Tras los informes de la Contraloría que detectaron sobreprecios de hasta 557% y pagos sin respaldo en contratos por la emergencia de febrero de 2024, el Ministerio Público inició diligencias por eventuales delitos. La entonces delegada presidencial, Sofía González —hoy diputada electa por el Distrito 6— asegura haber actuado con apego a la ley y con sumarios en curso antes de dejar el cargo.
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El humo aún no se disipaba del todo cuando comenzaron las primeras contrataciones de emergencia. Febrero de 2024 dejó una herida profunda: 138 personas fallecidas, miles de damnificados y un territorio arrasado por el fuego. En medio del dolor y la urgencia, la Delegación asumió la coordinación de una respuesta que debía ser rápida, masiva y efectiva.
Dos años después, esa gestión está bajo la lupa.
Este martes, Fiscalía Nacional confirmó la apertura de una investigación tras recibir diversos informes finales de la Contraloría General de la República que detectaron millonarias irregularidades en el uso de recursos públicos destinados a enfrentar la catástrofe.
El director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, informó que los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Valparaíso para desarrollar diligencias por hechos que “pueden constituir eventualmente delitos”.
Los informes —explicó— dan cuenta de “graves irregularidades” en procesos vinculados a la emergencia, incluyendo la demolición de un centenar de viviendas siniestradas, donde estarían comprometidos fondos públicos por más de $1.100 millones.
Uno de los focos más delicados está en las actuaciones de la Delegación respecto de la contratación de bienes y servicios para enfrentar la emergencia.
Según el informe de auditoría, se detectaron pagos por servicios no acreditados, turnos de maquinaria que no habrían sido ejecutados y facturas duplicadas. Solo en algunos casos, la Contraloría observó montos que superan los $399 millones y ordenó formular reparos para exigir su restitución.
Pero el dato que más impacto ha generado es el de los sobreprecios.
El órgano fiscalizador identificó diferencias de hasta un 220% y 378% en arriendos de maquinaria pesada respecto de servicios similares contratados por otra entidad pública en el mismo contexto. Más aún, en ciertos casos se detectaron diferencias de hasta un 557% entre lo pagado por la Delegación y lo que las empresas habrían transferido a sus subcontratistas.
En términos simples, los posibles sobreprecios ascienden a miles de millones de pesos.
El diputado Andrés Celis fue categórico: “Que la Contraloría haya enviado uno de los informes al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público solamente hace evidente que hay elementos que indican que estamos frente a eventuales delitos, como malversación de caudales públicos o fraude al fisco”, afirmó.
Y agregó: “Esto es un escándalo. Lo más probable es que la anterior delegada regional, que hoy día es diputada electa, va a tener que enfrentar la justicia”.
Celis subrayó además que la Contraloría revisó solo un 34% del total de los contratos de la Delegación, equivalentes a cerca de $9 mil millones, lo que —a su juicio— podría ampliar el alcance de las eventuales responsabilidades.
Entre las observaciones también se consignan pagos fuera de plazo, falta de acreditación del cumplimiento de obligaciones laborales en contratos millonarios, demoras de hasta 379 días en certificaciones técnicas y ausencia del trámite de toma de razón en contratos que superaban las 8.000 UTM.
Asimismo, se advirtió que no se investigaron formalmente denuncias de camioneros contra una de las empresas contratadas por servicios impagos.
Para el concejal Renzo Aranda, los informes “no se discuten”. “Demuestran que en el análisis detallado hay muchas falencias respecto de la trazabilidad de la ayuda, del beneficiario final, de algunas compras que no cumplían con certificaciones mínimas”, señaló.
No obstante, añadió que la situación debe entenderse también “en el contexto de la emergencia”.
En el centro del debate aparece el nombre de Sofía González, quien encabezaba la Delegación durante la emergencia y que hoy es diputada electa por el Distrito 6.
En un comunicado público, sostuvo que tiene “absoluta tranquilidad” respecto de las decisiones adoptadas en los primeros días y meses posteriores al megaincendio, asegurando que todas tuvieron como único propósito responder con rapidez y eficacia al dolor de las familias afectadas.
Recordó que fue un período de “intensa coordinación interinstitucional”, con funcionarios trabajando bajo una presión extraordinaria frente a una de las mayores catástrofes de la región.
González afirmó además que durante su gestión instruyó de inmediato investigaciones y sumarios cada vez que advirtió eventuales errores o irregularidades administrativas. Al momento de su renuncia, el 15 de noviembre de 2024, ya existían varios procesos disciplinarios en curso.
La hoy diputada electa también consideró adecuado que los antecedentes fueran remitidos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, manifestando plena disposición a colaborar con las investigaciones.
La Contraloría anunció que instruirá un sumario administrativo para determinar responsabilidades y exigió a la Delegación adoptar medidas de control y fiscalización para evitar la reiteración de los hechos observados.
En paralelo, el Ministerio Público deberá establecer si las irregularidades detectadas configuran delitos como fraude al fisco o malversación de caudales públicos.
En ese contexto, la situación de Sofía González adquiere una dimensión adicional por su calidad de diputada electa por el Distrito 6. Si la Fiscalía decidiera formalizarla, deberá previamente solicitar su desafuero ante la Corte de Apelaciones, requisito indispensable para avanzar penalmente contra una autoridad en ejercicio. Más que una condena anticipada, sería el paso judicial que la obligaría a enfrentar en tribunales las decisiones adoptadas durante los días más críticos del megaincendio.
Mientras las familias afectadas por el megaincendio continúan reconstruyendo sus vidas, el foco ahora se traslada a la reconstrucción de la confianza pública. Y esa tarea, esta vez, no se juega en medio del humo, sino en los tribunales.
PURANOTICIA
