El parlamentario del Distrito 7 afirmó que "un Poder Judicial fuerte, autónomo y libre de cualquier sombra de corrupción es esencial para nuestra democracia".
El diputado del Distrito 7, Arturo Barrios, junto a los diputados Daniella Cicardini, Emilia Nuyado, Daniel Manoucheri, Leonardo Soto y Daniel Melo del PS, con Luis Cuello, Matías Ramírez y Lorena Pizarro del PC; Carolina Tello del FA y Ana María Gazmuri de AH, impulsó una acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, por su presunta vinculación con la trama de corrupción y tráfico de influencias en el marco del caso “Muñeca Bielorrusa”.
Los hechos vinculados al magistrado, como sus relaciones con representantes de intereses económicos favorecidos en fallos relevantes, constituyen una "manifestación particularmente grave, comprometiendo la confianza, debilitando la probidad y la igualdad ante la justicia".
“Cuando surgen antecedentes que vinculan a un ministro de la Corte Suprema con una red de favores indebidos, tráfico de influencias o posibles intercambios irregulares con operadores privados, la institucionalidad tiene la obligación de actuar con total transparencia y rigor democrático”, señaló el legislador.
Agregó que el rol del Congreso en este tipo de procedimientos es garantizar que las acusaciones constitucionales o investigaciones parlamentarias se tramiten con absoluto apego a la ley, escuchando a todas las partes y protegiendo el principio de separación de poderes:
“Un Poder Judicial fuerte, autónomo y libre de cualquier sombra de corrupción es esencial para nuestra democracia. Si existen dudas razonables, si la confianza pública está en riesgo, debemos investigarlo a fondo. La legitimidad del sistema de justicia se defiende con verdad y con transparencia, no con silencios”, afirmó.
El parlamentario del Distrito 7 enfatizó que este caso no puede transformarse en un insumo de disputa electoral ni en una herramienta de aprovechamiento político. “Mi compromiso es claro: votaré y participaré en cada etapa de este proceso basándome únicamente en los antecedentes, en el marco constitucional y en la protección de la confianza pública. No corresponde prejuzgar, pero tampoco corresponde minimizar hechos que pueden erosionar gravemente la credibilidad de nuestras instituciones”, sostuvo.
Finalmente, el diputado Barrios subrayó que la situación amerita un estándar ejemplar: “El país necesita señales firmes de probidad. Si se confirma que existieron conductas incompatibles con el ejercicio de un cargo en la Corte Suprema, deberá actuarse con toda la fuerza de la Constitución. Y si no es así, tendremos la responsabilidad de despejar cualquier duda. Lo importante es que Chile tenga certeza de que nadie está por encima de la ley”, concluyó.

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