Acusan elusión del proyecto al SEIA y alertan de efectos negativos para la comunidad, el medio ambiente y recursos del lugar.
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Los diputados Diego Ibáñez y María Francisca Bello solicitaron a la Superintendencia del Medio Ambiente una fiscalización urgente sobre la instalación de la Planta Minera Carmelita en Colliguay en la comuna de Quilpué, debido a sospechas de elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y potenciales efectos negativos en la comunidad y el medio ambiente.
Los legisladores frenteamplistas tras reuniones con la consejera regional María Elena Rubilar, la concejal de Quilpué Paula Castro y vecinos del sector, expresaron preocupación por la salud de la población, la calidad y cantidad de recursos naturales y el reasentamiento de comunidades.
Por ello, piden fiscalizar e informar si la planta debió someterse a evaluación ambiental para garantizar el cumplimiento de regulaciones medioambientales y prevenir daños irreparables en la zona. Esta acción busca proteger el ecosistema local, la vida y desarrollo de la comunidad.
Al respecto, Ibáñez dijo que "por transparencia y por el bienestar de la comunidad venimos a pedir que se fiscalice si la planta debió evaluarse ambientalmente considerando los alcances y eventuales consecuencias de este proyecto en la localidad de Colliguay. Creemos muy necesario que se pueda acreditar un desarrollo sostenible y la protección de la calidad de vida y salud de la comunidad y el entorno".
Por su parte, Bello aseguró que "hemos sido muy enfáticos como FA que no nos oponemos al desarrollo económico, pero eso nunca puede venir de la mano de la devastación del medio ambiente y de la oposición de la comunidad que ha dejado en claro que no está a favor de esta actividad minera. La fiscalización aquí es vital para asegurar que haya una comunidad y un medio ambiente protegido y que no existan consecuencias negativas".
La core María Elena Rubilar participó este fin de semana de una concentración en contra del proyecto, que efectuaron vecinos de Los Yuyos, El Molino, Las Canales y Martin Galan. Rubilar sostuvo que "inmediatamente nos pusimos a disposición de la comunidad que desde los distintos sectores de Colliguay se ha movilizado por este proyecto, precisamente porque esto va a afectar su calidad de vida, la economía, el turismo y el valor ecosistémico que tiene el lugar”.
”Recordemos que es parte de la zona de amortiguación de la Reserva de la Biodiversidad de la Campana - Peñuelas, y además hay un decreto del año 70 que lo declara zona protegida, y eso es lo que estamos denunciando a la Superintendencia de Medio Ambiente para que se evalúen los impactos ambientales que va a tener este proyecto en la calidad de vida de quienes habitan el valle pero también en el valle y su ecosistema”, agregó la Core electa por Marga Marga.
Por su parte, la concejala de Quilpué Paula Castro expresó que ”estamos aportando todo lo que podamos desde los aspectos legales, revisión de la normativa y cómo hacerle frente jurídicamente a esto. Sin embargo, sabemos que la ley de minería sobre todo es muy permisiva y tiene una visión extractivista que no corresponde a los tiempos actuales con una crisis climática galopante. Sin embargo, está la presión de la ciudadanía y tenemos la convicción de que este valle debe defenderse por su importancia ecosistémica, por el gran valor que tiene en biodiversidad, siendo parte de la Reserva de la Biófera, y además la defensa de la forma de vida de la gente de Colliguay".
Irma Bravo, vecina del valle de Colliguay manifestó que la planta de tratamiento minero "atenta contra el medio ambiente, especialmente contra las napas subterráneas de nuestros ríos, y con la calidad de vida de los vecinos, la fauna, la flora del lugar. Para todos es conocido la maravilla de las aguas transparentes que tenemos en las pozas de Colliguay , y estas se podrían ver contaminadas".
Neftalí Espinoza de la agrupación Colliguay Sin Mineras agradeció el apoyo ”para visibilizar los riesgos que representa el proyecto Minero Las Carmelitas. Estamos defendiendo nuestras fuentes de agua, nuestras tierras agrícolas y nuestra biodiversidad, que están amenazadas por una planta que utilizará cianuro y dependerá de una infraestructura inadecuada, como membranas de un milímetro de espesor, que no garantizan la seguridad ambiental. Además, el transporte de químicos por rutas cercanas al agua pone en peligro a nuestras comunidades. Colliguay no puede ser una zona minera. Queremos un valle agrícola turístico y sustentable, donde las futuras generaciones puedan vivir en armonía con la naturaleza".
PURANOTICIA
