Directora de Clínica Jurídica advierte que la reforma de seguridad del Presidente Kast "podría terminar en una dictadura"

La reforma constitucional impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast para fortalecer las herramientas del Estado frente al crimen organizado y el terrorismo enfrenta cuestionamientos por el alcance de las facultades que contempla para el Presidente de la República, particularmente a partir de la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública.

La iniciativa, ingresada al Senado con suma urgencia, establece que esta nueva figura podría activarse ante una amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando esta haya sido gravemente afectada. La medida tendría una duración inicial de hasta cuatro meses y podría extenderse por otros cuatro, mientras que la intervención del Congreso se produciría recién ante eventuales prórrogas posteriores.

La directora de la Clínica Jurídica de la Universidad del Alba, Macarena Carvallo, analizó con Puranoticia.cl los aspectos más controvertidos de la propuesta y puso especial atención en los criterios que permitirían al Ejecutivo recurrir a esta herramienta.

"Como estado de excepción constitucional de seguridad pública, son dos requisitos: amenaza grave e impedimento contra la seguridad pública o cuando esta haya sido gravemente afectada. O sea, cuando en el pasado la seguridad pública haya sido gravemente afectada, y esa es otra de las cosas que se le está criticando a esta propuesta de modificación constitucional", partió indicando la especialista.

A juicio de la abogada, uno de los problemas radica precisamente en que "el Presidente –cualquiera que éste sea– que quisiera utilizar esto, lo podría hacer para situaciones de seguridad pública acaecidas o acontecidas en un tiempo hacia atrás. Pero no se señala cuánto tiempo hacia atrás. Entonces, cuando uno lee el mensaje de la reforma (...) se puede dar cuenta que cuando habla de seguridad pública, se refiere precisamente al crimen organizado, y lo hace desde la perspectiva de la seguridad pública, desde la conmoción que ha provocado en nuestro país".

CONCENTRACIÓN DE FACULTADES

Uno de los puntos que también ha generado controversia es la posibilidad de restringir o suspender determinados derechos bajo este nuevo estado de excepción. La propuesta contempla facultades para afectar la libertad personal y de locomoción, además del derecho de reunión, mientras se encuentre vigente la medida.

Consultada directamente respecto de las críticas que apuntan a una eventual "constitucionalización de la dictadura", Carvallo sostuvo que "eso es lo que se ha dicho desde el ámbito político en algunos sectores y también lo han señalado varios constitucionalistas, distinguidos abogados de la plaza y algunos abogados que son académicos. Y efectivamente pareciera ser que a raíz de la cantidad de derechos que eventualmente podrían ser restringidos o suspendidos –que no es lo mismo– (...) es muy delicado porque en el fondo estaría permitiéndole al Presidente vulnerar la privacidad de las personas y sin pedirle permiso a nadie, sin que intervenga la judicatura tampoco porque dejó fuera al Congreso y a los Tribunales de Justicia".

La directora de la Clínica Jurídica de la Universidad del Alba también cuestionó la incorporación de definiciones vinculadas al crimen organizado dentro del propio texto constitucional, apuntando a que esto "genera en la Constitución, en una de las modificaciones, la definición de crimen organizado, la introduce en el artículo 9º, a través de un 9º bis, y ahí es donde señala las penas. Y es ahí donde eventualmente podría generarse una distorsión de lo que es la Constitución".

Respecto de la existencia de experiencias internacionales comparables, hizo referencia al caso de El Salvador y al Presidente Nayib Bukele. "Por cómo ha funcionado, lo que ocurre en El Salvador. El Presidente Bukele ha generado varias modificaciones constitucionales: primero para favorecerse el mismo para poder reelegirse en varias ocasiones; y luego otras modificaciones. Además, si uno revisa la historia y el comportamiento del Presidente Kast, él ha sido muy cercano al Presidente Bukele", expresó.

EXCUSA DEL CRIMEN ORGANIZADO

Carvallo también abordó el argumento utilizado para justificar la reforma constitucional, relacionado con la necesidad de entregar nuevas herramientas frente al avance del crimen organizado. La abogada sostuvo que el concepto no se encuentra definido de manera específica en una sola norma y planteó reparos a que este fenómeno sea utilizado como fundamento para modificar la Constitución.

"La definición que se entiende por crimen organizado no está establecida en ninguna ley, sino que se ha generado por interpretaciones que han hecho los tribunales y por cuestiones más jurisprudenciales, por la doctrina y por algunas leyes especiales. Pero en resumen, para que exista crimen organizado tiene que haber una asociación de personas y esta tiene que lucrar, tiene que ganar dinero. Y claro, efectivamente hay bandas internacionales de crimen organizado que han llegado a Chile y que están provocando mucho daño, pero yo creo que esa no puede ser la excusa para que el Presidente de la República trate de establecer esta modificación", subrayó.

La especialista advirtió además sobre el eventual escenario que podría producirse si una herramienta de estas características queda incorporada a la Constitución, afirmando que "esta no es una modificación pequeña y, eventualmente, si cae en malas manos –porque él no va a ser Presidente toda la historia de nuestra República y por lo tanto va a haber cambio de Presidente– podría caer en un dictador o en un populista que quiera llegar a instalarse y que se vea con esta posibilidad constitucional, con esta gran libertad para poder desarrollarla sin pedir la autorización a nadie por un tiempo de ocho meses, entonces eventualmente podríamos terminar en una dictadura".

¿TIENE FUTURO LA REFORMA?

Pese a sus cuestionamientos, la profesional de las leyes planteó que la reforma todavía deberá enfrentar una discusión parlamentaria relevante y estimó que no tendría los votos necesarios: "¿Para qué vamos a asustar a la gente? Yo creo que esta reforma no va a pasar, no se va a aprobar así como está porque necesita 4/7, vale decir, necesita 89 diputados y 29 senadores. Si bien, es cierto que tiene mayoría en el Congreso, no la tiene en estas proporciones, por lo tanto va a tener que conversar y negociar esto. Mucho se ha hablado de los borradores que se habían filtrado y que finalmente esta modificación que se propone habría sido más suave que los borradores. ¡Imagínate cómo habrían sido los borradores si esto es suave!", sostuvo.

Cabe hacer presente que la propuesta presentada por el Gobierno de José Antonio Kast continuará su tramitación en el Senado, instancia en la que deberán discutirse tanto las nuevas herramientas planteadas para enfrentar el crimen organizado como el alcance de las facultades presidenciales y los mecanismos de control asociados a la aplicación del eventual nuevo estado de excepción.

PURANOTICIA