Iniciativa busca modificar el Código Penal para agravar las penas por usurpación cuando se trate de construcciones ilegales en áreas declaradas bajo protección ambiental.
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El diputado Andrés Celis presentó un proyecto de ley que busca establecer nuevas penalidades para quienes ocupen ilegalmente terrenos que han sido declarados como áreas protegidas por su valor ecológico.
La propuesta apunta a modificar el Código Penal para agravar las sanciones por usurpación en estos espacios, considerando el daño irreparable que generan estas prácticas tanto al medio ambiente como al orden público.
"No podemos seguir permitiendo que se instalen construcciones ilegales en humedales, santuarios de la naturaleza o dunas protegidas, como si se tratara de cualquier terreno baldío. Aquí hay un ecosistema que se daña y una legislación que hoy no está a la altura del problema", enfatizó el parlamentario independiente (ex RN).
Actualmente, la legislación penal en materia ambiental no contempla sanciones diferenciadas frente a delitos que afectan directamente a suelos protegidos. Esta situación se vuelve aún más crítica en terrenos privados que han sido destinados voluntariamente a conservación, pero que carecen de respaldo estatal ante ocupaciones ilegales, quedando a merced de fundaciones y corporaciones privadas para su defensa.
Según el parlamentario, casos como el del Santuario de la Naturaleza «Humedal Dunas de Longotoma Salinas de Pullally», en Petorca, o el del cerro Ballena, en Caldera, donde se levantaron ilegalmente decenas de estructuras en terrenos protegidos, motivaron la urgencia de esta propuesta.
El proyecto modifica el artículo 458 bis del Código Penal, incorporando un nuevo numeral que contempla el agravante cuando la usurpación ocurra en terrenos con protección ambiental oficial, es decir, decretada por autoridad competente.
"Estamos hablando de delitos que no solo lesionan la propiedad, sino también el medio ambiente y el ordenamiento territorial, y debe ser abordada con penas proporcionales al daño que se provoca”, explicó Celis.
Además de endurecer las sanciones, la iniciativa busca poner en el centro del debate la necesidad de fortalecer el resguardo efectivo de los espacios protegidos, especialmente aquellos en suelos privados, donde la institucionalidad ambiental no actúa con la celeridad ni eficacia necesarias.
El diputado Celis concluyó señalando que esta propuesta "es una herramienta concreta para frenar la destrucción ambiental y proteger las áreas que tanto esfuerzo ha costado conservar”, y espera que el proyecto sea discutido con prontitud en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara.
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