El diputado denunció abuso de discrecionalidad, falta de fundamentación técnica y un eventual perjuicio fiscal tras la decisión de anular el proceso de Alta Dirección Pública, pese a existir candidatos ya evaluados.
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El diputado Andrés Celis, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, presentó un requerimiento ante la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre la legalidad de la decisión del Ministerio de Salud de declarar desierto el concurso de Alta Dirección Pública (ADP) para el cargo de Director del Servicio de Salud Valparaíso–San Antonio.
La determinación fue comunicada el pasado martes, luego del desistimiento del candidato inicialmente designado. Sin embargo, el parlamentario cuestionó que se haya optado por anular completamente el proceso, pese a que existían otros postulantes que ya habían sido evaluados y certificados por el Consejo de Alta Dirección Pública.
Según Celis, la medida constituye un uso arbitrario de una facultad legal que, si bien contempla discrecionalidad, no es absoluta. “La ley permite discrecionalidad, pero no arbitrariedad. Aquí existían candidatos que cumplieron todos los filtros de mérito y aun así se decidió botar el proceso completo sin una explicación técnica razonable”, afirmó.
El diputado sostuvo que la autoridad sanitaria contaba con alternativas legales para proveer el cargo utilizando la nómina vigente de candidatos idóneos, por lo que declarar desierto el concurso vulneraría el principio de motivación de los actos administrativos, establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo.
Asimismo, cuestionó el argumento de resguardar periodos eleccionarios para justificar la decisión. “Invocar este supuesto resguardo no tiene sustento jurídico ni lógico. Esto no es prudencia administrativa, es una desviación de poder”, señaló.
En su presentación ante Contraloría, el legislador por el distrito 7 también advirtió un eventual perjuicio al patrimonio fiscal, considerando los altos costos asociados a las distintas etapas del proceso ADP. “Un concurso de este nivel implica millones de pesos en evaluaciones técnicas y consultorías. Repetirlo significa obligar al Estado a gastar dos veces por una decisión sin fundamento técnico”, indicó.
Finalmente, Celis vinculó esta situación con la falta de conducción estable que enfrenta el Servicio de Salud Valparaíso–San Antonio, en un contexto marcado por problemas de gestión y listas de espera. “Mientras el Ministerio toma estas decisiones, el servicio sigue sin un director titular, prolongando una crisis de conducción que afecta directamente la atención de miles de personas en la región”, concluyó.
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