Exfuncionarios de confianza de la alcaldesa Carmen Castillo renunciaron y presentaron querella por una presunta red de corrupción que involucra a la empresa Áridos Córdova y a altos cargos municipales, en una defraudación que podría llegar a los mil millones de pesos.
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Un verdadero escándalo político sacude a la Municipalidad de San Felipe ya que dos altos directivos municipales recientemente renunciados presentaran una querella criminal por fraude al Fisco por unos $1.000 millones, delito cometido presuntamente por la administración de la alcaldesa Carmen Castillo.
Se trata de Mario Fuentes, exdirector Jurídico; de y Rafael Sottolichio, exsecretario de Planificación Comunal, quienes apuntan a una omisión deliberada en el cobro de derechos de extracción y procesamiento de áridos a la empresa Áridos Córdova, situación que habría sido advertida –aunque sin éxito– a la jefa comunal sanfelipeña.
Según los denunciantes, la jefa comunal desoyó reiteradas advertencias sobre esta situación, permitiendo que la empresa continuara operando de manera ilegal durante años.
Y la diputada Chiara Barchiesi (Partido Republicano) reaccionó con dureza ante las revelaciones, señalando que “los hechos expuestos son de la máxima gravedad y, de ser comprobados, revelarían una omisión inaceptable por parte de la alcaldesa y su círculo más cercano, puesto que ello implicaría no solo un daño grave al medioambiente y al patrimonio fiscal, sino que también se ha traicionado la confianza de los vecinos de San Felipe”.
La parlamentaria también apuntó al rol del concejo municipal: “Es preocupante la pasividad del concejo, donde la mayoría son cercanos a la alcaldesa, por lo que no han estado a la altura para cumplir su labor fiscalizadora. Hoy no bastan las declaraciones tibias ni el silencio cómplice”.
Las acusaciones revelan que, pese a informes técnicos y registros que evidenciaban la operación ilegal de Áridos Córdova incluso dentro de un terreno en comodato al municipio, la administración municipal se negó sistemáticamente a clausurar la faena. Más aún, en un hecho que genera serias sospechas de conflicto de interés, el abogado Fernando Castañeda —designado por la alcaldesa como juez de policía local subrogante— habría defendido a la empresa arenera en paralelo a su función pública.
El caso tomó un giro aún más grave tras conocerse que durante una fiscalización en marzo de 2025, inspectores municipales encontraron camiones de Áridos Córdova operando ilegalmente en el Fundo La Peña, bajo autorización del entonces administrador municipal Hernán Herrera, según ha trascendido. Todo esto, pese a las advertencias del propio Mario Fuentes, quien habría recomendado formalmente iniciar el cobro de los montos adeudados por la empresa.
“La comunidad merece una explicación transparente, pero sobre todo, acciones concretas. Esta querella no puede quedar en el olvido ni diluirse en el barro de la política local. Aquí hay responsables y deben responder ante la justicia”, concluyó Barchiesi, quien anunció que solicitará al Ministerio Público que actúe con celeridad y evaluará una solicitud formal al Consejo de Defensa del Estado para hacerse parte de la causa.
PURANOTICIA
