También se detectó que el término anticipado del contrato con Ingesmart del 2024 se pudo haber hecho dos años antes, además de fallas en el sistema de almacenamiento y grabación de las cámaras, que derivaron en que se ordenara un proceso disciplinario.
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Atendiendo las presentaciones de tres concejales del saliente periodo municipal en torno a presuntas irregularidades en el cumplimiento del servicio de arriendo, instalación, implementación y mantención de las cámaras de televigilancia en Viña del Mar, la Contraloría Regional de Valparaíso emitió un contundente informe que justamente comprueba las anomalías denunciadas por Antonia Scarella, René Lues y Jorge Martínez.
«Informe Final N°132» lleva por nombre el documento al que accedió Puranticia.cl, y que da cuenta de los resultados de una investigación relacionada al servicio de las 122 cámaras de televigilancia, adjudicado a la empresa Ingesmart S.A., del que los ediles denunciantes afirmaron que no ha funcionado conforme a lo establecido en las bases generales que las rigen, presentando falencias en su almacenamiento y visualización, así como modificaciones en la marca y modelo de las antenas.
Para comprender tanto la denuncia como los resultados del estudio, vale hacer presente que entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2023, el Municipio de Viña del Mar desembolsó más de 430 millones de pesos ($430.749.362), mientras que las multas aplicadas a Ingesmart S.A. alcanzaron los 279 millones de pesos ($279.001.920), montos que fueron examinados en su totalidad por la Contraloría.
Bajo todo este contexto, la entidad que fiscaliza a los órganos del Estado llevó a cabo una auditoría que tenía como finalidad principal comprobar el funcionamiento de las cámaras de televigilancia, según lo establecido en el contrato y bases de licitación; y verificar la aplicación de multas por el eventual incumplimiento en el servicio de implementación y mantención de las 122 cámaras de televigilancia viñamarinas.
En una de las primeras irregularidades detectadas por la Contraloría Regional de Valparaíso en su auditoría, se determinó la falta de funcionamiento de 66 cámaras de televigilancia entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2023, así como 27 cámaras no operativas, lo que fue verificado en una visita efectuada a la sala de control ubicada en la 1ª Comisaría de Carabineros de Viña del Mar el día 22 de febrero de 2024.
Por esta anomalía, se instruyó a la administración Ripamonti que deberá remitir los antecedentes que acrediten el cobro de las multas equivalente a 6.910 UF, según lo indicado en el memorando N°763, de 2024, citado en la respuesta que el propio Municipio de la Ciudad jardín entregó, lo que deberá ser remitido a la entidad de control en un plazo de 60 días hábiles, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo.
Si bien, la Municipalidad de Viña del Mar, durante el 2024 dispuso el término anticipado del contrato junto al cobro de las garantías a la empresa Ingesmart, se comprobó que la entidad edilicia estaba facultada para hacerlo desde el año 2022, toda vez que aquel año la empresa proveedora había incurrido en multas que superaban las 300 UF, lo cual significaba un incumplimiento grave de sus obligaciones.
De igual forma, se advirtió que la Dirección de Control de la Municipalidad de Viña cursó con alcance los pagos a la empresa por estar pendiente el descuento de las multas, proponiendo evaluar el término anticipado del contrato. Frente a dicha observación, se instruyó al Municipio que informe el avance de la liquidación del contrato y el respectivo cobro de garantías, lo cual debe ser acreditado ante Contraloría.
La auditoría también advirtió que el sistema de almacenamiento y grabación de las cámaras de televigilancia (Storage) presenta fallas e interrupciones en su funcionamiento por problemas del equipo de almacenamiento principal. Además el citado sistema Storage no permite un almacenamiento de las imágenes de la central por un periodo que garantice el funcionamiento del sistema.
Pero también se detectó que el servidor de grabación y gestión de flujos de video no soporta la carga de visualización y almacenamiento por 180 días, por lo que se le ordenó al Municipio de Viña que remita los antecedentes que acrediten el cobro efectivo de las multas adicionales informadas en su respuesta a Contraloría.
De todas formas, se estableció que corresponde que la administración Ripamonti "inicie un proceso disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas en tales hechos", entregando el acto administrativo que así lo indique a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General de la República.
Se verificó la existencia de un procedimiento judicial de reorganización de deudas de la empresa proveedora (Ingesmart SpA), dada una situación de insolvencia. Asimismo, se verificó que por el decreto alcaldicio N° 8.521, de 2024, la Municipalidad de la Ciudad Jardín dispuso el término anticipado del contrato y que por el decreto alcaldicio N° 11.991, de 2024, rechazó el reclamo interpuesto por la empresa.
