
Representantes de las personas que tendrán que dejar el campamento Unión sin Fronteras acudieron al Concejo Municipal de Valparaíso para exponer sus problemas. Alcaldesa Camila Nieto recordó que el Municipio no tiene atribuciones para frenar la orden de desalojo, pero que buscarán alguna alternativa con la Delegación Presidencial Regional.
A la hora de hablar de campamentos en el país, el paso de los años deja en evidencia que el fenómeno no se reduce, sino que al contrario, va en aumento. De hecho, un catastro de Techo-Chile arrojó que entre 2020 y 2023 aumentaron en un 28% y que de una base de 1.000 analizados, un 23% de ellos están en la región de Valparaíso.
De acuerdo con el mismo análisis de esta fundación, existen al menos 1.290 campamentos en Chile, de los cuales un 68% prefiere la radicación como solución habitacional mediante la regularización de servicios básicos y obtención de títulos de dominio o construcción de proyectos en los mismos espacios.
Bajo este contexto, vale recordar que hace unas semanas se produjo el desalojo de la toma Lajarilla, ubicada en el sector de Reñaca Alto, en la comuna de Viña del Mar, donde vivían cerca de 90 familias. Y es que esta situación se podría volver a repetir, pero esta vez en Valparaíso, donde se está ad portas de un operativo similar.
Esta vez son cerca de 110 familias, incluidos 68 niños, pacientes diagnosticados con TEA, adultos mayores y personas insulinodependientes, los cuales viven hace dos años en el campamento Comité Unión sin Fronteras, ubicado en el sector de Placilla de Peñuelas, en la parte alta de Valparaíso. Todos ellos, por orden judicial, deberán ser desalojados el próximo 17 de julio; esto, luego que el propietario de las parcelas 161,162 y 163 interpusiera un demanda en su contra por instalarse en terrenos privados.
Hasta la sesión de este jueves del Concejo Municipal de Valparaíso llegaron representantes de estas familias que tendrán que dejar el terreno y consigo las casas que levantaron. En audiencia pública, frente a la alcaldesa Camila Nieto y los concejales, Sandra Vergara, presidenta de la Unión de Campamentos Placillanos; Rubén Meza, presidente del consejo vecinal de Desarrollo de Placilla de Peñuelas; y Lidia Villanueva, vecina del sector, expusieron el drama por el que están atravesando.
Respecto al campamento que se formó el 17 de febrero de 2022, Meza explicó a Puranoticia.cl que "esos terrenos estaban abandonados por el dueño, nosotros no irrumpimos. Si bien es cierto, es propiedad privada, era una propiedad privada que hacía mucho daño. Los que tienen muchos recursos abandonan los predios y no los mantienen, porque les cuesta mucho dinero y nadie les exige que los cierren, los limpien o los cuiden para que no se produzcan desmanes. Está bien la propiedad privada, pero con responsabilidad social”.
Por su parte, Sandra Vergara, presidenta de la Unión de Campamentos Placillanos sostuvo que donde están emplazadas sus viviendas “era un territorio abandonado, eran unas parcelas que se usaban como vertedero. Los delincuentes se escondían ahí y otros se iban a drogar en esos terrenos", y agregó que "tomamos un espacio tirado al desvío. El campamento está reconocido como tal desde 2024. Hemos tenido reuniones con el Serviu, con asentamientos precarios, pero el Serviu sólo ha dado promesas y todas son incumplidas”.
La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, en su intervención ante el Concejo Municipal y luego de escuchar el problema que aqueja a quienes viven en el campamento Unión sin Fronteras de Placilla, expuso que "ustedes nos traen la necesidad de la vivienda. Desde ese punto de vista no me pierdo: hoy día la vivienda lamentablemente no es un derecho humano que esté reconocido y, desde ahí en adelante se empiezan a generar una serie de problemáticas que se unen a un Estado que, hasta antes del «Plan de Emergencia Habitacional» también generaba una gran lentitud en la respuesta a una necesidad que es real”.
La jefa comunal porteña sostuvo que “la situación en la que está hoy día este campamento es compleja. Ustedes pueden tener mi apoyo como Alcaldesa y también esos 68 niños que tenemos identificados, pero que pueden ser muchos más. En el momento del desalojo tenemos que –desde el Municipio– tomar el rol que nos corresponde. La Municipalidad en todo este proceso, por supuesto, tiene un rol político de buscar que se solucione el tema, pero acá hay una sentencia y como Alcaldesa no la puedo pasar por encima ni tengo la atribución ni la posibilidad que dependa de mí hacerlo”.
Nieto subrayó que “otra cosa es que la Municipalidad va a poner a disposición toda la capacidad que tiene para cumplir con su rol social y es por eso que he instruido a la Directora de Desarrollo Comunitario y a la Directora de Vivienda que inste los espacios de coordinación con la Delegación Presidencial Regional para que se puedan ver alternativas. Si esto se llega a llevar adelante (el desalojo), que no depende de mí como Alcaldesa, sino que depende de otras entidades, sí vamos a estar ahí para poder contener, sostener y sacar adelante los procesos de ayudas sociales, porque eso sí es nuestra competencia”.
Lidia Villanueva, quien vive en el campamento placillano, manifestó su disconformidad ante la respuesta que les entregó la Alcaldesa de Valparaíso, sosteniendo que “no somos un problema, somos personas trabajadoras y creemos que la Municipalidad tiene la posibilidad de ayudarnos sin necesidad de que nos desalojen. Se puede impedir el desalojo por la vía de la erradicación y la urbanización”.
Por su parte, el concejal Vicente Celedón (independiente) indicó que “hay que atender esta situación. No se puede replicar lo que se generó en la toma de Lajarilla. El campamento Unión sin fronteras no es un problema para Placilla de Peñuelas, ha sido una organización, un comité de vivienda que ha colaborado con los distintos vecinos de Placilla", y agregó que "ese espacio que ocupan actualmente las familias estaba abandonado, se utilizaba para cometer incivilidades, lleno de basura y creo que es importante que la Alcaldesa, en su calidad de autoridad comunal y junto al Departamento de Vivienda y Territorio, según entiendo, ha llevado un trabajo importante en ese sector, vean soluciones dentro de los marcos legales que existen”.
En tanto, la concejala Alicia Zúñiga (PC) precisó que “el desalojo lo que hace es ampliar la precariedad. Nosotros no podemos plantearnos como solución los desalojos, ya que agudizan un problema existente. Hay un tema de Estado a la hora de enfrentar cómo se resuelve el tema sin vulnerar aún más los derechos de las personas".
Finalmente, el concejal Leonardo Contreras (RN) dijo que “no estoy de acuerdo con que los campamentos sean la solución, los campamentos son un problema, no sólo para el ente público, sino también para los que viven ahí, porque probablemente hay dificultades sanitarias, hay dificultades de espacio, de seguridad y un montón de dificultades. Por lo tanto, no podemos decir que es una solución, porque es una cuestión que no les está dando dignidad habitacional”.
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