Documento firmado por la autoridad (s) de la Dirección de Obras Municipales, Joan Saavedra, confirma que no existe tramitación para demoler viviendas en este sector, a pesar de que el Ministro de Vivienda ha insistido en que la medida se ejecutará de todas maneras.
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La ya controvertida decisión de demoler viviendas en el sector El Olivar, en la parte alta de Viña del Mar, sumó un nuevo flanco de tensión luego que la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Viña del Mar confirmara formalmente que, hasta la fecha, no ha recibido ni otorgado permisos de demolición en dicho sector.
El antecedente quedó establecido en el Memorando N° 763/2026, fechado el martes 5 de mayo, donde el director (s) del organismo, Joan Saavedra, responde a una solicitud de información indicando que no existe tramitación alguna vinculada a demoliciones en El Olivar, una de las zonas más arrasadas por el megaincendio de febrero de 2024.
"Junto con saludar atentamente, con el fin mencionado en el antecedente, esta Dirección de Obras Municipales a la fecha no han recibido ni otorgado solicitudes de permiso de demolición en el sector El Olivar", señaló el director (s) de la DOM a la consulta efectuada por la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Viña.
La afirmación no es menor, ya que contradice directamente lo planteado por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien ha sostenido públicamente que las casas serán demolidas de todas maneras, incluso frente a la oposición de parte de los vecinos que tienen prácticamente terminada la construcción de sus domicilios.
La orden de demolición fue adoptada por el Minvu tras advertir supuestas deficiencias relevantes en la calidad constructiva de las viviendas levantadas en el sector, incluyendo observaciones sobre materiales utilizados, resistencia estructural y comportamiento ante eventuales incendios o sismos, en el contexto de reconstrucción.
No obstante, la ausencia de permisos abre una interrogante de fondo respecto a la viabilidad real del proceso, considerando que cualquier demolición requiere autorización municipal previa. En ese contexto, la declaración de la DOM de la Ciudad Jardín instala dudas respecto al sustento administrativo de una medida que, desde el Gobierno de José Antonio Kast, se ha presentado como inminente.
A este escenario se suma la controversia por el informe del IDIEM, citado como base técnica de la decisión. Según se desprende de su contenido, el documento no establece en ninguna parte la necesidad de demoler las viviendas y, por el contrario, abre la posibilidad de que estas puedan ser reparadas, lo que ha intensificado los cuestionamientos respecto al criterio adoptado por el Ministerio de Vivienda.
En paralelo, el conflicto ha escalado al ámbito judicial, ya que damnificados del megaincendio que residían en el sector han presentado recursos ante tribunales con el objetivo de frenar la demolición de sus viviendas, muchas de las cuales se encuentran prácticamente terminadas. Estas acciones buscan dejar sin efecto la orden impulsada por el Minvu, argumentando que no existirían fundamentos suficientes para una medida de tal magnitud, lo que añade un nuevo elemento de incertidumbre.
Pero las críticas no se detienen ahí. Dirigentes de las víctimas de febrero de 2024 han acusado incumplimientos por parte de la autoridad, recordando que el propio Poduje comprometió resolver en un plazo de 15 días las denominadas “inhabilidades” que afectan a familias, situación que –según sostienen– aún no ha sido subsanada.
Con estos antecedentes, el caso en El Olivar se instala como uno de los episodios más complejos en el proceso de reconstrucción de Viña del Mar, no solo por las dudas técnicas, sino también por las crecientes contradicciones entre el discurso oficial, los procedimientos administrativos y las acciones judiciales en curso. Mientras no exista claridad sobre estos puntos, la anunciada demolición continúa rodeada de cuestionamientos y lejos de consolidarse como una medida ejecutable en lo inmediato.
PURANOTICIA
