
Cartera también apuntó a que la coordinación operativa con el Consejo de Ministros "no siempre ha sido clara ni uniforme"; que hubo "dificultades" por los cambios de encargados del proceso; y que la coordinación con municipios "carece de institucionalidad clara".
Luego que la Comisión Especial Investigadora (CEI) de la reconstrucción tras el megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana aprobara el informe general y rechazara –en votación separada– los puntos que establecían negligencias institucionales, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, destacó las decisiones adoptadas en la instancia de la Cámara de Diputados.
En primer lugar, el secretario de Estado aseguró que el Gobierno tomará en cuenta todas las recomendaciones surgidas en la comisión investigadora, con el objetivo de fortalecer la forma de enfrentar emergencias, catástrofes y procesos de reconstrucción.
"La sesión de hoy día fue un momento más reflexivo respecto de lo que ha habido en otras ocasiones. La mayor parte de las opiniones fueron en el sentido de entender más qué es lo que ocurrió, tratar de profundizar en los factores determinantes de los atrasos, pero también entender cuánto se logró. O sea, tratar de hacer algo objetivo que ayude al Parlamento y al Estado a hacer mejor las cosas", sostuvo Montes.
El jefe de la cartera de Vivienda y Urbanismo también valoró que en la CEI de la reconstrucción se hayan desmentido "informaciones erróneas" sobre el listado de viviendas que la Cámara Chilena de la Construcción habría ofrecido, pues recordó que el propio gremio sostuvo el 18 de julio pasado que "no existió ningún ofrecimiento por parte de alguna de las empresas asociadas a nuestra entidad gremial en cuanto a donar una cantidad determinada de viviendas para el proceso de reconstrucción".
El mismo documento subraya que se envió una “planilla con información” y un “catastro de viviendas disponibles” y no una “oferta”, como se señaló en la comisión, desconociendo que aquellos listados contenían viviendas fuera del rango de precio que puede pagar el Estado o, bien, viviendas poco adecuadas para una familia. "Creo que tenemos que ser bien serios. La democracia obliga a ser serios. Hay otros que solamente quieren tratar de culpar o inculpar, sin asumir ninguna responsabilidad propia, como parte de la institucionalidad general, pero sin tampoco hacer planteamientos fundados sobre las cosas”, manifestó el ministro Carlos Montes.
También destacó la labor desempeñada por los funcionarios, tanto del Minvu como del Serviu, señalando que "aquí la gente ha trabajado, aquí la gente ha tratado de sacar las cosas adelante y eso es importante de reconocer. Por eso, es importante que tomemos en cuenta los datos reales, las razones de los tiempos que ha tomado este proceso. Si no lo hacemos con seriedad, la verdad es que difícilmente vamos a superar esto y vamos a tener mejores perspectivas para el futuro".
Puranoticia.cl accedió a una serie de conclusiones sobre los factores que explican el ritmo de avance en la reconstrucción, comenzando con las particularidades del daño, ya que cada caso familiar presenta particularidades en cuanto a situación social, legal y patrimonial; los efectos del incendio fueron distintos; las múltiples modalidades de reconstrucción; y que no existe modelo único ni estandarizado.
En cuanto a la organización de la reconstrucción, apuntaron a las limitaciones del modelo institucional para un proceso integral y rápido. Allí mencionan la política de reconstrucción, a través del Consejo de Ministros, encabezado por la Ministra de Desarrollo Social, cuya cartera elaboró el Plan de Reconstrucción. No obstante, afirman que "su coordinación operativa no siempre ha sido clara ni uniforme".
También indicaron la organización operativa, donde cada ministerio sectorial organiza sus tareas de forma descentralizada, debiendo el Minvu asumir el rol principal, ya que lo priotario es la vivienda. Para ello se articulararon fases y actores, "pero con dificultades". Así recordaron que sólo en los primeros cuatro meses estuvieron a cargo Ricardo Carvajal, la seremi Belén Paredes y el ex director del Serviu, Rodrigo Uribe.
"El Minvu es la estructura permanente que sostiene el proceso, aunque con relaciones débiles con Delegación, Seremi y Gobiernos Regionales, además de una coordinación con municipios que carece de institucionalidad clara", reconocieron desde la cartera, que también sumó como aliciente la campaña electoral del año pasado.
La Secretaría de Estado también apuntó al componente operativo como uno de los más determinantes en relación al ritmo de avance de la reconstrucción. En ese sentido, señalaron que la modalidad predominante es la licitación o externalización de proyectos, que requiere en promedio 10 meses antes de iniciar obras, para elaboración de bases, concurso, adjudicación, diseño de proyectos, aprobaciones y montaje de faenas.
Luego reconocieron que la organización carece de capacidades propias en ámbitos como loteos, muros de contención, estudios de suelo o apoyo jurídico. "Estos deben ser contratados, lo que añade tiempos", dijeron. "La coordinación con municipios ha sido menor a lo deseable, limitando la rapidez en la gestión territorial", sumaron.
Tal como dijo el ministro Carlos Montes ante la comisión investigadora, surgieron imprevistos que ralentizan el proceso de reconstrucción, como exigencias de la Conaf (planes de manejo); de Sernageomin (zona de riesgo); de construcción de muros, tomas y reconstrucción de sistemas de evacuación de aguas servidas.
El Ministerio indicó que se hicieron cambios legales y normativos para superar bloqueos, pero advirtieron que la ejecución depende de múltiples actores externos. Además, comentaron que las entidades técnicas y constructoras avanzan con ritmos propios de proyectos regulares, no de emergencia; y manifestaron que la capacidad de control semanal del Estado es limitada. "En la mayoría de casos, los contratos son entre familias y empresas, con el Serviu en rol de supervisión y no de mandante directo".
Por último, subrayaron que "desde el inicio de esta emergencia hemos señalado que el plazo para reconstruir viviendas es de dos años. Entendemos, por supuesto, la premura de las familias, y estamos trabajando con sentido de urgencia entendiendo que el Estado debe ser responsable y que hay pasos que cumplir antes de que se vean las obras. Eso ya está ocurriendo y esperamos seguir avanzando en esa línea".
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