatoma de San Antonio, con el fin de ejecutar un plan habitacional destinado a aliviar la grave crisis de vivienda que enfrentan las más de 4.100 familias que integran el campamento del cerro Centinela.
La determinación adoptada, que quedará bajo la conducción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), busca dar una salida definitiva a uno de los asentamientos irregulares más grandes que tiene la región de Valparaíso y el país.
La medida implica que, mientras algunas familias podrán optar a una solución habitacional en el mismo sector, el resto de las más de 10 mil personas que habitan la megatoma deberán ser desalojadas, conforme lo ha ordenado la Corte Suprema. Este escenario abre un nuevo capítulo en el complejo panorama social y jurídico que ha rodeado al caso desde que llegaron los primeros habitantes al lugar, el año 2019.
Tras conocerse la resolución del Ejecutivo, diversos parlamentarios de la región de Valparaíso reaccionaron con opiniones divididas: desde el oficialismo valoraron la decisión, resaltando que entrega certezas a quienes han vivido en permanente incertidumbre respecto al futuro del terreno. En contraste, diputados de oposición cuestionaron el anuncio, afirmando que la medida solo busca dilatar el problema para traspasarlo al próximo Gobierno que liderará Jeannette Jara o José Antonio Kast.
Estas diferencias evidencian una vez más la tensión política que ha marcado la discusión en torno al destino de la megatoma de San Antonio y sus miles de habitantes.
El diputado Luis Cuello, militante del Partido Comunista (PC), comentó sobre el tema que "me parece correcto que el Gobierno haya decidido expropiar una parte del cerro Centinela, 100 hectáreas para poder radicar a familias que están constituidas por miles de personas, personas mayores, niños, niñas, mujeres y, en consecuencia, tiene que hacerse cargo de un problema social y humanitario".
Asimismo, planteó que "al frente, nos hemos encontrado con unos dueños que han tenido todo el tiempo un ánimo especulativo, no han cedido y por eso hoy día se ha tomado esta resolución que, a mi juicio, es completamente correcta y acertada de expropiar parte del cerro Centinela para dar solución a este problema”.
Por su parte, el diputado del Frente Amplio (FA), Jorge Brito, sostuvo que "valoramos el anuncio del Gobierno de expropiar 100 hectáreas de la toma Centinela para iniciar el proceso de construcción de hogares y barrios seguros y dignos que habitarán las miles de familias de la toma y otras más de la provincia de San Antonio".
De igual forma, indicó que "lamentamos todo el proceso y las incertidumbres que han debido pasar. Sin embargo, este jueves (4 de diciembre) se iniciará para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema, desalojando a las familias que hoy habitan en zonas de riesgo, para luego poder otorgarles una vivienda definitiva segura y digna”.
En tanto, el diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical) reaccionó a esta noticia afirmando que “me parece adecuado” el anuncio del Gobierno para la expropiación de 100 de las 215 hectáreas de la megatoma de San Antonio, ya que "la negociación entre el Minvu y los propietarios de los terrenos tomados fue frustrada, justamente porque no se llegó a acuerdo, dado que los propietarios imponían un valor por metro cuadrado mucho más alto del valor comercial de la tasación comercial”.
Junto a decir que "este terreno el Estado quiere comprarlo. Propuso recursos para comprarlo, independiente de que no sepamos de dónde van a salir, dada la crisis financiera del Minvu, pero lo importante es que se avance", subrayó que espera que esto "permita destrabar la adquisición de los restantes km2 de dicha toma para que esto se pueda resolver y no se siga dilatando el cumplimiento de un fallo judicial".
Por el lado de la oposición, el diputado Andrés Celis, de RN, encabezó las críticas al Gobierno, puntualizando que "esta es una técnica más del ministro Montes para ganar tiempo. Es evidente que ese no es un precio de mercado, es un precio fiscal, y por supuesto el dueño va a impugnar el avalúo fiscal. Eso terminará en un juicio, y todo apunta a que lo que buscan es que pase el tiempo, que pasen las elecciones y que sea el próximo Gobierno quien tenga que asumir el desalojo y cerrar el proceso".
"Eso demuestra, nuevamente, la cobardía de este Gobierno para enfrentar un tema donde ya existe una sentencia ejecutoriada. Le mintieron a la gente, no tuvieron la capacidad de enfrentar el fallo y hoy siguen evitando hacerse cargo. Es, de verdad, una cobardía no haber abordado este problema como lo hace un Gobierno con los pantalones bien puestos", continuó expresando el parlamentario del Distrito 7.
También manifestó que "siempre pensaron en hacerlo, pero nunca tuvieron las agallas para decirlo claramente. Siempre hubo excusas, versiones contradictorias y supuestas gestiones con el dueño que nunca llevaron a nada, porque su objetivo era no enfrentar el fallo judicial. Y me parece una vergüenza que ahora, a estas alturas, digan que van a expropiar, cuando nunca tuvieron el mínimo interés en acatar la sentencia ni en dar una solución seria, siendo esa su obligación desde el primer día".
Finalmente, la diputada y senadora electa, Camila Flores (Renovación Nacional), señaló que "Carlos Montes, una vez más, se equivoca. No es porque no se quiera dar una solución a las personas que están cometiendo un delito en la megatoma de San Antonio, sino porque hay cientos de familias en la región de Valparaíso que esperan años y juntan su dinero, cumplen con las leyes, no cometen delitos como es el caso de las personas que están en San Antonio, y que esperan por una solución habitacional, y para ellos no hay solución, porque no hay terrenos".
"Tampoco se ha cumplido con la promesa del ministro Montes de poder comprar esos terrenos para que los comités, aquellos que cumplen, efectivamente tengan una solución. ¿Qué hace Montes? Le da la solución a los que se saltan la fila, a los que cometen un delito que se llama usurpación. A ellos les dice, yo les voy a expropiar este terreno a los particulares, y yo le pregunto, señor Montes, ¿y qué pasa con los que sí cumplen? ¿Para ellos no hay solución? ¿Qué pasa con las familias afectadas por el megaincendio? Ahí no hay solución alguna. Parece que para ustedes y para su Gobierno es más fácil tomarse un terreno que cumplir con las normas", sentenció.
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