El caso, ocurrido el pasado 2 de abril, involucra la separación del niño del establecimiento, el corte de sus beneficios Junaeb —incluyendo su alimentación— y un manejo deficiente de los protocolos que deben aplicarse en contextos de neurodivergencia.
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Una grave denuncia por posible vulneración de derechos de un menor con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en la Escuela Paso Histórico de El Tártaro, comuna de Putaendo, región de Valparaíso, activó una acción fiscalizadora por parte de la diputada Chiara Barchiesi.
El caso, ocurrido el pasado 2 de abril, involucra la separación del niño del establecimiento, el corte de sus beneficios Junaeb —incluyendo su alimentación— y un manejo deficiente de los protocolos que deben aplicarse en contextos de neurodivergencia.
Según consta en el oficio de fiscalización enviado por la parlamentaria republicana al Ministerio de Educación y a la Superintendencia de Educación, la respuesta del establecimiento habría invocado el marco de “Aula Segura”, pero omitiendo completamente la Ley de Autismo, que establece estándares específicos para proteger a estudiantes con condiciones neurodiversas.
“Es inaceptable que se excluya a un niño y se le prive de su derecho a la educación y a la alimentación, cuando lo que se requiere es acompañamiento, comprensión y protocolos adecuados”, señaló la legisladora.
Agregó que “solicito una revisión profunda del actuar de esta escuela y de su sostenedor, que es la Municipalidad de Putaendo”, mencionó.
La diputada también pidió que se evalúe el restablecimiento inmediato de los beneficios del menor, así como una posible sanción a los responsables por incumplimiento de deberes legales y administrativos. “La educación debe estar al servicio del desarrollo integral de todos los niños, sin discriminaciones”, agregó.
El concejal de Putaendo, Sebastián Caldera, respaldó la acción parlamentaria y expresó su preocupación por la forma en que se gestionó la situación. “No puede ser que una conducta asociada a una condición neurodiversa termine con un niño fuera del aula. La inclusión no puede ser solo un discurso”, afirmó.
Por su parte, la concejala Susana Silva calificó el hecho como “alarmante”. Sin desconocer la reserva del protocolo, el resguardo necesario de la confidencialidad y protección de la tríada que compone los alumnos, los docentes y la comunidad educativa, de tal manera que llamó a revisar las capacitaciones del personal docente y directivo, el cumplimiento de los protocolos y el apoyo pertinente a las partes involucradas. “Este caso pone en evidencia una deuda estructural en el sistema educativo con las familias neurodiversas”, sostuvo.
El caso ha generado conmoción a nivel local y abre una discusión urgente sobre la implementación real de políticas inclusivas en establecimientos rurales. Las autoridades esperan ahora una pronta respuesta del Ministerio de Educación y de la Superintendencia que permita esclarecer responsabilidades, corregir las omisiones y garantizar la protección efectiva de los derechos del niño afectado.
PURANOTICIA
