En una tensa sesión extraordinaria, los concejales Puebla, Bartolucci, Scarella y Mejías plantearon sus reparos a la propuesta municipal para adjudicar la contratación de una empresa que les arrendaría 34 camionetas para la Dirección de Seguridad Pública comunal.
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Un duro revés sufrió Viña del Mar luego que el Concejo Municipal rechazara la propuesta de la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti para aprobar la licitación para el servicio de arriendo de vehículos para la Dirección de Seguridad Pública, iniciativa que contemplaba la suscripción de un contrato con la empresa Arrendadora de Vehículos S.A. por un monto superior a los $1.500 millones ($1.525.018.320), destinado al arriendo de 34 vehículos para reforzar la sensación de seguridad en la comuna.
Se trataba de la tercera vez que la administración comunal llevaba esta propuesta a escrutinio del Concejo Municipal, luego de dos intentos fallidos que obligaron a convocar a una sesión extraordinaria que terminara por zanjar la discusión del tema. Para su aprobación, se requería de un quórum calificado de siete votos –de un total de 11–, ya que la normativa exige este requisito en contratos que exceden el periodo alcaldicio.
Pero a pesar de que la Dirección Jurídica remitió antecedentes a los ediles, incluyendo dictámenes y una sentencia que abordaba una situación considerada análoga en el Gobierno Regional, la propuesta no logró reunir el respaldo necesario. Finalmente la votación se resolvió con cinco votos a favor y cuatro en contra, sin alcanzar el quórum requerido. Importante es mencionar que no participaron en la votación los concejales Andrés Solar y Verónica Parra (ambos del Partido Republicano), esta última aún sin asumir formalmente en reemplazo de la renunciada Antonella Pecchenino.
El rechazo a la solicitud de la gestión municipal frenteamplista no solo frena la contratación del servicio, sino que se configura como un duro traspié para los habitantes de la comuna, todo en medio de un tenso debate que estuvo marcado por duros cuestionamientos de los ediles, quienes apuntaron a presiones de la alcaldesa Ripamonti, cambio en las condiciones y hasta "letra chica" en las ofertas.
Argumentando su voto de rechazo, el concejal Sandro Puebla (Ind.-PS) señaló que "tengo una duda razonable como concejal y es que las ofertas que se presentan en la licitación no pueden traer letras chica o poner condiciones que no están en las bases porque eso después puede traer problemas y terminar costándole más caro a la Municipalidad. Por lo tanto, en futuras licitaciones debería dejarse establecido que los oferentes no pueden poner condiciones distintas a las que están en las bases".
Luego, el concejal José Tomás Bartolucci (Ind.-UDI) quien, dirigiéndose a la alcaldesa Ripamonti, indicó que "lo que me parece más lamentable es que usted nos presione de la manera en la que lo hace porque cuando usted dice que 'pagaremos la indemnización' (...) básicamente nos está diciendo que si perdemos en el Tribunal de Contratación Pública, después en una causa civil nos va a demandar por las indemnizaciones que correspondan como consecuencia de rechazar esta licitación".
El edil recalcó que una situación bien similar ocurrió con la rebaja de los sueldos de la salud municipal y con el proyecto de las cámaras de televigilancia comunal, donde aseguró que también sintió que hubo presiones a algunos concejales. "Si yo estoy en una situación particular, en una mirada distinta a la suya, me parece que no hay espacio para ese tipo de avisos. Al Concejo Municipal se le debe a respetar y no se le debe tratar de forzar su voluntad bajo ese tipo de avisos", lanzó la autoridad.
Volviendo a la discusión de la licitación para el arriendo de las camionetas, Bartolucci subrayó que "respecto de los puntos que se trataron en el Concejo anterior, creo que esas letras chicas o esas condiciones que se incorporan en las bases de licitación no son exigibles sólo al contratista, sino que también a quien se le evalúa la oferta –como dice la Corte Suprema– y, por tanto, mantengo mi posición".
Fundamentación similar fue la entregada por la concejala Antonia Scarella (Ind.-UDI), quien comentó que "con los argumentos presentados en la última votación y lo que ya han expuesto también otros concejales, sigo en la postura de que las letras chicas no pueden ser permitidas y creo que la duda permanece presente. Es algo que ha sido repetitivo, que se ha visto en otras ocasiones y que deja un cuestionamiento frente a esta licitación. Pese a lo presentado por la Dirección Jurídica, no me aclara del todo las dudas presentadas y por ende también me mantengo en posición de rechazo".
Finalmente, el concejal Francisco Mejías (Ind.) manifestó que "en mi rol fiscalizador como concejal, considero que aprobar la adjudicación en estas condiciones podría exponer al Municipio a cuestionamientos de legalidad. Y, además, caer en interpretaciones extensivas para intentar salvar un proceso ya viciado. Pone a este Concejo también en situación de riesgo, administrativo, judicial y patrimonial".
De esta manera, los cuatro ediles mencionados rechazaron la propuesta planteada por la administración de la Municipalidad de Viña del Mar, mientras que por la postura a favor estuvieron los concejales Nancy Díaz (FA), Carlos Williams (Ind.), Nicolás López (PC) y Alejandro Aguilera (FA), además de la propia alcaldesa Macarena Ripamonti (FA), quien lamentó que, no habiéndose alcanzado el quórum calificado que exige la ley para proyectos que exceden el periodo alcaldicio, se dio por rechazada la propuesta.
PURANOTICIA
