La decisión de demoler viviendas en la parte alta de Viña del Mar suma una serie de cuestionamientos luego que fiscalizadores del Serviu de Valparaíso denunciaran que fueron “forzados” a firmar informes que no existían al momento de la resolución.
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La paralización de obras y posterior orden de demolición de viviendas destinadas a 356 familias damnificadas del megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024 en el sector El Olivar, en la parte alta de Viña del Mar, sumó una nueva y compleja arista. Esto, luego que se conociera que la decisión adoptada desde Santiago por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), encabezado por Iván Poduje, no habría contado con el respaldo técnico del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso, institución que además mantiene una tensa relación con la actual administración.
El punto de quiebre se sitúa en la resolución emitida el 9 de abril, mediante la cual se ordenó poner término anticipado a 12 contratos de construcción vinculados al proceso de reconstrucción en El Olivar. En dicho documento se señala que los Fiscalizadores Técnicos de Obras (FTO) del Serviu detectaron “graves fallas constructivas” en las viviendas edificadas por la empresa San Sebastián, argumento que permitió sustentar legalmente el fin de los contratos. Sin embargo, según antecedentes dados a conocer por el sitio web Reportea.cl, estos informes no existían al momento de dictarse la resolución.
La controversia tiene su origen en un oficio firmado el 24 de marzo por el ministro Poduje, basado en un informe de la División Técnica (Ditec) del Minvu, el cual advertía “una serie de irregularidades técnicas de carácter grave en la ejecución” de las viviendas. A partir de ese diagnóstico, se instruyó paralizar las obras y se emitió una advertencia explícita a los funcionarios del Serviu: “Se hace presente a esa Dirección y a todos los funcionarios de ese Servicio que el incumplimiento de la presente instrucción obligatoria (…) constituye una infracción grave”. En ese contexto, el equipo técnico del Serviu ya había sido removido de sus funciones clave.
El informe de la Ditec, elaborado tras una inspección del 19 de marzo, detectó el uso de materiales que no cumplían con la normativa. No obstante, los contratos firmados con la constructora a cargo de las obras establecen que para poder terminar anticipadamente dichos acuerdos, deben ser los FTO del Serviu quienes identifiquen las fallas y emitan los respectivos informes. Este requisito generó un problema administrativo, ya que dichos documentos no estaban disponibles al dictarse la resolución.
Según fuentes del medio citado, los fiscalizadores habrían sido presionados para firmar los informes con posterioridad. De acuerdo con estos antecedentes, los documentos finalmente suscritos no mencionaban “graves fallas constructivas”, pese a que ese fue el fundamento utilizado para terminar los contratos. Ante el temor de eventuales irregularidades, los funcionarios enviaron cada uno correos electrónicos a sus superiores y a la Asociación de Funcionarios del Serviu, denunciando que fueron “forzados” a firmar y que “no tuvieron oportunidad de oponerse”, lo que podría cuestionar la legalidad del proceso que tiene bajo incertidumbre a muchas familias.
El conflicto se intensificó durante una serie de reuniones realizadas el 13 de abril. En una de ellas, según los propios fiscalizadores, se les habría informado que existían instrucciones desde el nivel central y que podrían enfrentar sanciones en caso de no acatar lo ordenado. En ese contexto, reiteraron que “no tuvimos oportunidad de oponernos”, indicando además que los informes fueron redactados por la jefatura jurídica y firmados bajo presión, con fechas retroactivas al 9 de abril.
Durante estas instancias, los funcionarios también plantearon sus reparos técnicos, asegurando que no existían fallas de ejecución en las obras y que, de existir problemas, estos estarían vinculados al diseño de los proyectos. Incluso, propusieron que los informes dejaran constancia de que respondían a una instrucción directa de Iván Poduje, como mecanismo de resguardo, lo que finalmente no prosperó. Asimismo, denunciaron que se les solicitó modificar la fecha de los documentos para que coincidieran con la resolución ya emitida, situación que rechazaron sin llegar a acuerdo.
Desde el Ministerio de Vivienda, en tanto, defendieron la legalidad del procedimiento. En una respuesta a Reportea.cl, señalaron que los informes técnicos sí fueron elaborados el 9 de abril, mismo día en que se dictó la resolución. Como respaldo, citaron un correo enviado el 14 de abril por un fiscalizador al director subrogante del Serviu. No obstante, la cartera que lidera Poduje reconoció que existieron discrepancias con los funcionarios, las que habrían retrasado la firma de los documentos.
En esa línea, el Minvu aseguró que los fiscalizadores “no se negaron a elaborar el informe, solo tenían observaciones a lo indicado en la propuesta requerida”, indicando que dichas diferencias fueron subsanadas al momento de la firma. Asimismo, señalaron que no tienen conocimiento de los correos enviados por los trabajadores a la Asociación de Funcionarios y, de igual forma, confirmaron que existe un sumario administrativo en curso para esclarecer los hechos en cuestión.
Respecto a las diferencias entre la resolución que ordenó el término de contratos y los informes finalmente firmados, desde el Minvu indicaron que se evalúa una posible rectificación del documento, precisando que la referencia a “graves fallas constructivas” corresponde a una cláusula contractual utilizada en la resolución 3384.
De este modo, el conflicto no solo tensiona la relación entre el nivel central y los equipos regionales, sino que también abre un debate técnico, administrativo y judicial sobre el futuro de la reconstrucción en El Olivar. Y es que mientras el Gobierno defiende su decisión de demoler, la controversia por la validez de los informes técnicos y la forma en que fueron elaborados continúa escalando y podría terminar en tribunales.
PURANOTICIA
