La Asociación de Funcionarios de Parlamentarios denunció que no se ha cumplido el plazo legal de 10 días para el pago de finiquitos de los trabajadores de exlegisladores que no consiguieron la reelección el año pasado; esto, mientras la Cámara atribuye el retraso a que los fondos, provenientes de la Dirección de Presupuestos, "aún no están disponibles".
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Un conflicto administrativo y legal se instaló al interior de la Cámara de Diputadas y Diputadoos, luego que la Asociación de Funcionarios de Parlamentarios (Afunpar) denunciara el no pago oportuno de finiquitos a trabajadores que dejaron sus funciones tras el término del período legislativo 2022-2026.
A través de una carta dirigida al secretario general de la Corporación, Miguel Landeros, el presidente de Afunpar, Dimitri Morales, expresó la molestia de los asociados por el retraso en estos pagos, advirtiendo que la situación podría constituir un incumplimiento de la normativa, vale decir, el Congreso estaría infringiendo la ley.
Según expone el dirigente, el artículo 177 del Código del Trabajo establece que el finiquito debe ser entregado y pagado dentro de un plazo de 10 días hábiles desde la desvinculación del trabajador, lo que no se ha respetado en este caso.
En la misiva, además, se da cuenta de situaciones que agravan el problema. "Existen casos de trabajadores que, habiendo ya remitido el documento notarial correspondiente, no han podido aún subir sus contratos al sistema por figurar todavía con estado pendiente de finiquito, situación que les genera un perjuicio directo", señala Morales en la carta dirigida al secretario general de la Corporación.
Frente a este escenario, la organización de trabajadores parlamentarios solicitó regularizar los pagos a la brevedad, advirtiendo que, de no mediar una solución, recurrirán a la Inspección del Trabajo para interponer el reclamo respectivo.
La respuesta de la Cámara de Diputados no desmiente el retraso, pero lo atribuye a razones presupuestarias. En un oficio dirigido a los trabajadores, el secretario general Miguel Landeros indicó que "no ha sido posible efectuar el pago de la totalidad de los finiquitos que ya se encuentran en nuestro poder debidamente firmados".
En esa misma línea, explicó que la institución depende de la disponibilidad de recursos autorizados por la Dirección de Presupuestos (Dipres), dependiente del Ministerio de Hacienda, precisando que "dichos fondos aún no están disponibles".
Cabe hacer presente que el conflicto se produce en un contexto marcado por el ajuste fiscal impulsado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, el que ha implicado restricciones en el gasto público y cuyo punto más visible en los últimos días ha sido el fuerte incremento en el precio de los combustibles.
Si bien, desde la Cámara de Diputada y Diputados no se establece un vínculo directo entre ambas situaciones, lo cierto es que la falta de liquidez para cumplir con obligaciones laborales básicas, como el pago de finiquitos dentro de plazo, coincide con un escenario de estrechez presupuestaria a nivel estatal.
De esta manera, la Corporación enfrenta diversos cuestionamientos por un eventual incumplimiento de la legislación laboral, en un caso que podría escalar a instancias administrativas si no se regulariza en el corto plazo.
PURANOTICIA
