Escándalo en Enap: estatal niega vínculo entre reportes ambientales y bonos, pero abre interrogantes sobre incentivos a ejecutivos

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) intentó salir al paso de uno de los principales cuestionamientos surgidos a raíz de las inconsistencias detectadas en los reportes ambientales de su Refinería Aconcagua, planta ubicada en la comuna de Concón: la eventual existencia de incentivos económicos (también conocidos como bonos) relacionados con la información reportada sobre cumplimiento ambiental.

A través de un comunicado, la estatal descartó que las inconsistencias detectadas en la metodología utilizada para determinados reportes hayan tenido como objetivo obtener bonos o beneficios económicos, asegurando que "las investigaciones realizadas identificaron inconsistencias en la metodología utilizada para determinados reportes ambientales, sin embargo, no han establecido que dichas situaciones hayan tenido como objetivo alterar resultados para obtener bonos o beneficios económicos".

La compañía agregó que "no hay evidencia que permita concluir que existieron alteraciones destinadas a obtener incentivos de desempeño o beneficios económicos indebidos". Sin embargo, el mismo comunicado entrega un antecedente relevante respecto del funcionamiento de los sistemas de remuneración variable de la empresa: Enap reconoce que "existen indicadores o componentes, individuales o colectivos, asociados, entre otros, a gestión o parámetros ambientales".

La precisión de la estatal apunta a diferenciar esos componentes de los indicadores específicos que actualmente están bajo cuestionamiento.

Según explicó, ninguno de los sistemas de renta variable o "bonos" contemplaba pagos o incentivos vinculados a los artículos 15° y 16° del Plan de Prevención y Descontaminación (PPDA), es decir, a las emisiones totales de dióxido de azufre (SO2) informadas a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la eficiencia de recuperación de azufre reportada a dicho organismo ni a los balances de azufre utilizados para elaborar esos reportes.

Es precisamente en este punto donde queda instalada una de las principales interrogantes del caso: si existían componentes ambientales dentro de los sistemas de renta variable de Enap, ¿qué indicadores eran considerados para determinar esos incentivos y cuál era su relación con el desempeño de los ejecutivos?

La compañía sostiene que esos bonos no estaban vinculados específicamente a los parámetros ambientales cuestionados, pero al mismo tiempo reconoce la existencia de elementos ambientales dentro de sus esquemas de remuneración variable.

REPORTES CUESTIONADOS

En su comunicado, la estatal también entregó nuevos antecedentes sobre la investigación interna iniciada tras detectar las inconsistencias. Así, Enap señaló que los controles internos formales fueron activados en enero de 2026, cuando la Refinería Aconcagua informó la situación a la Casa Matriz y ésta, posteriormente, al Directorio.

La empresa hizo una precisión respecto de esa fecha: indicó que enero de 2026 corresponde al momento en que comenzó el análisis institucional, pero no determina cuándo se iniciaron los hechos que están siendo investigados. Establecer ese período –dijo– corresponde a las investigaciones actualmente en desarrollo.

La compañía también informó que el análisis relacionado con el balance de azufre y la eficiencia de recuperación de SO2 ya fue concluido. Dicho informe fue entregado a la ministra de Energía, Ximena Rincón, y al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, además de ser puesto a disposición de la SMA y del Ministerio Público.

Respecto de las emisiones de SO2, Enap aseguró que la Refinería Aconcagua incorporó el flaring de las antorchas y otras fuentes menores en los reportes correspondientes a 2025, documento entregado el 30 de enero de 2026. "Por tanto, en 2025 y en lo que va de este año, Enap ha cumplido con el límite de emisiones de SO2", afirmó.

La estatal diferenció este indicador de la eficiencia en la recuperación de azufre, materia en la que señaló que continúa trabajando junto a expertos técnico-ambientales.

NUEVAS MEDIDAS

El comunicado también da cuenta de las medidas adoptadas por la empresa después de detectar las inconsistencias. Enap informó que durante enero de 2026 se produjeron ocho salidas de trabajadores y que posteriormente, en junio, se decidió modificar y fortalecer la estructura de la compañía, particularmente en el área de cumplimiento ambiental. Ese mes fueron desvinculadas otras ocho personas.

