En libertad queda detective de la PDI imputado por disparar a funcionario de Gendarmería durante violenta discusión en Valparaíso

En libertad quedó Jorge Eduardo Cádiz Cádiz, funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) imputado por un delito de lesiones graves –asociado a un disparo percutado contra un gendarme en Valparaíso– luego de que el Juzgado de Garantía rechazara la solicitud de medidas cautelares formulada por la Fiscalía en su contra.

La decisión fue adoptada durante la audiencia de formalización desarrollada este viernes 14 de agosto, instancia en la que se abordaron los antecedentes de la discusión ocurrida durante el jueves 13 en el sector del cerro Playa Ancha y que involucró al detective, a un funcionario de Gendarmería y a una mujer, también de la institución.

Bajo este contexto, se indicó que el hecho terminó con el gendarme herido por un impacto balístico en una de sus piernas, situación que derivó en la investigación y posterior formalización del funcionario de la policía civil como autor de lesiones graves.

Sin embargo, la magistrada Jeanette Oliva consideró que, en esta etapa de la investigación, existen antecedentes que permiten sostener como plausible la hipótesis planteada por la defensa respecto de una legítima defensa privilegiada, por lo que resolvió no imponer medidas cautelares al imputado.

La jueza explicó que uno de los elementos considerados fue el relato entregado por la mujer involucrada en el episodio, quien reconoció que se produjo un forcejeo con el funcionario de Gendarmería –que además es su pareja–, circunstancia que, a juicio del tribunal, podía ser interpretada por un tercero como una agresión o amenaza.

"Hace plausible la teoría que ha alzado la defensa en esta audiencia de una legítima defensa privilegiada", señaló la jueza Oliva, quien luego profundizó en el contexto en que se produjo la intervención del funcionario de la Policía de Investigaciones y en lo que pudo percibir al momento de aproximarse a la pareja.

En ese sentido, la magistrada sostuvo que "la misma mujer reconoce que hubo un tironeo entre ella y la víctima, de modo tal que a vista de terceros, evidentemente, podía la persona que está presente aquí en la sala, como resultado, pensar racionalmente que podía haber ahí algún tipo de agresión o amenaza hacia la integridad de ella".

Otro de los antecedentes considerados por la jueza fue la conducta posterior del imputado, particularmente las preguntas que habría realizado para conocer el estado de la mujer involucrada en el forcejeo. Sobre esto, indicó que la propia testigo reconoció que Cádiz le preguntó en reiteradas oportunidades si se encontraba bien.

"(El imputado) intervino preguntando varias veces, porque la propia testigo reconoce que varias veces le preguntó si se encontraba bien. Lo cierto es que la mujer le decía que se encontraba bien, pero todos sabemos, los que estamos acá, que muchas veces las víctimas de violencia de género evitan señalar los problemas que están sufriendo en ese momento porque saben que después puede haber consecuencias si hablan", sostuvo la magistrada al momento de la resolución.

A partir de estos antecedentes, Oliva planteó que "la intervención del señor Cádiz simplemente era para verificar que la mujer que estaba ahí en este forcejeo se encontrara bien, y es así que, claro, puede haber problema de espacio temporal en cuanto a quién sacó primero el arma, pero aquí, efectivamente, la propia mujer reconoce que los dos se habían golpeado, pero reconoce en todo caso que también la víctima había golpeado al imputado".

La magistrada también hizo referencia a la condición del imputado como funcionario de la PDI y descartó –en esta etapa– que existan antecedentes que permitan presumir que buscará sustraerse de las actuaciones de la investigación, considerando además las eventuales consecuencias administrativas que podría enfrentar.

"Lo cierto es que, con la presencia de un funcionario con un alto grado dentro de lo que es la institución de la Policía de Investigaciones de Chile, no cabe sino pensar que no se va a sustraer a las actuaciones del procedimiento, porque eso le significaría, incluso, sanciones administrativas y disciplinarias", concluyó la jueza.

De esta manera, el tribunal porteño rechazó las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público y ordenó la libertad del imputado, quien continuará sujeto al proceso mientras se desarrollan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Finalmente, la magistrada fijó en 90 días el plazo de investigación para esta causa, período durante el cual deberán desarrollarse las diligencias que permitan determinar la dinámica del episodio y las eventuales responsabilidades penales que correspondan.

PURANOTICIA