Andrés Benavides, académico de Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso, advirtió en Puranoticia.cl sobre la diferencia entre la "verdad real" y la "verdad procesal", señalando que la falta de evidencia tangible podría librar a la senadora de una condena por fraude al fisco.
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La política nacional se remeció este miércoles con el ingreso del OS9 de Carabineros a las oficinas de la senadora Camila Flores, bajo una investigación por presunto fraude al fisco. Sin embargo, tras el despliegue policial y el ruido mediático, asoma una realidad jurídica mucho más fría y pragmática: el caso pende de un hilo llamado "verdad procesal".
Para el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso, Andrés Benavides, el escenario es complejo. Aunque la opinión pública ya emite juicios, el sistema legal opera bajo una lógica distinta, donde la falta de pruebas físicas puede anular cualquier acusación, por muy real que sea el hecho.
"Usted dice que los hechos habrían ocurrido como dice la denuncia anónima, pero no existe prueba, en el ámbito jurídico diremos que nunca existieron", explica.
Benavides enfatiza que la carpeta investigativa es la única realidad para un juez: "Si en la carpeta de investigación no existen hechos como los que se denunciaron anónimamente, en nuestra disciplina jurídica esos hechos nunca ocurrieron".
La denuncia apunta a la existencia de la denominada "cuota Flores", donde asesores habrían devuelto parte de sus sueldos a la parlamentaria en dinero en efectivo. Aquí es donde la fiscalía encuentra su mayor obstáculo: la ausencia de rastro bancario.
Si bien existe la libertad probatoria —que permite usar WhatsApps, testimonios o escritos personales para construir el caso—, el académico advierte que "si uno solamente se queda en ese plano de que es la palabra de uno contra otro, evidentemente que es más difícil derrumbar este estado jurídico de inocencia".
Un punto crítico es que, para avanzar hacia un juicio, la parlamentaria de Renovación Nacional (RN) debe ser desaforada. Sin embargo, el profesor Benavides aclara que el estándar para este trámite y el juicio posterior es sumamente riguroso en cuanto a la calidad de los antecedentes que el Ministerio Público debe recabar.
"El Ministerio Público puede recabar testimonios de personas que dicen, por ejemplo, 'sí efectivamente me pagaban y yo tenía que devolver esa cantidad de dinero', pero también la defensa (...) podrá aportar testimonios de personas que prestaron asesoría y que efectivamente tienen cómo demostrar tanto el servicio prestado como el pago".
Bajo esta lógica, el académico plantea que existen "muchos kilómetros de diferencia" entre el inicio de la investigación y una condena real.
Pese a que el Fiscal Nacional confirmó que un tribunal autorizó las diligencias intrusivas (lo que sugiere que hay antecedentes serios iniciales), esto no define el final de la historia. Para Benavides, la senadora sigue siendo, legalmente, una persona inocente bajo investigación.
"Sería muy poco serio el poder decir que ya que hubo una denuncia y ya que han habido diligencias de ingreso, de registro, de incautación (...) ya tenemos a una persona culpable y condenada", expresó.
La noticia, calificada por el académico como "en desarrollo tanto en el plano periodístico como en el jurídico", podría terminar con una condena histórica o simplemente ser archivada por falta de pruebas, convirtiéndose en un rumor más de los pasillos del Congreso que la justicia no pudo confirmar.
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