Desvinculaciones en Quilpué afectarían a unos 30 funcionarios a honorarios y advierten "propuesta ilegal" por trabajadores a contrata

La crisis financiera en el Municipio de Quilpué tuvo un nuevo capítulo este miércoles, luego que la administración de la alcaldesa Carolina Corti y los concejales alcanzaran un acuerdo para avanzar en el financiamiento de los trabajadores a honorarios. El entendimiento llegó después de dos modificaciones presupuestarias rechazadas por el Concejo Municipal, que buscaban asegurar recursos para este grupo de funcionarios y que contemplaban inicialmente una disponibilidad cercana a los $496 millones.

Los ediles que votaron en contra habían solicitado ajustes a la administración comunal, en medio de cuestionamientos por la distribución de los recursos y la necesidad de revisar gastos asociados al equipo de confianza de la jefa comunal.

Bajo este contexto, los concejales Renzo Aranda y Laura González abordaron los alcances del acuerdo y la nueva etapa de la discusión presupuestaria, que ahora se concentrará en los funcionarios a contrata. En ese sentido, uno de los puntos más relevantes es que, de los 406 prestadores de servicios que tiene actualmente la Municipalidad de Quilpué, alrededor de 30 podrían quedar desvinculados.

Aranda sostuvo en conversación con Puranoticia.cl que "cerramos un acuerdo presupuestario para dar gran parte de la solución a la crisis de los funcionarios, que son 406 prestadores de servicios, y el acuerdo al que arribamos contempla el financiamiento de $405 millones para financiar las remuneraciones de los prestadores que llevan más de un año trabajando en el Municipio de Quilpué".

Sin embargo, recalcó que el acuerdo todavía debe formalizarse mediante una votación en el Concejo Municipal, instancia que, según indicó, podría realizarse el próximo miércoles. En ese sentido, explicó que existe un plazo legal de cinco días hábiles desde que el cuerpo colegiado es notificado de la modificación presupuestaria.

"El llamado de ayer (...) efectivamente es que se levante el paro, se levante la movilización, porque el compromiso del Concejo está en aprobar estos $405 millones en el Concejo Municipal correspondiente, que tengo entendido va a ser el miércoles de la próxima semana porque hay un plazo legal que cumplir, que son cinco días hábiles después de que al Concejo se le notifica de la modificación, y el próximo miércoles estamos en condiciones de aprobar esta modificación de $405 millones", dijo.

DESVINCULACIONES

Consultado por el número de personas que perderían sus puestos de trabajo en la casa edilicia de la Ciudad del Sol, Aranda explicó que "en eso no hay claridad porque el monto contempla el marco presupuestario y la alcaldesa tendrá que decidir".

Asimismo, subrayó que esto "depende de la alcaldesa porque de los 496 que se proponían en las primeras dos modificaciones que rechazamos seis de los concejales, le pedíamos ajustes a la alcaldesa, ajustes en su equipo de confianza, y muchos de ellos hoy día están desvinculados, muchos de ellos renunciaron, y esa disponibilidad aporta a que esta cuenta no se destinaran a esos funcionarios".

Al ser consultado nuevamente por la proyección de continuidad laboral, reconoció que "alrededor de 370 a 375 deberían continuar en sus funciones", mientras que el resto de los 406 trabajadores tendría que ser informado de que no seguirá trabajando durante los últimos 45 días del año. De todas formas, precisó que se les pagarán las remuneraciones correspondientes hasta el 15 de noviembre a todos los funcionarios.

Junto con ello, sostuvo que le solicitó a la alcaldesa Carolina Corti que comunique a los funcionarios la necesidad de retomar sus labores, afirmando que "en esta conversación franca, junto con llegar a acuerdo, también le pedimos a la alcaldesa que informe a la municipalidad que todos los funcionarios tienen que estar en sus puestos de trabajo, porque de esto también dependen los servicios municipales".

DISCUSIÓN POR CONTRATAS

Mientras el acuerdo por los funcionarios a honorarios quedó encaminado desde el Concejo, la situación de los funcionarios a contrata abre ahora una nueva negociación, que la concejala Laura González calificó como bastante más compleja.

La edil explicó que "el tema de los honorarios es una discusión superada, al menos desde el Concejo Municipal, porque la propuesta ya está sobre la mesa y definitivamente las decisiones que se tomen al respecto depende al 100% de la alcaldesa. Hoy día nos toca esta segunda discusión, que es el tema de las contratas, y que es bastante más complejo porque ahí de por medio nosotros tenemos ese límite legal del 40%".

Además, advirtió que "los recursos en ningún caso podrían alcanzar para todos, porque como hemos dicho en reiteradas oportunidades, queda un mes para terminar el año porque las contratas tienen cubierto noviembre y solamente les falta el financiamiento de diciembre, que son como $460 millones, pero como en la cuenta va a quedar un saldo después del pago de noviembre, aproximadamente ellos requieren como $360 millones y hoy día estamos bordeando cifras dentro del límite legal de $120 millones Entonces, efectivamente ese saldo es imposible subsanarlo".

PROPUESTA "ILEGAL"

La concejala también planteó que el punto más delicado de esta nueva discusión es que, a su juicio, la alcaldesa Corti está trasladando al Concejo la responsabilidad de resolver una situación en la que las alternativas presupuestarias disponibles no permitirían financiar a todos los funcionarios sin sobrepasar el límite legal.

González explicó que, de acuerdo con los cálculos que maneja, el Municipio de Quilpué podría entregar $91 millones para mantenerse dentro del 40%, aunque señaló que existe la posibilidad de acogerse a algunos criterios que aplica la Contraloría y que permitirían exceder ese porcentaje en determinados casos. Sin embargo, advirtió que esa alternativa no resolvería por completo el problema en la entidad edilicia.

En ese contexto manifestó que "no son muchas personas y el resto la verdad es que ya es 100% voluntad. Pero yo quiero ser súper enfática: la alcaldesa tiene que tener muy claro que ella nos está colocando en una situación, en un escenario, donde sí o sí nosotros vamos a tener que decidir por una propuesta ilegal".

González también comentó a Puranoticia.cl que "nosotros somos concejales, autoridades comunales, pero también somos personas y entendemos que la desvinculación de la cantidad de gente que se necesita para mantenerse dentro del 40% es estratosférica. Entonces, yo creo que va a haber una concesión por parte del Concejo, algunos con algunas condiciones y otros con otras, pero yo creo que se va a lograr avanzar un poco más allá del 40%, pero entendiendo que la que nos puso en esta situación de tener que aprobar una propuesta ilegal en cualquier caso, es la alcaldesa".

Finalmente, la edil quilpueína cerró diciendo que "yo creo que ella (la alcaldesa Corti) también debe valorar esta voluntad por parte del Concejo porque sí o sí nos está haciendo incurrir en una ilegalidad con la finalidad de salvaguardar a la mayor cantidad de familias posibles que hay detrás de los funcionarios municipales".

Así, mientras el acuerdo por los honorarios espera su votación formal, la Municipalidad de Quilpué enfrenta una segunda negociación que amenaza con profundizar la incertidumbre laboral de sus funcionarios y que vuelve a poner en el centro de la discusión la responsabilidad de la administración comunal en el manejo de sus recursos.

PURANOTICIA