Diputado Jaime Mulet pide aclarar si acuerdo entre Chile y EE.UU. por combate al crimen organizado compromete la soberanía nacional

El diputado Jaime Mulet (FRVS) solicitó aclarar los alcances y compromisos asumidos por el Gobierno de Chile en un reciente acuerdo de seguridad suscrito con Estados Unidos, poniendo en el debate público las condiciones bajo las cuales se concretó el entendimiento entre ambos países. En conversación con Puranoticia.cl, el parlamentario explicó los alcances de su acción fiscalizadora y manifestó su preocupación por eventuales compromisos que pudieran afectar la soberanía nacional, además de cuestionar la participación de las distintas instituciones del Estado en el proceso.

La acción fiscalizadora busca determinar qué obligaciones asumió el Estado de Chile en materia de seguridad y cooperación, además de esclarecer si el acuerdo podría involucrar aspectos relacionados con la soberanía nacional o requerir la intervención de instituciones del Estado que no habrían participado en el proceso.

El parlamentario confirmó la fiscalización y calificó el asunto como un tema de especial complejidad, señalando que “efectivamente un tema técnico, complejo, porque obviamente puede haber compromiso de la soberanía, de aspectos que debieran muchas veces discutirse o ser parte de un tratado”.

En esa línea, Mulet enfatizó la necesidad de resguardar la independencia del país, al manifestar que “nosotros debemos ser celosos de la soberanía, muy independiente y por supuesto muy colaborativo, siempre se ha colaborado en todas las instancias judiciales, hay tratados internacionales de extradición, cooperación, todo lo que se quiera, pero no pérdida de soberanía”.

ALCANCE DEL ACUERDO

Uno de los principales focos de la controversia está en la validez del documento, la forma en que fue suscrito y el nivel de participación de las distintas instituciones del Estado. Al respecto, Mulet planteó una serie de interrogantes respecto de los compromisos adquiridos y las eventuales facultades contempladas en el acuerdo.

“Yo pedí que se establezca claramente qué compromiso hay del Estado de Chile, si va a haber o no autorización para que ingresen fuerzas armadas o policiales o de inteligencia extranjera, si estaba o no expresamente dada la autorización por parte del presidente de la República, por qué no se involucró a la Cancillería”, cuestionó.

El diputado también manifestó su preocupación por la manera en que este tipo de instrumentos son interpretados por la contraparte estadounidense, particularmente cuando se trata de memorándums de entendimiento u otros documentos que no necesariamente tienen la naturaleza jurídica de un tratado internacional.

En ese sentido, sostuvo que “para los gringos esa firma vale, aunque sea un memorándum de entendimiento, una declaración, vale y la cobran, y la cobran caro”.

Respecto del manejo del acuerdo al interior del Ejecutivo y la eventual falta de coordinación entre las autoridades involucradas, Mulet agregó que “mi impresión es que fueron sorprendidos, es mi impresión”, apuntando a una posible falta de articulación entre los ministerios correspondientes.

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Otro de los puntos planteados por el parlamentario tiene relación con la protección de información estratégica y sensible vinculada a la seguridad nacional. Mulet advirtió que una cooperación internacional destinada a combatir el crimen organizado también podría generar riesgos si el intercambio de información no cuenta con los debidos resguardos.

“Así como se usa para combatir el crimen si usted entrega información, bueno, y se hace de una manera descuidada, podría después esa información usarse contra Chile o tener niveles de control sobre nuestras fuerzas armadas o sobre armamento o sobre nuestros sistemas de información”, alertó.

A juicio del diputado, resulta fundamental que los mecanismos de cooperación internacional no terminen generando niveles de injerencia o control que puedan afectar las capacidades estratégicas del país.

En este contexto, también apuntó a lo que considera fallas comunicacionales e institucionales dentro del proceso, señalando que existe una confusión respecto de las autoridades que deben liderar las materias relacionadas con seguridad interna y combate al crimen organizado.

“Esta confusión también debe despejarse con mucha claridad. Porque quien está a cargo de la seguridad del país es el ministro Arrau, de la seguridad interna, de la seguridad frente a los carteles, no el ministro de Defensa”, sostuvo.

Mulet insistió en la necesidad de esclarecer los alcances del acuerdo y advirtió sobre las consecuencias que podría tener una cooperación que no cuente con los suficientes resguardos institucionales: “el remedio puede ser peor que la enfermedad y eso indudablemente es muy grave y tenemos que protegerlo”.

El oficio presentado por el parlamentario cuenta con un plazo legal máximo de 30 días para ser respondido por la Presidencia de la República. En esa instancia, se espera que el Ejecutivo entregue antecedentes sobre el nivel de injerencia contemplado en el acuerdo, las instituciones que participaron en su elaboración y firma, y los detalles de las obligaciones asumidas ante el Gobierno de Estados Unidos.

PURANOTICIA