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El sancionado historial del jefe Jurídico y de Transparencia del SLEP de Los Andes

El sancionado historial del jefe Jurídico y de Transparencia del SLEP de Los Andes

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Entre 2014 y 2016, Miguel Ortega Aguirre adulteró antecedentes para quedarse con dos licitaciones en la Municipalidad de La Pintana. Además, el 2021 fue sancionado por el Departamento de Extranjería y Migración por darle trabajo a un extranjero sin autorización.

El sancionado historial del jefe Jurídico y de Transparencia del SLEP de Los Andes
Martes 20 de enero de 2026 16:16
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Miguel Ortega Aguirre, exfuncionario del Ministerio de Educación durante los gobiernos de la Concertación, fue nombrado como jefe del Departamento Jurídico y Transparencia del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Los Andes, pese a que su trayectoria profesional incluye sanciones administrativas vinculadas a irregularidades en licitaciones financiadas con fondos de Subvención Escolar Preferencial (SEP).

Según consigna Ciper Chile, la primera irregularidad dice relación con la Municipalidad de La Pintana, pues adulteró antecedentes para quedarse con dos licitaciones, los años 2014 y 2016, por más de $1.400 millones. Es por este motivo que el Mineduc decidió eliminar a su consultora (Ortega, Auditorías y Gestión Educativa [Audigeduc]) de las entidades que pueden prestar asesorías técnicas a establecimientos educacionales.

Para adjudicarse los procesos, Ortega presentó en las licitaciones a dos doctores y cuatro magister como parte de su equipo de trabajo, sin embargo dichos expertos no tenían vínculo con él ni participaron en las asesorías a las escuelas de La Pintana. Pero esto le sirvió para que se quedara con $1.471 millones de fondos SEP. Esto le valió a Audigeduc una denuncia ante el Ministerio de Educación por infracción a la Ley SEP, la que derivó en que se eliminara a la consultora del registro que apoya a colegios.

DEMANDA Y SANCIÓN

A raíz de todo esto, el consultor ingresó el 16 de agosto de 2017 una demanda contra el Municipio de La Pintana ante el 2° Juzgado Civil de San Miguel, en representación de Audigeduc, acusando el no pago de 84 facturas por $269 millones, por asesorías entre agosto de 2016 y febrero de 2017; indicando que, pese a que los servicios se prestaron, desde junio de 2016 sólo se había recibido el pago del primer mes.

El entonces director de Administración y Finanzas de La Pintana, Manuel Gatica, explicó a Ciper que los estados de pago fueron devueltos por inconsistencias en los informes técnicos, las que nunca fueron subsanadas, mientras que el exdirector jurídico Mario Vallejos precisó que si bien las asesorías se ejecutaron en los establecimientos, gran parte del trabajo fue realizado por profesionales distintos a los ofertados en la licitación.

Pese a ello, en agosto de 2019 el tribunal ordenó seguir adelante con la ejecución y el pago de la deuda, al considerar acreditada la prestación de los servicios. Luego, en octubre de 2019, el Concejo Municipal aprobó un acuerdo económico con Audigeduc por $411 millones, el que fue ratificado en diciembre de ese año y pagado con fondos SEP.

Pero eso no es todo, pues Miguel Ortega, a través de su Fundación Soluciones Educativas Solo Dos, recibió una sanción el año 2021 por parte del Departamento de Extranjería y Migración, dependiente de la Subsecretaría del Interior, por darle trabajo a un ciudadano extranjero que no cuenta con autorización. La multa fue de 5,9 Ingresos Mínimos No Remuneracionales (correspondientes a $1.241.702 a esa fecha).

SLEP DE LOS ANDES

Pero a pesar de estos antecedentes, al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Los Andes ingresó durante febrero de 2025 a desempeñarse como coordinador de Control de Gestión en la Subdirección de Planificación, escalando tan sólo meses más tarde, en junio del año pasado, como jefe del Departamento Jurídico y Transparencia. Esto, ya que aseguraron que no se acreditó la comisión de delitos por parte del funcionario.

Desde el SLEP de Los Andes se refirieron a esta situación, señalando a Ciper Chile que "si bien, existieron procesos administrativos y judiciales, en ninguno se acreditó la comisión de delitos por parte del señor Ortega. Debido a esto, legalmente, no existen impedimentos que pudiesen inhabilitarlo para el ejercicio de su cargo".

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