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Uno entiende que el rol de un funcionario público es desempeñar funciones en el Estado, priorizando el interés público y la transparencia. Uno espera que el funcionario público trabaje con honestidad, responsabilidad, con eficiencia, que cumpla las leyes y las regulaciones establecidas. En el fondo, los funcionarios públicos deben ser imparciales, dedicados y comprometidos con el servicio público.
Por eso cuando uno de estos trabajadores del sistema público no respeta una licencia médica, está al frente de una violación a la ética afectando justamente la integridad y la confianza en los sistemas de trabajo, los sistemas de salud y sobre todo genera consecuencias legales y administrativas.
Este martes, la Contraloría General de la República dio a conocer un informe que devela que solo entre los años 2023 y 2024 cerca de 25 mil funcionarios públicos que estaban con licencia médica, es decir con reposo de algún tipo, salieron del país.
En nuestro país existen sanciones tanto para los profesionales que emiten licencias falsas, como para los trabajadores que las usan de forma fraudulenta. En el caso de los profesionales, el Ministerio Público puede sancionar a los que emiten licencias falsas con multas y suspensión temporal de la facultad para otorgar licencias médicas. Por otro lado, en el caso de los trabajadores, el uso indebido de una licencia médica puede implicar la privación de los beneficios derivados de su goce, como la justificación de ausencia laboral y el derecho a subsidio por incapacidad laboral, según la Dirección del Trabajo. Además, puede haber sanciones laborales y, en casos de falsificación, sanciones penales.
Pero en el caso de los trabajadores públicos todo parece indicar que no hay muchas sanciones. Estamos hablando de 25 mil casos en solo dos años que estando con licencia salieron del país, y solo por ese dato se puede entender que existe una violación justamente al sistema.
Los trabajadores del sector público que se ausentan del trabajo debido a una licencia médica, generalmente mantienen su remuneración íntegra durante el período de la licencia. Esto significa que el trabajador recibe su sueldo habitual, sin que se vea afectado por la licencia médica. Esto no sucede por ejemplo con un trabajador de una pyme o una empresa privada, el trabajador del Estado, de un municipio, de un ministerio, etc le pagan sí o sí su licencia, sea aceptada o rechazada, eso es justamente un beneficio adicional, sin embargo, el informe de Contraloría demuestra que el aprovechamiento es abismante.
Investigaciones más o menos, lo preocupante es el tipo de funcionarios públicos que tenemos en las instituciones del Estado. Qué tipo de nivel ético tienen. Si son capaces de sacar una licencia y al menos 25 mil de ellos viajar al extranjero, cobrar el sueldo y quizás obligar al Estado a pagarle a un tercero que lo reemplace simplemente es más que inquietante cuando por su rol justamente deberían tener un comportamiento a la altura, sobre todo cuando su sueldo es pagado por nuestros impuestos.
Sin duda hay que mejorar el control de las licencias médicas en el sistema público, pero por sobre todo cuestionarnos qué nivel ético tienen aquellos que nos atienden en un trámite público. ¿Si fue capaz de mentirle al sistema con una licencia, que más es capaz de hacer?
