El parlamentario solicitó que el ente contralor indague si existieron omisiones, negligencias o faltas administrativas en el manejo de una oferta habitacional que pudo haber acelerado la reconstrucción tras el megaincendio.
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El diputado Andrés Celis, presidente de la comisión investigadora por la reconstrucción del megaincendio solicitó a la Contraloría General de la República que investigue las eventuales responsabilidades administrativas al interior del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y del Serviu de la región de Valparaíso, luego de que se conociera que una oferta de 1.862 viviendas, presentada por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) tras el megaincendio de febrero de este año, no fue acogida ni gestionada por las autoridades.
La solicitud, surge tras los antecedentes expuestos por la propia CChC ante la instancia de la Cámara de Diputados, donde se señaló que la propuesta fue enviada el 28 de febrero de 2024, y que muchas de las viviendas ofrecidas estaban listas para entrega inmediata o en un plazo máximo de seis meses. Sin embargo, la mayoría no habría sido considerada, sin que hasta ahora existan explicaciones claras por parte del Minvu o el Serviu.
“Es gravísimo que el ministro Montes declare no haber estado al tanto de una oferta concreta de viviendas para los damnificados del megaincendio. Si hubo propuestas que pudieron acelerar la reconstrucción y fueron ignoradas o descartadas sin su conocimiento, estamos ante una falla inaceptable del aparato público”, cuestionó el parlamentario.
Entre las medidas solicitadas a Contraloría, se encuentra la revisión del tratamiento institucional que se dio a la oferta por parte del Minvu y del Serviu Valparaíso, así como la identificación de posibles omisiones en la cadena de información, negligencias jerárquicas o faltas al principio de eficiencia en la administración pública.
“También llama la atención que el ministro hable de que se están haciendo ‘caricaturas’ mientras la gente sufre, pero lo que se hizo aquí es sacar a la luz una verdad que dista mucho de ser una ridiculización. Por eso, la investigación anunciada es urgente, y es lo mínimo que puede hacer el titular de la cartera. Las familias no pueden seguir pagando el costo de la descoordinación del Estado”, finalizó.
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