Pero también se advirtieron permisos de obras y empalmes eléctricos pendientes, según lo evidencian los informes de la unidad técnica, que muestran incumplimientos de Ingesmart SpA relativos a 114 excavaciones de instalación de postes sin los debidos permisos de rotura y ocupación de la vía pública, así como la falta de regularización de empalmes eléctricos necesarios para el funcionamiento de cada punto de cámara y la existencia de postes no retirados de la vía pública de la licitación anterior.
Frente a ello, también se dispuso que la entidad edilicia informe las sanciones adicionales que ha comprometido, remitiendo los antecedentes que acrediten el cobro efectivo de la multa a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo de la Contraloría.
El estudio de la entidad de control también comprobó multas pendientes de rebajar en la facturación por 872 UF, la cual fue instruida en el decreto alcaldicio N°12.108, de 2023. Además se advirtió demora en el proceso de cobro de las multas decretadas contra la empresa Ingesmart SpA, por lo que la gestión Ripamonti tendrá que remitir los antecedentes que acrediten el cobro efectivo de respectiva multa.
Se advirtió que la oferta presentada por Ingesmart SpA sobre comportamiento económico, no reflejó con precisión su capital efectivo, omitiendo informar sobre los servicios en ejecución que prestaba en la Subsecretaría de Prevención del Delito, repartición que además le había cursado multas por incumplimiento del contrato.
También se comprobó la existencia de una demanda de liquidación forzosa de empresa deudora, en contra de Ingesmart SpA, situaciones que a juicio de la Contraloría "evidencian las debilidades en el proceso de evaluación de la oferta y la falta de resguardos suficientes". Por ello, se le instruyó al Municipio que adecue las bases administrativas de los procesos licitatorios incorporando medidas de control y resguardo para mitigar los riesgos relacionados con la capacidad económica de los proveedores.
Contraloría también constató la falta de oportunidad en la emisión del certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de Ingesmart SpA y el incumplimiento en el número de integrantes del equipo de trabajo propuesto en su oferta, el cual se redujo de siete a dos trabajadores, debiendo la Municipalidad acreditar el cobro efectivo de la multa informada, equivalente a 240 UF.
Y, finalmente, en relación al reclamo de Ingesmart SpA, relativo al monto de las multas, Contraloría indicó en su informó que "debe abstenerse de emitir pronunciamiento" respecto de aquellas impuestas por los decretos alcaldicios N°s. 4.529 y 4.567, ambos de 2024, atendido que la empresa interpuso ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso dos reclamos de ilegalidad municipal en contra de los decretos alcaldicios N°s. 6.653 y 6.860, ambos de 2024, que rechazaron los recursos administrativos presentados ante el Municipio por cobro de multas, aduciendo los mismos argumentos expuestos ahora.
Una vez conocidos los resultados de la auditoría de Contraloría, Puranoticia.cl tomó contacto con uno de los denunciantes, el ahora ex concejal René Lues (DC), quien comentó al respecto que "la Contraloría Regional, en un lapidario informe de auditoría, ratificó las graves irregularidades que tres concejales denunciamos en junio de 2023, exactamente a un año de la puesta en marcha del nuevo sistema de 122 cámaras de televigilancia, que se nos presentó a los concejales y a la ciudad como extraordinario, de última generación y altísimo nivel operativo".
Sin embargo, sostuvo que "el nuevo sistema nunca funcionó como es debido y mantuvo fallas de visualización en más del 50% de las cámaras y de almacenamiento en el 100% del sistema, caídas e incumplimientos graves desde el primero hasta el último día, y además con multas no cobradas, faltas de control y vicios de regulación por parte de la municipalidad. Lo más grave es que el Municipio siguió pagando mensualmente un servicio a sabiendas de que no se estaba prestando, y, en ese caso, no se trataba solo de cobrar multas, sino, como el propio informe lo plantea, poner término anticipado al contrato desde el mismo año 2022 para no dejar a la ciudad y a sus habitantes durante tanto tiempo a oscuras y sin cámaras en una grave situación de indefensión y abandono".
"La Municipalidad esperó hasta agosto de 2024 para recién concretar esta medida, afectando de forma inexcusable la seguridad de la comunidad hasta el mismo día de hoy, pues las cámaras de televigilancia constituyen la columna vertebral del sistema de seguridad pública para enfrentar la delincuencia que hoy campea en Viña del Mar. Por lo mismo, estimo que esto debe ser investigado como un notable abandono de deberes y determinarse los responsables de estas graves irregularidades", sentenció Lues.
Como se logra apreciar con todas estas observaciones realizadas por la Contraloría en su «Informe Final N°132», el servicio de las 122 cámaras de televigilancia adjudicado a la empresa Ingesmart sigue dando dolores de cabeza a la administración Ripamonti, que desde el inicio de su gestión ha tenido que sortear una serie de inconvenientes relacionado a este contrato, ya sea por los concejales del periodo municipal anterior como también de parlamentarios, como el diputado Andrés Celis.
PURANOTICIA