En total, la empresa informa de 16 desvinculaciones durante el año, aunque el comunicado no establece que todas ellas correspondan necesariamente a personas investigadas por las inconsistencias ambientales detectadas previamente.

En paralelo, Enap aseguró haber diseñado, junto a una consultora internacional, una cartera de iniciativas destinadas a fortalecer la disciplina operacional, disminuir las emisiones, robustecer las mediciones y mejorar la eficiencia de los sistemas de recuperación de azufre. 

La compañía agregó que continuará reforzando sus mecanismos de control, denuncia, supervisión y rendición de cuentas, y manifestó una política de "tolerancia cero" frente a acciones como las investigadas.

¿FALSIFICAR POR FALSIFICAR?

El pronunciamiento de Enap se produce después de que el abogado Remberto Valdés, representante de familias de Quintero y Puchuncaví y querellante en la causa, planteara públicamente la necesidad de investigar si las eventuales alteraciones de información ambiental pudieron tener consecuencias económicas para ejecutivos de la compañía.

En conversación con Puranoticia.cl el jueves 27 de agosto, Valdés sostuvo que los antecedentes debían ser revisados para determinar si existieron beneficios económicos derivados de eventuales falsificaciones de certificados de cumplimiento ambiental.

El abogado incluso solicitó al Ministerio Público incautar teléfonos celulares, computadores, chips, conversaciones de WhatsApp e informes de los últimos seis años para determinar eventuales responsabilidades y reconstruir cómo se habría generado la información cuestionada.

Ahora, tras conocer el comunicado de Enap, el profesional de las leyes volvió a cuestionar algunos aspectos de la explicación entregada por la empresa, diciendo a Puranoticia.cl que "surgen diversas dudas: primero, si contó con la aprobación, visto bueno o conocimiento del señor Ministro de Hacienda o de la señora Ministra de Energía; si contó con el voto favorable y unánime de todo el Directorio o si emana sólo de la gerencia general o alguna gerencia específica".

Luego, sostuvo que "no se entiende la explicación: ¿por qué habrían falsificado o derechamente falsificaron los MasterChef en la cocina, durante más de cinco años, los certificados medioambientales de dióxido de azufre si –de acuerdo a este comunicado– tal conducta había sido inocua, no habría tenido ningún efecto económico para estos 16 ejecutivos ni para nadie? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Cuál es el fundamento de falsificar? ¿Falsificar por falsificar?"

En ese sentido, expuso que este comunicado, desde ese punto de vista, "derechamente debe ser descartado porque descansa sobre una base del absurdo".

Asimismo, Valdés planteó que frente a lo informado por Enap, "las víctimas de Quintero y Puchuncaví, que representamos a más de 1.000 familias, tienen más dudas que certezas todavía, porque no reciben una coherente explicación de por qué una empresa de bien común sigue sustentando falsificaciones de informes medioambientales que claramente perjudican a Concón, Puchuncaví y Quintero".

INVESTIGACIÓN ABIERTA

Enap, por su parte, enfatizó que las investigaciones todavía están en desarrollo y explicó que determinados antecedentes deben mantenerse bajo reserva debido a que forman parte de expedientes cuya divulgación podría interferir con las indagatorias.

La empresa aseguró que esta reserva "no constituye un ocultamiento de información" y reiteró que continuará colaborando con la Superintendencia del Medio Ambiente, el Ministerio Público y las demás autoridades competentes.

Asimismo, manifestó su disposición a participar en las instancias parlamentarias a las que sea convocada, recordando que ya expuso ante la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado.

Con todo, por el momento Enap se mantiene en la posición de negar que haya existido un vínculo entre esos reportes y el pago de bonos, sin embargo la discusión sobre los incentivos económicos de sus ejecutivos queda instalada como una de las aristas que deberán ser esclarecidas a medida que avancen las investigaciones. No obstante, aquello se ve cada vez más difícil pues la estatal se mantiene inalterable en su posición de responder preguntas por escrito y no facilitar una entrevista con un vocero que pueda responder todas y cada una de las interrogantes que se tiene sobre lo ocurrido.

PURANOTICIA